Se deben devolver los ahorros y hay que desdolarizar para cumplir

Por Jorge Lupano Para LA NACION
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27 de enero de 2002  

El drama del corralito se origina en acontecimientos mundiales que determinaron la elevación de nuestra paridad cambiaria de equilibrio: los ahorros ya no valían en dólares lo que la convertibilidad pretendía garantizar. Ningún gobierno puede asegurar "para siempre" el poder de compra internacional de los ingresos generados en el país, y aquí radicó la locura principal del 1 a 1.

Es necesario asumirlo, y su equivalente exacto -su negativo fotográfico- es que las deudas de las familias y las empresas deben también recuperar el equilibrio con respecto al valor internacional de sus ingresos. La pesificación de los créditos, por tanto, implica un sinceramiento y no un subsidio, y constituye un desacierto que el Gobierno adopte la postura de "distribuirlo con justicia".

En términos económicos, el verdadero y justo subsidio surge de la intención del Presidente de respetar la moneda original de los ahorros capturados en el sistema bancario, pero se trata en todo caso de una garantía pública -otorgada errónea y lamentablemente por gobiernos anteriores-, y su naturaleza es por tanto fiscal.

El marco general de solución debería contemplar las siguientes premisas:

  • Minimizar la conflictividad a través de un criterio universal de reconducción de contratos, contribuyendo entonces al orden social y al renacimiento saludable de un "nuevo" sistema financiero (basado en las imposiciones sin garantía dólar que se constituyan en el futuro y en los consiguientes nuevos créditos).
  • Las empresas son en general deudoras netas del sistema financiero, y en principio sus depósitos no constituyen "ahorros" que exijan una acción pública. Esta debe concentrarse en las diferencias de cambio correspondientes a los depósitos en moneda extranjera de personas físicas y familias.
  • Reglas macroeconómicas simples y claras: finanzas públicas disciplinadas, tipo de cambio único y flotante, y un Banco Central independiente.
  • Esto último implica: a) luego de posibles ajustes iniciales, absoluta prohibición para financiar a gobiernos; b) intervención muy limitada y excepcional en el mercado de cambios, y c) completa autonomía para regular la moneda y el crédito a través de operaciones de mercado abierto no discriminatorias.
  • Los rasgos principales serían:

  • Pesificación completa de todos los contratos -bancarios y no bancarios- entre residentes en el país, a la paridad 1 a 1 con el dólar norteamericano.
  • Con posibles limitaciones temporarias a su retiro en efectivo, todos los depósitos estarían disponibles en pesos hasta el monto de dicha conversión (los de plazo fijo, por supuesto, a partir de su vencimiento).
  • Las diferencias de cambio al momento de la conversión se documentarían en favor de los titulares de los depósitos con un nuevo título público en dólares (Ej.: un depósito de cien dólares se convertiría en cien pesos, y, si el tipo de cambio libre fuera US$ 1 = $ 2, se entregaría además un bono de cincuenta dólares).
  • Los depositantes recibirán sus ahorros en pesos y -con el tiempo- en dólares, pero respetando siempre el valor equivalente de la moneda original. Y con la importante ventaja de un mercado secundario ante necesidades de liquidez.
  • En cuanto al "nuevo" sistema bancario, debería gozar de una completa libertad (en pesos), incluyendo la posibilidad de depósitos actualizables con algún índice de corrección financiera parecido al chileno.
  • A modo de estimación parcial, al 30-9-01 los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera pertenecientes a personas físicas ascendían a unos US$ 33.500 millones, y dicho monto es probablemente menor en la actualidad. A un tipo de cambio de $ 1,80 por dólar, el mecanismo delineado supondría una emisión de títulos por conversión de plazos fijos de aproximadamente US$ 14.900 millones (=33.500*[1-(1/1,8)]).

    Alternativas posibles

    Por supuesto, estas obligaciones deberán atenderse con recursos genuinos.

    Una alternativa posible sería un impuesto de emergencia sobre las empresas de servicios públicos privatizadas (en concepto de ganancias extraordinarias durante la última década) y sobre las entidades financieras (resarciendo al Estado nacional por la contribución fiscal al saneamiento del sistema). Imagino además que la comunidad financiera internacional prestará asistencia, materializando su corresponsabilidad en la crisis argentina reconocida públicamente por Horst Köhler, director gerente del Fondo Monetario Internacional.

    El autor es economista, profesor universitario y consultor.

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