Según la Auditoría, no se cumplió el 90% del contrato

El informe también critica al ente regulador y al Gobierno
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27 de marzo de 2006  

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, afirmó que Aguas Argentinas incumplió con el 90 por ciento de algunas de las metas comprometidas en el contrato de concesión, al tiempo que también adjudicó al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) y a la Secretaría de Recursos Hídricos "falta de control y "flexibilidad" al momento de fijar las obligaciones de la concesionaria.

En base al documento "Informes de la AGN sobre la concesión del servicio de agua y saneamiento", Despouy señaló que el grado de incumplimiento de Aguas "es de alrededor de 90 por ciento, como por ejemplo en los planes de expansión y servicios acordados para los años 1998-2003".

El funcionario, que afirmó que "el comportamiento de la empresa no ha sido ejemplar", también adjudicó responsabilidades al Estado y al ente de control, al afirmar que "ha habido reiterados incumplimientos y un comportamiento por parte del Estado muy desaprensivo y negligente en materia de exigencias. Esto es imputable específicamente a la autoridad de aplicación, la Secretaría de Recursos Hídricos, y al Etoss", precisó el presidente de la AGN, en un reportaje concedido a la agencia estatal Télam.

Entre los puntos salientes del informe, se destaca que en 1997, cuando la conducción de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable estaba en manos de María Julia Alsogaray, se renegoció el contrato original y "las obligaciones del concesionario se diluyeron".

Despouy aseguró que la renegociación hecha por Alsogaray es "un claro ejemplo de lo que no se debe hacer", y que la labor de Aguas Argentinas dista mucho de ser "ejemplar", como sostuvo la firma tras la caída de la concesión. En cuanto a lo actuado por el ente regulador, Despouy precisó que "el trabajo del ente en general fue homogéneo en la debilidad del control y en la aplicación de las penalidades previstas".

"Lo que hizo María Julia Alsogaray es un ejemplo emblemático de un despojo de la racionalidad que debe guiar la custodia de los intereses del Estado. En ese momento, frente al incumplimiento, en vez de crear mecanismos que garantizaran en el futuro el cumplimiento y pusieran reglas más severas para obligar a la empresa a hacerlo, se le flexibilizaron las obligaciones, se le prorrogaron las metas y se produjo una situación en la que aun después, no obstante este tipo de flexibilizaciones, tampoco cumplieron", dijo.

Y citó como ejemplo lo ocurrido en 2001, cuando la empresa debía invertir 2,5 millones de pesos/dólares en la Planta Sudeste de tratamiento de efluentes y no los invirtió. "¿Cuál fue la multa que le aplicó el Estado? 9800 pesos-dólares, 0,12 por ciento de lo que la empresa debía invertir. Una burla", dijo el funcionario, que también señaló que, algunas metas previstas en el contrato, como el Plan de Saneamiento Integral, previsto para el octavo año de la concesión, quedó sin realizarse "en un ciento por ciento".

El presidente de la AGN opinó que el Gobierno debería basarse en los "reiterados incumplimientos contractuales" de Aguas Argentinas para defender la rescisión de la concesión ante el tribunal de controversias del Banco Mundial (Ciadi), y no sólo en la mala calidad del agua, especialmente en el grado de nitratos que se pudo medir en algunas localidades del conurbano.

Los accionistas de Aguas Argentinas, entre ellos el grupo francés Suez y la española Aguas de Barcelona, ya presentaron una demanda por US$ 1700 millones ante el Ciadi, por la pesificación y el congelamiento de las tarifas que impuso la ley de emergencia económica. Despouy cree que, a raíz de la rescisión del contrato, los accionistas de Aguas podrían llegar a duplicar el monto fijado en la demanda original, para lo cual el Estado debe reforzar su defensa.

Críticas de la auditoria general

  • El auditor dice que Aguas cumplió sólo con el 10% de los planes de expansión del servicio 1998-2003
  • También señaló que el Plan de Saneamiento Integral previsto para 2001 quedó sin hacerse
  • Adjudicó responsabilidades al ente regulador y a la Secretaría de Recursos Hídricos
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