La situación fiscal. Si se miran bien las estadísticas, el gasto público ya fue reducido

Cuando el Fernando de la Rúa asumió el gobierno a finales de 1999, se encontró con un elevado y creciente déficit fiscal, con un sostenido aumento del gasto y una significativa retracción de los ingresos. Dejando de lado lo obtenido por la venta de las acciones de YPF y las licencias de comunicación, y tomando en cuenta el rojo del PAMI que no figuró en las cuentas ($ 500 millones), 1999 cerró con un déficit de $ 9300 millones, casi el doble de las metas anunciadas a comienzos de ese año.

La proyección para este año sumaba entre once y doce mil millones de pesos, situación que es evidente y reconocido que debía ser corregida de inmediato, porque de lo contrario semejante déficit habría afectado la solvencia del sector público y frustrado cualquier posibilidad de recuperación de la producción y del empleo.

El nuevo gobierno no dudó en poner la reducción del déficit como prioridad. Se introdujeron cambios en el proyecto de presupuesto destinados a reducir el gasto e incrementar su transparencia, se acordó un nuevo pacto fiscal para facilitar el ordenamiento de las finanzas provinciales y se introdujo una reforma tributaria indispensable para asegurar una perspectiva cierta de reducción del déficit aun cuando era de esperar cierto natural descontento en los contribuyentes.

No hay ninguna duda de que la claridad y oportunidad con la que se expresó el Gobierno en relación con la situación fiscal en combinación con las medidas adoptadas permitieron desactivar una bomba fiscal.

A pesar de que el déficit del primer trimestre fue todavía muy alto, cayó más del treinta por ciento cuando se lo compara con el último de 1999.

Por otro lado, fue muy inferior al que hubría habido si este gobierno no hubiera actuado con decisión. Una parte importante de esta reducción proviene del gasto público.

La ejecución presupuestaria de los primeros cuatro meses para el conjunto de la administración nacional, excluyendo a la Anses, exhibe ahorros de $ 509 millones, 9% menos que lo gastado en igual período del año anterior.

Es el resultado de un esfuerzo generalizado en las jurisdicciones encabezadas por la presidencia con $ 105 millones, el Ministerio del Interior con $ 120 millones, Economía con $ 90 millones, Infraestructura y Vivienda con $ 65 millones, Defensa con $ 32 millones y Cancillería con $ 26 millones.

Una parte significativa de esta reducción del gasto se obtuvo actuando sobre los gastos en personal.

De hecho, la reducción del personal contratado alcanza a 5148 entre octubre de 1999 y marzo de 2000, alrededor del 25% en número y casi 30% en montos.

Esta era una medida que se encontraba prevista en el presupuesto y cuyo cumplimiento confirma el compromiso del nuevo gobierno con la austeridad en el manejo de la administración pública.

Por otro lado, el único ministerio que exhibió un aumento importante en sus gastos ha sido Educación. Se trata de una consecuencia directa del pago del Fondo de Incentivo Docente ($ 310 millones). Este fondo fue creado en julio de 1999 y previsto sobre la base del famoso impuesto a automotores y camiones, una iniciativa indeseable desde todo punto de vista.

El nuevo gobierno decidió eliminar ese impuesto manteniendo un gasto anual de $ 660 millones en el mencionado fondo. De este modo, se hizo un enorme esfuerzo fiscal para priorizar el desarrollo de la educación.

Cabe preguntarse por qué he excluido los gastos de la Anses para esta comparación. La respuesta está relacionada con una cuestión de transparencia. Durante el primer cuatrimestre de este año estos gastos aumentaron $ 156 millones respecto del mismo período de 1999.

El aumento se explica porque en 2000 se incluyen $ 102 millones para financiar el déficit del PAMI, que en el pasado reciente no figuraba en las cuentas públicas porque se cubría con deuda y retrasando pagos a los prestadores.

Las nuevas autoridades del PAMI llevan a cabo una profunda reestructuración que genera importantes ahorros y permitirá eliminar las transferencias del Tesoro en la segunda mitad del año. El resto del incremento corresponde a pagos por asignaciones familiares, que en el ejercicio anterior se deducían directamente de las contribuciones de las empresas.

Transparencia

Las reducciones se concentran en áreas en las que en los últimos años la sociedad percibía enormes bolsones de gasto manejado en forma discrecional, ineficiente y sin transparencia: la SIDE y los ATN, que en conjunto explican un ahorro de $160 millones en sólo cuatro meses.

Gran parte del ahorro en el primer cuatrimestre permanecerá. Ya se hicieron reducciones del gasto sin intereses de la deuda por el equivalente anual de $ 1200 millones. Hemos quebrado drásticamente la tendencia crónica de aumento del gasto y el endeudamiento que prevaleció durante la mayor parte de la última década. El Gobierno está realizando un gran esfuerzo, cuyos resultados ya se hacen evidentes. Cada vez que la situación lo requirió, ha confirmado esta decisión sin titubeos.

Sabemos que no es suficiente. Es necesario avanzar hasta alcanzar el equilibrio que impone la ley de responsabilidad fiscal. Ello permitirá que deje de crecer el endeudamiento, que se reduzca el peso de los intereses y que se puedan disminuir los impuestos. En definitiva, establecer las condiciones para que el país crezca impulsado por la inversión y el aumento de la productividad.

El autor es secretario de Hacienda de la Nación .

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