Se agrava el cuadro fiscal

El origen del bache presupuestario estaría en los fuertes vencimientos de amortizaciones de deuda, concentrados particularmente en noviembre y que no habrían sido correctamente evaluados por el equipo económico. Para cubrir el faltante, Roque Fernández se vería obligado a pedir una nueva autorización al Congreso para aumentar el endeudamiento, aunque los legisladores no serían muy permeables a otorgar el permiso. Al menos como un paliativo, Economía recurriría a los documentos de la última moratoria previsional que aún conserva en su poder para descontarlos en los bancos. Por esta vía, se obtendrían entre U$S 500 millones y U$S 700 millones.

Poco para recortar

Los informantes revelaron a La Nacion que el ministro de Economía piensa adoptar medidas para contener los gastos, aunque calculan que el rédito de esos instrumentos no será demasiado. "A esta altura del año, es poco lo que se puede recortar", dijeron las fuentes, las que no obstante detallaron los siguientes instrumentos de contención de las erogaciones:

• En lugar de la habitual cuota trimestral de gastos, la Secretaría de Hacienda sólo otorgó una cuota por dos meses, y todavía no decidió sobre el dinero correspondiente a diciembre.
• Fernández tienen en estudio un decreto al estilo del que utilizó Domingo Cavallo en 1994 para disponer que no puedan usarse las partidas presupuestarias que todavía no hayan sido comprometidas.

Vencimientos en puerta

Este año vencen más de U$S 4600 millones en concepto de amortización de viejas deudas. "Parece ser que nos quedamos cortos con el pedido al Congreso para aumentar el endeudamiento en U$S 4000 millones", revelaron los informantes. Las colocaciones de nueva deuda se utilizan para pagar las amortizaciones, que de este modo se refinancian.

En tanto, vencerán también más de U$S 1200 millones en intereses, que le ponen un piso a los gastos corrientes, ya que sobre los intereses de la deuda no es posible aplicar ningún recorte.

La forma de proceder para conseguir el dinero para cubrir las amortizaciones es tema de constante análisis en el equipo de Fernández.

Los caminos parecen pocos, y el mayor problema es legal, ya que el equipo del Palacio de Hacienda cree que no tendría mayores inconvenientes para seguir colocando deuda en los mercados.

"La Constitución no prohíbe aumentar el límite de endeudamiento con un decreto de necesidad y urgencia", reveló un funcionario del equipo económico, aunque admitió que este mecanismo probablemente generaría una controversia pública de grandes proporciones.

Por otra parte, es impensable que el resultado operativo del Tesoro sea favorable como para pagar los intereses y que encima quede dinero suficiente para cubrir parte de las amortizaciones. Se trataría de un superávit financiero o "sobresolvencia" inédito en los últimos años.

Algunas alternativas para mejorar el resultado de caja con pases contables y diferimientos de algunos días en los pagos parecen políticamente inviables.

El aguinaldo no se toca

Una sería postergar el pago de aguinaldos del sector público hasta enero. "No pagarle nada a la gente antes de las fiestas sería acrecentar el malhumor", admiten los funcionarios. En 1995 se pagó el medio aguinaldo antes de fin de año, mientras que el salario de diciembre se abonó en enero. A los jubilados que cobran hasta 200 pesos se les pagaron sueldos y aguinaldo antes del 31 de diciembre. Postergar esas liquidaciones generaría todavía más conflicto, calcula la gente de Fernández.

El problema es que el cuarto trimestre es un período de fuertes gastos, y hasta septiembre último se acumuló un desbalance de poco más de U$S 4000 millones.

En 1995 el "rojo" del último cuarto del año fue de U$S 379 millones gracias a una moratoria, pagos que no se repetirán este año.

En 1994, incluso con la eliminación de partidas no comprometidas en noviembre, el déficit del cuarto trimestre llegó a U$S 1216,8 millones. Un resultado semejante sería casi una bendición para Fernández.

Economía todavía tiene que pagar una deuda de U$S 200 millones a las provincias por garantía de coparticipación, y sólo un vuelco absoluto en la recaudación podría generar un alivio en la situación general.

Perseguir a los contribuyentes

Equipo: Carlos Silvani reestructuró la cúpula de la DGI para hacerla más agresiva; golpe de efecto al convocar al ex Intocable Luis María Peña.

Decidido a dar una pelea frontal a la evasión, el nuevo titular de la DGI e interventor en la Aduana, Carlos Silvani, está reestructurando toda la cúpula de esos organismos, convocando a varios integrantes del equipo recaudador de Carlos Tacchi. Luego de incorporar como asesor al polémico ex secretario de Ingresos Públicos, Silvani acaba de convocar a Luis María Peña, ex director de Auditoría Fiscal de Impositiva. La estrategia se pondría en marcha la próxima semana. El propio Peña confirmó ayer su retorno a la función pública, desde donde prometió perseguir a las grandes empresas "no con mano dura, pero sí con mano legal".

El ex jefe de Los Intocables dijo que desconocía aún cuáles serán las funciones específicas que tendrá a su cargo, pero aseguró que pondrá el foco en las personas, instituciones o empresas que, teniendo rentas, impuestos por pagar o estén "pasando por momentos favorables a su actividad, intenten crear toda una ingeniería para defraudar al fisco, utilicen mal los regímenes promocionales, cobren reembolsos ilegítimos o recuperos ilegales". Sobre este punto, Silvani advirtió la semana pasada que el objetivo del proyecto de ley penal tributaria que enviará al Congreso "tiene cualquier cosa menos la intención de perseguir a los contribuyentes más pequeños".

Por otra parte, Silvani acaba de aceptar las renuncias de dos subdirectores generales de larga trayectoria en la DGI, y cambió de funciones a dos directores.

Otros cambios

En el primer caso se trata de Alberto Gorosito y Jorge Sereno, que ocupaban los cargos inmediatamente por debajo del de Silvani. Gorosito había sido designado subdirector en diciembre de 1995, mientras que Sereno ocupaba el cargo desde marzo de 1993. Las dimisiones se produjeron apenas 15 días después de que Silvani se hizo cargo del organismo recaudador. En el otro caso, en tanto, desplazó al director de Programas y Normas de Recaudación y Servicios al Contribuyente, Eduardo Katzman, y le asignó tareas que no son precisamente ejecutivas, ya que lo envió como asesor a la Dirección de Estudios.

Katzman estaba en el cargo del que fue removido desde agosto último, cuando lo designó el entonces director general, Carlos Sánchez.

El titular de la DGI también dio por finalizadas las funciones de Ricardo Dubois -hermano del desplazado inspector general, Fernando Dubois- como director de Auditoría Fiscal.

"La pregunta del millón"

En otro tramo del diálogo que tuvo ayer con Radio Mitre, Peña fue consultado sobre el proyecto de ley elaborado por Silvani, en uno de cuyos más polémicos artículos contempla la posibilidad de sancionar no sólo al comerciante que no entregue factura sino también al cliente que no la reclame. "En otros países ha dado resultado", señaló al respecto, y comentó que el problema no reside en cómo es la norma sino en "cómo se la aplica".

Cuando se le preguntó sobre las razones que, a su juicio, habrían impulsado en su momento al ex ministro Domingo Cavallo a desarticular el grupo Los Intocables, Peña admitió: "Esa es la pregunta del millón".

El esquema Tacchi quedó derogado

El titular de la DGI e interventor en la Aduana, Carlos Silvani, decidió derogar los regímenes de pagos a cuenta mensuales del IVA para los salones de baile, bailantas, discotecas, boïtes, garajes, playas de estacionamiento y similares, a partir del mes próximo.

Lo curioso es que estos regímenes fueron lanzados, en 1992, por el entonces secretario de Ingresos Públicos, Carlos Tacchi, para reducir la evasión en esos sectores.

Se trata de un esquema que rige en otras actividades y que exige un pago a cuenta del IVA basado en la facturación presunta por el tamaño de las instalaciones.

También se aplica un esquema similar, por ejemplo, a los restaurantes y confiterías, que pagan según la cantidad de mesas instaladas.

El esquema de pagos a cuenta fue parte de la ingeniería tributaria, que logró una disminución de la evasión y un incremento de la recaudación.

Estos esquemas y resultados fueron muy elogiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y fue uno de sus directores el que utilizó la expresión "efecto Tacchi".

Con ese nombre se conoce al efecto, precisamente, de los sistemas de percepción, retención y pagos a cuenta sobre la recaudación.

El mecanismo logró, hasta ahora, su objetivo de reducir la alta evasión en este sector.

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