Servicios públicos: el Gobierno se propone intervenir los entes de control

Hay otra herramienta que conoce el presidente Alberto Fernández a la hora de gobernar: la intervención de los entes estatales de control de servicios públicos. Aquella herramienta estuvo disponible durante todo los mandatos en los que él fue Jefe de Gabinete; ahora, todo indica que volverá sobre ese sistema.

En el Congreso esperan que, finalmente, el proyecto de ley de emergencia contenga la intervención de algunos entes de control. Los candidatos son viejos conocidos de la gestión kirchnerista: el Enargas, regula el suministro de gas; el ENRE, la energía, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Por estas horas, en el Congreso descuentan que efectivamente será una de las facultades que el Poder Ejecutivo le pedirá al Legislativo.

La medida tiene una finalidad: poder modificar el marco regulatorio sin necesidad que intervenga un ente que podría opinar distinto a lo que prefiere la Casa Rosada.

De hecho, el Enargas y el Enre tienen directorios independientes cuyos directivos fueron elegidos por concurso de antecedentes. El primero, que tiene como función la regulación, control, fiscalización y resolución de controversias relacionadas con el servicio público de transporte y distribución de gas de la Argentina, lo maneja Mauricio Roitman y tiene mandato hasta 2023. Fue elegido por concurso de antecedentes y nombrado mediante el decreto 83/2018 después de pasar el sistema de selección.

Algo similar ocurre en el ENRE. Andrés Chambouleyrón es el titular, también concursó por el cargo y, como Roitman, tiene mandato hasta 2023. Este organismo tiene a su cargo toda la regulación derivada de los contratos de generación, transporte y de las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur.

Pero más allá de que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo en una entrevista a LA NACION que no se van a congelar las tarifas, el margo contractual que une a las empresas con el Estado seguramente será modificado. Y para este tipo de propósitos, más aún en el mundo de la energía, la palabra independiente no suele ser muy bien recibida.

El surgimiento de los entes de control de los servicios públicos tiene su razón de ser en las privatizaciones de los años 90. Entonces, el esquema era simple. Los servicios públicos se concesionaban y el Estado se unía al privado mediante un contrato. Quien velaba por el cumplimiento de esos compromisos, y atendía las quejas de los usuarios, eran los entes de control. Además, tenían facultades sobre el tema tarifario. Los aumentos se disponían en esas oficinas.

Pero la caída de la convertibilidad se llevó los contratos consigo y los entes fueron intervenidos. Sólo uno, la CNRT, estaba ya con una intervención dispuesta por Fernando De La Rúa y tenía que ver con el mal funcionamiento del organismo.

Por ahora, la información sobre cuáles podrían intervenirse está sellada entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Hay una incógnita más. Qué pasará con el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS). Este ente tiene una particularidad: solo controla a una empresa (Aysa) que, a su vez, es estatal y que ahora está manejada por Malena Galmarini.

La CNRT, a su vez, cesó su intervención en épocas de Florencio Randazzo como ministro de Transporte. Sin embargo, jamás se concursaron los cargos directivos y siempre se nombraron por decreto del Poder Ejecutivo.