Se prepara una nueva pirámide legal con la emergencia como vértice

Diego Cabot
Diego Cabot LA NACION
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11 de diciembre de 2019  • 11:01

La Argentina se encamina para una nueva etapa regulatoria que modificará la estructura actual de la gran mayoría de las relaciones del Estado con sus interlocutores. Para dotar de herramental a varios de los postulados que el presidente Alberto Fernández enumeró ayer hace falta la llave maestra: la declaración de emergencia. General o sectorial, eso se verá, pero emergencia al fin.

Hoy, varios de los actores de la vida política y económica ya descuentan que el Jefe de Estado empezará a manejar el país con este decreto o ley, según sea el caso, que, como sucedió desde 2002 a 2016, cuando estuvo vigente, se construirá en el vértice de una pirámide legislativa de la que seguramente se desprenderán centenares de normas.

En los principales despachos de los ministerios, ayer vacíos y, según dijo un principalísimo vocero, convertidos en un "páramo", descontaban que ese será el camino. Fernández y el ahora Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, gobernaron siempre con la ley de emergencia que dejó aprobada el entonces presidente, Eduardo Duhalde, que la mandó al Congreso en 2002, en medio de la crisis por la caída de la convertibilidad.

Aquel instrumento permitió, por ejemplo, iniciar el refinanciamiento de la deuda externa y acomodar las cuestiones jurídicas del posterior canje, además de mantener a raya a los bonistas que tenían bonos argentinos impagos. Sirvió, también, para darle continuidad a todas las retenciones a las exportaciones que fueron impuestas en la emergencia. Pero sin duda, uno de los efectos más importantes para la política de entonces es que procuró a los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, la normativa necesaria para mantener pisadas las tarifas de los servicios públicos.

Los esquemas contractuales que unen a las compañías de servicios públicos con el concedente, en este caso el Estado Nacional, y que se han firmado en el último tiempo, contienen un esquema de actualización. De ahí que los ajustes son periódicos y se disparan cuando alguna de las causas previstas modifica la ecuación financiera. Es más, algunos regímenes tienen el valor del dólar dentro de la cuenta.

El regreso de un contrato y la posibilidad de acordar un sendero de precios que no se quede por detrás de la inversión fueron determinantes para que las compañías, energéticas por caso, iniciaran un proceso de inversiones que estaba en pausa desde hace muchos años. Pero claro, la contrapartida fue el aumento tarifario que se dio en ese tiempo y que el gobierno de Mauricio Macri autorizó.

Para dejar sin efecto todo ese sistema, o por lo menos volver a pausarlo, la declaración de emergencia se torna imprescindible.

Además, la norma aprobada en enero de 2002 y que seguramente será el pilar de la que se estudia, entregó al Poder Ejecutivo la posibilidad de intervenir en cuanto sector de la economía quisiera. El andamiaje jurídico que proporciona es tal que permite declarar emergencias en algunas actividades y con eso abrir la llave para cambiar las reglas de juego sin debates parlamentarios.

La emergencia al transporte automotor y ferroviaria, declarada entonces, fue la que derivó en millonarios subsidios a colectivos y trenes. En el sector descuentan que sucederá algo similar ahora.

Tal fue el poder de aquella norma que declaró la emergencia sanitaria con la que le quitó facultades a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para ejecutar a cerca de 1800 establecimientos médicos que, según el organismo recaudador, debían 1000 millones de pesos en impuestos, en 2007.

Ahora bien, con los dichos de Fernández sobre el retiro del Presupuesto del Congreso ya se puede inferir que será necesario construir el otro pilar en el que se apoya la emergencia. La delegación de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo para modificar tarifas: los súperpoderes. Aquella vez, sólo bastaba con declarar una emergencia y redireccionar partidas para dotar de fondos a un determinado sector. Esa posibilidad de modificar partidas presupuestarias, seguramente, volverá a manos de Santiago Cafiero, el Jefe de Gabinete.

La duda es si esta vez habrá tantas delegaciones del Congreso en el Poder Ejecutivo como fue entonces. La diferencia no es menor. Actualmente, el parlamento es el dominio de Cristina Fernández y una entrega tan gran de atribuciones como tuvo ella cuando fue presidenta, quitará protagonismo a los legisladores, y por lo tanto, a ella.

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