Serán reestatizados el agua y las cloacas bonaerenses

LA PLATA.- El final de la concesión del servicio de agua potable y cloacas en 71 localidades bonaerenses por parte de la empresa Azurix parece, a esta altura, inevitable. Por ello, el gobierno provincial ya está casi listo para hacerse cargo de la prestación el jueves próximo.

Según lo anunciado por la firma de capitales norteamericanos, el primer día hábil del próximo año dará por terminado el contrato de concesión ante una "sucesión de incumplimientos por parte del Estado provincial".

Azurix, que se hizo cargo del servicio en julio de 1999 por un período de 30 años, acudió ante un tribunal arbitral internacional con sede en Nueva York y evitó realizar presentaciones ante la justicia bonaerense, tal como se lo había sugerido el gobierno de Carlos Ruckauf para intentar llegar a un entendimiento.

Ahora, la administración de Ruckauf tiene todo listo para ceder el manejo operativo de la empresa al Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (Sosba) -que reúne a unos 1200 trabajadores y posee el 10 por ciento de las acciones empresariales- en tanto que asumirá para sí la gestión administrativa y del cobro del servicio.

Esta situación se extenderá por no más de 120 días, lapso en el cual el gobierno deberá licitar nuevamente la concesión.

Si bien no se descarta la conformación de cooperativas en los municipios, esta variante quedaría limitada a los distritos más pequeños, ya que "sería impracticable en las ciudades con muchos habitantes", indicaron fuentes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP) provincial .

Plan de emergencia

"Nosotros estamos a la expectativa de los movimientos que realice la actual concesionaria, y mientras tanto tenemos listo el plan de emergencia para hacernos cargo en cualquier momento", explicó a LA NACION el subsecretario de Servicios Públicos provincial, Eduardo Sícaro.

El funcionario adelantó que se presentará ante la Legislatura provincial un proyecto que defina el perfil de la empresa estatal que tomará las riendas del servicio.

Sícaro reconoció que "hay que aprender de la experiencia y no permitir que en una nueva licitación vuelva a ocurrir lo mismo", e indicó, asimismo, que "de las dos funciones básicas que el Estado debe garantizar, que son operación y mantenimiento, por un lado, y expansión, por el otro, nosotros estamos en condiciones de cumplir con las primeras".

De hecho, en el polémico proyecto de reforma del Estado provincial se otorga la facultad al gobernador para crear un ente o empresa estatal. Ese artículo fue expresamente incluido para resolver el tema del servicio de agua en la provincia, admitieron ayer varios legisladores peronistas.

Ocurre que el diálogo entre la empresa y la provincia está cortado desde hace, por lo menos, dos meses.

En el gobierno provincial afirman que el origen del conflicto deriva de un error en el cálculo al momento de realizar la oferta para obtener la concesión. Azurix pagó $ 438 millones para ganar la licitación, tres veces más que lo ofertado por sus competidoras.

La facturación anual de la firma alcanza los $ 100 millones, de los cuales el índice de cobrabilidad ronda el 70 por ciento. Esto produce un déficit de 24 millones de pesos al año. Pese a esto, desde el ministerio se confía en que "se podrá optimizar el cobro para financiar la prestación del servicio".

El 5 de octubre último la empresa presentó formalmente una nota en la que sostuvo que los reiterados incumplimientos del Estado provincial "afectan seriamente el desarrollo de la concesión" y "alteran significativamente el equilibrio económico-financiero", lo que transformó la concesión en algo "inviable".

Exigencia

En su planteo, Azurix exige más de $ 500 millones como resarcimiento por lo invertido hasta el momento.

Por su parte, el gobierno provincial rechazó por decreto la posibilidad de la rescisión unilateral del contrato y contraatacó acusando a la firma de no cumplir con las inversiones estipuladas en los pliegos de la licitación.

"Por el momento no tenemos nada para decir", afirmaron voceros de Azurix consultados por LA NACION., y ratificaron todo lo actuado por la empresa, lo que equivale a confirmar la firme intención de dejar el servicio y dar por terminado el contrato.