Se saturó la cuarentena: ahora no se puede ni abrir ni cerrar

Willy Kohan
Willy Kohan PARA LA NACION
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20 de mayo de 2020  • 23:57

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Los riesgos de la expansión del coronavirus en los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense congelaron por ahora los planes para seguir abriendo la cuarentena.

Todo indica que las cosas quedarán tal como están hasta mediados de junio en el área metropolitana, la próxima fecha para la nueva extensión del aislamiento obligatorio que se anunciará en las próximas horas.

Se ingresó en una compleja etapa en que las autoridades no pueden ni profundizar la cuarentena, ni tampoco flexibilizarla. Hay que mantener la situación bajo control como se pueda, después de dos meses del país paralizado.

La discusión que reaparece y comienza a instalarse es si finalmente la decisión de la cuarentena extrema --que efectivamente permitió hasta ahora evitar un crecimiento insoportable para la sociedad en el ritmo de decesos--, no fue determinada con demasiada anticipación.

La sociedad llega a este punto saturada y golpeada al extremo en lo económico y lo anímico, justo en el momento en que tal vez habría que profundizar el aislamiento con la llegada del frío, más número de contagios y la eventual mayor circulación del virus. Desde luego, también, el drama en los enormes bolsones de pobreza y hacinamiento del área metropolitana.

Mirando esta situación, los datos más confiables para evaluar el estado de los barrios de emergencia en la Argentina aparecen en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares que se realizó en 2018.

De allí surge que existen en el país unos 4300 asentamientos, de los cuales 1600 se encuentran en el conurbano bonaerense. La mitad de estos conglomerados de pobreza y miseria ya existían antes del colapso económico y social de 2001, pero un millar de nuevas villas apareció después de 2010, acumulando en los últimos 10 años los efectos de las devaluaciones y la inflación devastadoras

Solo en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires se trata de casi medio millón de familias, más de 2 millones de personas. Es una realidad inexorable, muy previsible y anticipada por todos los analistas, que hoy concentra el mayor peligro en el ritmo de contagios y la expansión del coronavirus, al punto de poner en tela de juicio todo el esfuerzo que viene realizando el país a lo largo de semanas y semanas de cuarentena.

La situación en la Ciudad de Buenos Aires aparece con mayor visibilidad en función de la cantidad de testeos que se realizan y la concentración de los contagios en zonas ya determinadas por las autoridades sanitarias en cada barrio.

En el conurbano nadie conoce del todo bien lo que está ocurriendo. La información no aparece. Se sabe de un foco que se expande en la zona sur y del trabajo de seguimiento que se está realizando en el barrio Itatí de Quilmes, de los más golpeados por el hacinamiento y la marginalidad. Del resto de las villas en el Gran Buenos Aires, con casi 1000 barrios de emergencia hoy, se sabe muy poco.

El status quo de la cuarentena y los riesgos de aceleración en los contagios resulta una pésima noticia para una economía sacudida por severas incertidumbres. La caída récord mayor a 11% en la actividad de marzo lo dice todo, cuando todavía el país estuvo abierto hasta el día 20. La parálisis en abril y mayo resulta inimaginable en términos de impacto sobre la sociedad y también la política.

Las buenas noticias que llegan de la negociación entre Martín Guzmán y los acreedores para evitar el default terminan diluyéndose en un sistemático y cotidiano mensaje de confrontación con las empresas y el sector privado en general. Todo indica que la Argentina va a mejorar la oferta para que los acreedores acepten, partiendo la diferencia entre las posiciones extremas entre unos y otros. La lógica, al fin, de los mercados y el regateo.

Nada para celebrar, de cualquier modo, para los pagadores de impuestos en la Argentina. A los proyectos de aumentar los tributos que avanzan a nivel nacional, provincial y municipal con el aval de la Casa Rosada (ayer se cerró el acuerdo para el impuesto a los ricos a partir de 200 millones que promueve Máximo Kirchner), se suma ahora la intención de complicar a las empresas a las que el Gobierno asistió para, aún cerradas, poder pagar parte de los salarios a trabajadores que, de otra forma, se hubieran quedado en la calle.

Las amenazan con reclamarles parte de sus paquetes accionarios, cuando es el Gobierno el que obliga a cerrar la actividad y facturar cero, en orden a la emergencia del coronavirus. Un caso de fuerza mayor en el que se acordó que, para mantener el empleo, el Estado ofrecía pagar una parte, en promedio 30 a 40% de la nómina salarial.

Y todavía más después de haber ofrecido la ayuda y una vez que las empresas cumplieron los trámites para solicitar el auxilio que va directo a las cuentas de los empleados no a los accionistas, ahora se amenaza a las compañías con intervención estatal o la prohibición de distribuir dividendos por dos años si pidieron esa asistencia.

Más alarmantes sonaron las expresiones del gobernador Axel Kicillof , quien casi como una expresión de deseos proclamó a empresarios y trabajadores de una automotriz que la normalidad "no existe más". "Es un sueño", dijo, casi confesando su propia imaginación: un país anormal para siempre, donde todo sea del Estado, y donde la felicidad y la angustia de las familias y las empresas dependan de un solo líder.

Por suerte la Constitución argentina no contempla, en ningún capítulo, la aparición de Mesías o iluminados capaces de formular semejantes determinaciones para la historia y los tiempos.

Y seguramente, como se ha verificado en los últimos 200 años, será el capitalismo, la libertad, la inversión y la iniciativa privada los que encuentren vacunas y tratamientos que nos devuelvan a la normalidad que todos añoramos.

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