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Se invertirán US$ 10.700 millones

El monto lo aportarán unas 50 empresas de aquí a 2002; casi la mitad corresponde a los planes de Telefónica y Telecom
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31 de agosto de 2000  

Según un exhaustivo relevamiento realizado por la división Research de la consultora Convergencia, la inversión en telecomunicaciones llegará en los próximos tres años a los 10.700 millones de dólares, la mitad de los cuales corresponderían a Telefónica y Telecom.

Los otros grandes inversores son los norteamericanos Movicom-Bell South y GTE, principal accionista de CTI, la empresa de telefonía celular donde también participa el grupo Clarín.

Buena parte de este flujo de capitales hacia la Argentina se generaría gracias a la desregulación del sector, cuyo decreto iba a ser firmado hoy, antes de que el presidente Fernando de la Rúa viaje a Brasil, y fue finalmente pospuesto hasta el sábado, cuando retorne al país el primer mandatario.

El texto definitivo de los reglamentos ingresó ayer en la Secretaría Legal y Técnica para ser firmado por De la Rúa antes de embarcarse, pero el ministro de Economía, José Luis Machinea, dijo anoche que lo haría pasado mañana.

Otros inversores de relevancia serán AT&T Latinoamérica y el grupo HMT&F, que comprometieron aportes por unos 500 millones de dólares cada uno. La primera se dedicará en esta primera etapa a brindar servicios al sector corporativo (de empresas y comercios), aunque luego promete extenderse a los usuarios residenciales. En el caso del grupo del empresario texano Tom Hicks, la mayor parte de las inversiones estará destinada a la compra de empresas de televisión por cable. MetroRed (empresa del fondo Fidelity Investments), Iplan Networks, Techtel (del grupo Techint), Impsat (del grupo Pescarmona), Comsat, Nextel, VeloCom y PsiNet son los otros jugadores que ya están instalados. Su mayor actividad es la atención del sector corporativo, un segmento del mercado que factura unos 1500 millones de dólares al año y que será el más atacado por las empresas que recién ingresan.

Larga distancia

Desde que el servicio de llamadas telefónicas de larga distancia se abrió a la competencia entre Telefónica, Telecom, CTI y Movicom, en noviembre de 1999, las tarifas se redujeron un 56 por ciento para realizar comunicaciones interurbanas, y un 50 por ciento para las internacionales, según las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones.

Las principales reducciones de tarifas se observaron en las comunicaciones con Brasil, Estados Unidos y España.

Los especialistas señalan que, además del empresarial, el sector de larga distancia será el más atractivo y donde se darán las mayores ofertas.

En el caso de las tarifas locales, no se esperan rebajas importantes. Incluso Telefónica y Telecom (los dos principales actores hasta ahora) advierten que las empresas entrantes van a instalarse sólo en los mercados más rentables, como las capitales de provincia, sin llevar la competencia al resto del territorio nacional.

Según números presentados en su momento por Telecom, las 86 licencias pedidas en total a la Secretaría de Comunicaciones hasta el momento se concentran en 40 de las 1134 localidades en las que se divide el país. Se trata de los centros urbanos con mayor actividad y más rentabilidad. En el interior de Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, por citar sólo algunas, nadie pidió licencia para operar y, por lo tanto, seguirán cubiertas por el operador actual.

Los nuevos reglamentos de apertura del sector, diseñados por la Secretaría de Comunicaciones que preside Henoch Aguiar, establecen una importante rebaja en el costo de interconexión (lo que las nuevas empresas les deberán pagar a las telefónicas por utilizar sus redes) de los actuales 0,235 peso a 0,110 por minuto.

También se dispone que anualmente se destinará el 1 % de la facturación del sector a un fondo para dar servicio en áreas marginales, así como a los usuarios considerados de menor consumo y que obtienen rebajas, como los jubilados. A valores de hoy, ese fondo contaría con $ 100 millones.

La Secretaría de Defensa de la Competencia, a cargo de Carlos Winograd, realizó modificaciones a los reglamentos, e incorporó algunas de las sugerencias realizadas por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

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