Sin alivio: la carga tributaria en la visión de las empresas
Un camino "que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro". Al sistema impositivo argentino bien se lo podría emparentar con una de las ideas de laberinto tan magistralmente escritas por Jorge Luis Borges . La salida deseada, una caída de los costos que implica la presión fiscal para el esquema productivo, está en un espacio de difícil acceso, mucho más aún con una situación de desequilibrios numéricos a eliminar. Y para llegar a esa puerta del alivio hay que atravesar senderos nacionales, provinciales y municipales. Por lo pronto, la percepción mayoritaria, transcurrido 2018, es que ni la reforma impositiva aprobada por el Congreso Nacional a fines del año previo, ni el Consenso Fiscal votado en la misma época, lograron disminuir el peso de las obligaciones fiscales. Y a eso se suma el impacto de otras variables no tributarias, como la suba de la tasa de interés y el incremento del precio de los servicios públicos.
La conclusión referida al peso de la carga fiscal surge de una encuesta hecha por la consultora KPMG, de la que participaron 50 CFO y especialistas tributarios de medianas y grandes empresas de diferentes partes del país. El relevamiento incluyó temas como el del impacto de los impuestos en la actividad y la formalidad de la economía. Y el resultado mostró pesimismo para este año: 81% de los encuestados consideró que, dado el marco inflacionario y las medidas de carácter fiscal tomadas y previstas, la presión tributaria será mayor que la de 2018. Y 19% dijo que será igual.
Además, 60,5% advirtió que el escenario fiscal provocó que se postergaran o se cancelaran inversiones en 2018. Y 39,5% evaluó el marco como neutro. "Esta es una señal a tener en cuenta en un contexto en el que el país necesita imperiosamente atraer inversiones", analizó Fernando Quiroga Lafargue, socio a cargo de Servicios Financieros de Impuestos de KPMG.
Tal como había ocurrido en la edición anterior de la encuesta, los directivos consideraron que la carga que influye con mayor fuerza sobre los precios de los bienes y servicios es la del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que aplican las provincias. El 53% respondió que ese es el tributo con mayor incidencia en la fijación de los valores de venta; le siguieron Ganancias (26%) y el impuesto a los débitos y créditos bancarios (13%). El 8% optó por otros gravámenes.
Ingresos Brutos es un tributo al que se lo considera muy distorsivo para la actividad económica, por su efecto de "piramidación": se aplica sobre un monto al que ya se le sumó la carga fiscal en una instancia previa del proceso de producción o comercialización.
"La recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos creció en los últimos años por encima del producto bruto, llegando a representar un nivel equivalente al 4% del PBI en 2017 –afirma el economista Nadin Argañaraz, de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)–. Desde 2018 tenían que bajar las alícuotas del impuesto por el espíritu del Consenso Fiscal. Pero varias provincias optaron por subirlas, amparadas en la redacción del texto del consenso". ¿Qué lleva a concluir esto último? Según el economista, en jurisdicciones con alícuotas inferiores a los topes comprometidos, se tomó eso como una oportunidad para elevar los porcentajes. Y en el mayor protagonismo de los recursos obtenidos por este impuesto, agrega, cuenta también la recaudación que se adelanta por los mecanismos de retención y percepción, que provocan saldos a favor de las empresas.
Los compromisos
En el apartado referido a Ingresos Brutos del Consenso Fiscal, las provincias y la ciudad de Buenos Aires se comprometieron a cumplir con un listado de seis puntos. Uno de ellos implica que las alícuotas no pueden ser superiores a las definidas en un cuadro que contempla diferentes niveles de imposición para el período de 2018 a 2022, variables según la actividad. Así, por citar unos ejemplos, en la construcción y para este año, el tributo no deberá ser mayor a 2,5%; en el comercio tendrá que ser de no más de 5%, y en la industria manufacturera el máximo se fijó en 1,5%.
Según un cuadro elaborado por el Iaraf, salvo en actividades como comercio y hoteles y restaurantes, la mayoría de las jurisdicciones tiene alícuotas que superan a las comprometidas. Por caso, en la construcción todas las provincias menos San Juan y Santa Fe deberían este año aliviar la carga, porque superan el 2,5%. En la industria son también varias las jurisdicciones que deberán adecuar sus niveles de imposición (en este caso las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras cinco ya están dentro de las metas fijadas).
El consenso, al que están adheridas todas las jurisdicciones salvo San Luis y La Pampa, prevé que se vuelva atrás con los tratamientos diferenciados del impuesto que se basan en el lugar de radicación de un establecimiento o de producción de un bien, y hay también un compromiso de desgravar los ingresos que provengan de la exportación (con excepciones). Otros puntos tienen que ver con ordenar los regímenes de retención y percepción.
"Con un 2018 de escasa incidencia promedio de las bajas concretadas, la pelota pasó para este año –concluye Argañaraz–.Hay varios casos donde tienen que bajar alícuotas porque superan los máximos pero también hay varios casos donde pueden subirlas porque están por debajo de los máximos. ¿Se repetirá la historia de 2018?".
Por ahora y según las conclusiones de la encuesta de KPMG, la percepción de 47% de las empresas es que hubo un efecto neutro del Consenso Fiscal en cuanto al peso de la carga. En tanto, 45% consideró que subió el costo impositivo y el 8%, que lo disminuyó. Claro que, dado el impacto que los directivos le atribuyen a la carga provincial y dado ese comportamiento dispar antes mencionado, la percepción depende del lugar geográfico desde el cual se respondió al relevamiento.
A la hora de analizar el efecto de la reforma tributaria (la ley 27.430), se detectó un mayor porcentaje de firmas que percibió una baja de la carga, aunque no fue la opinión mayoritaria: 24% respondió en ese sentido, mientras que 47% consideró que subió la carga y 29%, que el resultado fue neutro.
Una de las cuestiones que prevé la ley votada a fines de 2017 es la reducción del peso de Ganancias para las empresas y la aplicación de una alícuota especial cuando haya distribución de dividendos. Para Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires , el efecto de tal medida es relativo, porque la gran mayoría de las empresas en la Argentina son pymes y, por lo general, estas unidades productivas distribuyen sus ganancias. "Para 2019 la sociedad reclama una baja de impuestos, pero si se mira la cuestión fiscal, es muy difícil que eso ocurra", analiza.
Entre los encuestados por KPMG, 81% cree que en 2019 habrá, de hecho, mayor presión tributaria para las empresas. Y por los efectos de la suba de precios sobre el peso de los tributos, casi dos tercios de las empresas considera que el mecanismo paliativo que le parece de mayor interés para aplicar es el ajuste por inflación, en tanto que el 13% evaluó más adecuado el revalúo fiscal según lo dispuesto por el Gobierno, y el 21% respondió que no opta por ninguno de los dos.
En cuanto a los sistemas de recaudación, la evaluación dada por las empresas es una nota de nivel medio. En "gestión recaudadora", para la administración nacional la calificación promedio fue de 6,72 (en la escala de 1 a 10). Y los fiscos provinciales obtuvieron 5,75 puntos.
Si para una mayor eficiencia recaudatoria se entiende que debe promoverse la formalización de la gran parte de la economía que se mueve fuera de los márgenes legales, la percepción generalizada (88% de las respuestas) es que el esquema impositivo no ayuda. No es solo la cuestión tributaria la que incide en la estructura heterogénea de la economía en cuanto al cumplimiento de las normas. Por eso, para analizar cómo ir a la puerta de salida bien valdría, una vez más, la imagen de un laberinto borgeano.