Se deben alejar los aportes de las manos de los funcionarios

Por Aldo Abram Para LA NACION
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25 de mayo de 2003  

Según el ministro de Economía Roberto Lavagna, el sistema de capitalización ha fracasado. Sin embargo, es bueno ver si esto es cierto y cuáles son los problemas que puede tener, para hallarles soluciones.

En ese sentido, el esquema de AFJP tiene un pecado de origen que surge de los errados conceptos con que se manejaba y maneja nuestra dirigencia política y económica (aquí incluyo a mi profesión).

Cuando se dio forma a su implementación, se buscó que fuese un instrumento para generar ahorro doméstico y financiamiento interno para la producción y el Estado; lo cual, entonces, critiqué fuertemente. Nada más equivocado: los aportes de los afiliados al sistema deberían tener como objetivo primario garantizarles una vejez digna y una pasividad acorde a lo ahorrado. De esta forma, se limitó la posibilidad de las administradoras de invertir en el exterior lo cual concentró, en la Argentina, el riesgo asumido por el aportante, quien muy probablemente ya tenía comprometida la suerte de su propio trabajo a la evolución del país.

En realidad, se debió haber dejado que las AFJP tuvieran carteras con mayor o menor inversión externa y, de esa forma, permitirle al afiliado disminuir su riesgo, distribuyéndolo más razonablemente.

Si su trabajo o el resto de sus ahorros estaban fuertemente afectados por el riesgo argentino, lo lógico hubiera sido que pudiera optar por una administradora que colocara sus fondos afuera y viceversa. También se buscó incentivar a las administradoras mediante las regulaciones para que financiaran al Estado. Sin embargo, eso tiene lógica ya que los políticos y economistas argentinos nunca se resignaron a no poder gastar los aportes de los futuros jubilados.

Pasividades miserables

De hecho, los funcionarios del futuro gobierno ya están pensando en cómo hacerse de los fondos de las AFJP para financiar su plan de obras de infraestructura y viviendas, a pesar de ser los mayores críticos de la fuerte inversión en deuda pública de las administradoras. Esta contradicción nos da una primera pista de cuál es la verdadera razón de los ataques al sistema de capitalización y del objetivo de darle más participación al régimen de reparto.

Cuando alguien hace un aporte al sistema estatal, el Estado asume un compromiso (deuda) de pagarle un determinado importe por mes cuando se jubile. Esto es equivalente a que el aportante compre un título público que le pague los cupones al momento en que se retire.

Sin embargo, a pesar de ser una deuda, el gobierno contabiliza el aporte como un recurso corriente, lo cual le permite gastarlo sin mostrar el consecuente aumento de los pasivos estatales. Así se pueden gastar hoy nuestros ahorros, total, recién dentro de 20 o 30 años serán otros los que deberán enfrentar el costo político de decirnos que no pueden pagarnos lo que nos corresponde.

O bien serán esos otros los que deberán cobrar más impuestos a los contribuyentes para pagarnos nuestra jubilación. Esta historia que conocemos es la responsable de que nuestros abuelos hoy cobren pasividades miserables.

Además, es cierto que la hecatombe del sistema de reparto estatal de la Argentina estuvo exacerbada por la irresponsabilidad y demagogia con que la manejaron los sucesivos gobiernos. Sin embargo, esta historia se repite en todo el mundo desarrollado, donde hoy día se están buscando urgentemente alternativas de creciente participación de los sistemas de capitalización, pues son conscientes de que el otro sistema lleva al estallido fiscal. A contramano de esta realidad internacional, el actual y el nuevo gobierno proponen revertir un sistema que en el mundo se considera todo un ejemplo.

Por último, ¿es cierto que fracasó el sistema de capitalización en la Argentina? Esa afirmación tiene que ver con las pérdidas de los últimos años, pero no tiene en cuenta que los aportantes, al igual que el resto del país, fueron estafados. Entonces, no hubo pérdidas sino estafa.

Primero, los gobiernos "incentivaron" a las AFJP a financiar a un Estado al que ya nadie quería prestarle. Y luego, durante el actual gobierno, pesificaron los depósitos en dólares, apropiándose de parte de ellos para subsidiar a los deudores pesificados. Y además pesificaron la deuda pública en dólares para reducir (a costa de las futuras jubilaciones de los aportantes) los pasivos del Estado. En un claro ejemplo de hipocresía, son los mismos que se rasgan las vestiduras por los afiliados del sistema de capitalización los que metieron mano (indebidamente) en los fondos acumulados para su futura jubilación.

Al menos las AFJP, en el interés de defender a sus afiliados, que son los que garantizan su negocio, decidieron realizar un recurso de amparo contra la pesificación de los depósitos y, en otros casos, una sentencia judicial firme que ya determinó que esto es violatorio del derecho de propiedad de los ahorristas. También realizaron un trámite administrativo contra la pesificación de la deuda pública que se transformará en uno judicial si no se tiene una respuesta conveniente del gobierno. Esto prueba que mientras el interés del administrador estatal (tener más plata para gastar) es contrario al del futuro jubilado (cobrar una pensión digna), el interés de las administradoras, por un adecuado diseño del sistema, va en el mismo sentido, el de garantizarles a sus afiliados una jubilación justa para tener cada vez más aportantes.

Conclusión: no queda la menor duda de que, si hay reformas para hacerle al actual régimen previsional, éstas pasan por poner nuestros ahorros previsionales lo más lejos posible de las manos de nuestros funcionarios públicos.

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