Se endurecen lasreglas para comprar una casa en EE.UU.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. está ampliando su operación contra el lavado de dinero en bienes raíces de ese país.

El gobierno anunció el miércoles una expansión de la normativa que rige la compra en efectivo de viviendas de lujo a través de empresas fachada.

En marzo, el Deaprtamento del Tesoro dictó una orden según la cual deben revelarse los nombres de las personas detrás de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que participen en transacciones de bienes raíces en efectivo en Manhattan y en Miami.

El miércoles, el Tesoro amplió esa lista de ciudades para incluir Los Ángeles, San Diego, San Francisco y sus condados cercanos, San Antonio, los cinco distritos de Nueva York y dos condados al norte de Miami.

Las nuevas “órdenes de identificación geográfica” (GTO, por sus siglas en inglés), fueron emitidas por la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y entrarán en vigencia el 28 de agosto, un día después de que caduquen las actuales órdenes para Manhattan y Miami. Tendrán una vigencia de seis meses.

El objetivo, dice el Tesoro, es hacer más difícil para los compradores extranjeros en particular lavar dinero a través de la compra de propiedades en EE.UU.

“Al ampliar nuestros GTO, vamos a aprender más acerca de los riesgos de lavado de dinero en el mercado de bienes raíces”, dijo un funcionario del Tesoro.

Sin embargo, algunos corredores inmobiliarios han predicho que las nuevas regulaciones tendrán un efecto marginal en los nuevas ciudades cubiertas por ellas dado que los compradores extranjeros se han ido retirando del mercado debido a la turbulencia económica mundial.

“En última instancia la [búsqueda de] seguridad de su dinero va a mantener una demanda relativamente alta para la vivienda, a pesar de las regulaciones que eliminan parte del anonimato”, dijo Jordan Levine, economista de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California.

La primera ronda de regulaciones generó el temor de que los compradores se retractaran, provocando una posible caída de los mercados inmobiliarios.

Sin embargo, agentes de bienes raíces en Nueva York y Miami dijeron que la orden no parece haber tenido un impacto importante en las transacciones de bienes raíces hasta el momento. Agregan que la mayoría de las personas que compran bienes mediante sociedades de responsabilidad limitada lo hacen para preservar su privacidad, no para lavar dinero. Otros pagan a través de transferencias electrónicas, eludiendo el requisito.

“Ningún problema relacionado con esta orden impidió jamás una venta que haya cruzado por mi escritorio”, dijo Hall F. Willkie, presidente de Brown Harris Stevens, una correduría inmobiliaria con sede en Manhattan, con 450 agentes y muchas ventas de lujo.

Aún así, dado el actual declive en las ventas de lujo en ambas ciudades—especialmente entre los compradores extranjeros—, los corredores dijeron que era imposible determinar si algunos compradores fueron disuadidos de comprar debido a la nueva orden.

La normativa requiere que los compradores individuales que adquieren una propiedad a través de una compañía de res-ponsabilidad limitada y que no toman una hipoteca que proporcionen a las empresas de verificación de títulos sus nombres y sus licencias de conducir, pasaportes u otra identificación. Esta información será luego suministrada por estas empresas al Departamento del Tesoro. Los bancos ya tienen la obligación de revisar las transacciones con hipotecas para evaluar los riesgos de lavado de dinero.

El requisito se activaría cuando el precio se acerca a determinado valor (US$3 millones en Manhattan, US$2 millones en cinco condados de California, US$1,5 millones en los otros distritos de Nueva York, por ejemplo) y la operación se realice en efectivo, cheques u órdenes de pago. Las compras a través de transferencias electrónicas no están cubiertas. Cualquier per-sona que posea o controle más del 25% de la compañía tendrá que revelar su identidad.

La industria de bienes raíces está regulada en gran medida por los estados, que en el pasado se han resistido a los controles federales de lavado de dinero.

Los funcionarios del Tesoro justifican la expansión de la norma aduciendo que las autoridades encontraron que las regulaciones de Manhattan y Miami “proporcionaban un mayor conocimiento sobre los activos potenciales en poder de personas de interés de investigación”.

Agregaron que más de una cuarta parte de las operaciones que figuran en las órdenes originales involucran a alguien que aparece en al menos uno de los 17 millones de informes de actividades sospechosas presentados ante el gobierno por parte de las instituciones financieras después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Los funcionarios del Tesoro citaron un comprador que estaba vinculado a la falsificación de cheques y a empresas fantasmas que recibieron US$7 millones en transferencias electrónicas sospechosas desde América del Sur. Se negaron a dar más detalles.

Tom Salomone, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, dijo que su organización aprecia la decisión del Tesoro de requerir a las compañías de verificaciones de títulos en lugar de otros actores de la industria inmobiliaria que presenten los informes, y que “seguirá de cerca” el programa.

Josh Barbanel, Laura Kusisto y Samuel Rubenfeld