Sin reconstruir las instituciones la economía no funcionará

Quienes impulsaron el default y la devaluación partían de los siguientes supuestos, en el primer caso afirmaban que no pagando los intereses de la deuda pública podrían ahorrarse 12.000 millones de dólares anuales, con lo cual se podría equilibrar el presupuesto y financiar políticas activas de crecimiento y planes sociales.

En el segundo caso partían de la idea de que las exportaciones aumentarían y bajarían las importaciones.

El choque con la realidad

¿Con qué realidad chocaron quienes impulsaron el default y la devaluación?

En primer lugar, el riesgo de default llevó a una fuga de depósitos que terminó en el desastre del corralito, paralizando la economía y haciendo caer la recaudación a niveles tan grandes que todo lo que el sector público no paga en intereses de la deuda lo pierde por el lado de los ingresos fiscales, es decir, volvieron al punto de partida en las cuentas públicas o peor aún porque ni siquiera así pueden cerrar las cuentas ante la persistente resistencia de la dirigencia política de hacer una profunda reforma del Estado.

En el segundo caso, como era previsible, las exportaciones no aumentaron, con la agravante de que mandan a la quiebra al sector privado.

Los que tenían ahorros en dólares en los bancos van a perder parte de sus depósitos porque se los pesifican, los que tienen deudas en dólares mayores a los 100.000 dólares también pierden patrimonialmente porque de golpe les aumenta el stock de deuda en pesos y el valor de los activos no alcanza para cubrir sus deudas.

Es más, ni siquiera es posible vender los activos para cancelar los pasivos porque el país está absolutamente paralizado y no hay compradores para esos activos (casas, empresas, máquinas, etcétera).

Sin plan consistente

A casi un mes de haber asumido el gobierno de Eduardo Duhalde, todavía no se conoce un plan económico consistente, lo único que se sabe es que devaluaron el peso, se declaró el default y se autoriza nuevamente al Banco Central a emitir moneda sin respaldo.

Aún no se conoce una reforma tributaria total, un nuevo régimen de coparticipación federal por el cual quien gasta tenga que recaudar sus propios impuestos, la reforma del Estado en sus tres niveles para bajar el gasto en forma orgánica y consistente, el sistema de obras sociales sigue en manos de los dirigentes sindicales, y el régimen de jubilaciones sigue siendo un desquicio, por citar los temas más relevantes.

La realidad es que la profunda crisis económica argentina, que deriva en fenomenales problemas sociales con aumento de la desocupación, tiene sus raíces en el no funcionamiento de las instituciones del país.

Con una dirigencia política desprestigiada hasta tal punto que no puede salir a la calle por miedo a las agresiones de la gente, la Justicia sospechada de responder al poder político de turno y el Legislativo también sospechado de corrupción, el resultado es un Estado sin capacidad de emitir una moneda respetada por la gente porque el respaldo de esa moneda ya no son dólares, sino que es el desprestigio de los gobernantes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Otro resultado del no funcionamiento de las instituciones es la existencia de una clara rebelión fiscal donde la gente ya no paga los impuestos, y el Estado, ante el desprestigio en que ha caído, no tiene autoridad para cobrarlos.

¿De qué nivel sería el cacerolazo si el ente recaudador quisiera presionar a los contribuyentes para que paguen impuestos?

Por otro lado, ¿qué impuestos puede pagar la gente si el país no genera riqueza y se pasa el día en los bancos haciendo trámites?

Gobernantes sin sospechas

Es impensable reconstruir económicamente el país sin que previamente se reconstruyan las instituciones. Para eso, el primer paso consiste en tener gobernantes que no surjan de acuerdos de la corporación política, sino de un sistema electoral transparente.

El segundo paso es que esos gobernantes, que no tienen que ser sospechados por la gente, comiencen por mostrar la austeridad en el gasto, el respeto por los derechos de propiedad y exista una clara independencia del Poder Judicial.

La gente tiene que percibir que el Poder Judicial es el poder que le pone límites al Estado cuando éste avanza sobre los derechos individuales.

El Estado ha destrozado al país porque su voracidad para financiar un nivel de gasto público insostenible lo ha llevado a cometer todo tipo de confiscaciones sobre la propiedad privada.

El Estado no sólo aplica impuestos confiscatorios, también se apoderó de los ahorros de la gente en las AFJP, luego fue por los depósitos en los bancos y, no satisfecho con todo eso, le transfirió su quiebra al sector privado devaluando la moneda para poder emitir y financiar su ineficiente e incontenible gasto.

El sector privado ya no puede hacer más esfuerzos porque está exhausto. Ahora le llegó el turno al sector público. Y esto va a ocurrir por las buenas o por las malas.