Se vulneran derechos humanos económicos

Más allá de las marchas, de la asunción de los nuevos legisladores, y de cumplirse la mitad del mandato de la presidenta Cristina Kirchner, el jueves pasado se cumplió el 61° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. En los últimos años, la agenda incluyó una reivindicación de la lucha por los derechos humanos, pero poco se habla de los que se refieren a los aspectos económicos. ¿Cómo está el país después de seis décadas de aquella proclama?

Art. 4: "Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre". Aún existen denuncias sobre la esclavitud en talleres textiles, en los hornos de ladrillos y en explotaciones agrícolas. El gobierno porteño puso en marcha el programa "El trabajo esclavo mata", destinado a erradicar los talleres clandestinos y el Ministerio de Trabajo realizó en los últimos años alrededor de 6500 inspecciones. Pese a todo, la Argentina aún muestra algunos sectores con trabajo esclavo.

Art. 17: "Toda persona tiene derecho a la propiedad. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad". Cuatro de cada diez argentinos viven en casas precarias. En estos días, los empresarios levantan su voz en contra de un Estado que expropia e interviene compañías. Los conflictos por la tierra entre los pueblos originarios y los tenedores de los títulos han crecido en la Patagonia y en el Noroeste.

Art. 20: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión; ni podrá ser obligado a pertenecer a una asociación". Pese al fallo de la Corte Suprema del miércoles, la libertad sindical está lejos de ser una realidad. El conflicto del subte, en el que los trabajadores piden formar otro gremio, es una muestra. En algunas asociaciones patronales pasa lo mismo: las empresas están obligadas a hacer aportes a la entidad que los agrupa. El clientelismo político también obliga a pertenecer a una asociación para recibir ayudas.

Art. 22: "Toda persona tiene derecho a la seguridad social". Las estadísticas, aun las cuestionadas, hablan por sí solas. Según el Indec, el 36,2% de los empleados está en negro y no acceden a una obra social ni aportan para tener una jubilación en el futuro. Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, no sólo la tasa de desempleo habría ascendido en un año del 10,6 al 13,6%; los trabajos de indigencia pasaron del 10,4 al 12,9%; el 53% de los trabajadores asalariados o por cuenta propia no está afiliado a la seguridad social. Algo se avanzó en algunos ámbitos: la moratoria previsional benefició a 1,5 millones de personas que pudieron acceder a una jubilación mínima.

Art. 23: "Toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo". La desocupación afecta, según el Indec, al 9 por ciento. El seguro de desempleo, que excluye a todos los que trabajaban en negro, llega a un tercio del salario mínimo, pero se agregan las asignaciones familiares.

Art. 24: "Toda persona tiene derecho al descanso, a una limitación de la duración del trabajo y a vacaciones pagas". Entre desempleados y trabajadores informales, más de la mitad de la población económicamente activa de la Argentina no goza de beneficios como la limitación en la jornada de trabajo o las vacaciones pagas.

Art. 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado". Según el Indec, en el primer semestre del año, la pobreza afectaba al 13,9% de las personas. La tasa de indigencia cayó, según el Gobierno, al 4 por ciento. Los valores no llegan ni a la mitad de los que estiman los estudios privados. Para Ecolatina, la pobreza sería del 31,8% y la indigencia, del 11,7%, lo que equivaldría aproximadamente a 12,5 millones y 4,6 millones de personas que sufren esas situaciones, respectivamente.