Promulgan la ley de góndolas: qué cambiará en los supermercados

Con un llamativo sentido de la oportunidad, el Boletín Oficial promulgó hoy la sanción de la ley de góndolas que regula la venta de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza. La norma que ya despertó la oposición de la mayoría de los grandes proveedores y supermercados se conoció en medio de la situación extrema que se vive en el sector del consumo masivo, con las tiendas desbordadas de clientes y los problemas para asegurar el normal abastecimiento de algunos productos críticos como alcohol en gel, repelentes y lavandina.

El texto de la ley contempla una serie de regulaciones, incluyendo la prohibición de que una misma empresa ocupe más del 30% de la góndola con su productos y la obligación de incorporar al menos cinco proveedores por categoría.

Estos dos puntos son dos de los que generan mayores dudas entre los supermercados, que antes de la crisis del coronavirus ya habían hecho trascender que estaban analizando apelar la ley ante la Justicia. Sin embargo, el escenario cambió dramáticamente en las últimas horas.

"Hay cosas más importantes que resolver ahora", explicó una fuente del sector supermercadista que durante todo el verano había sido uno de los voceros de la oposición a la flamante ley.

"Lo más probable que hoy no apelemos la ley. Veo más el escenario de trabajar en una reglamentación razonable que de una judicialización", explicaron en una de las 10 cadenasque quedaron bajo el alcance de la nueva legislación, que solo rige para las empresas con una facturación anual superior a $200 millones. En los hechos, esto implica que solo alcanzará a las cadenas que operan a nivel nacional (Carrefour, Jumbo/Disco/VEA, Coto, Walmart, La Anónima, Día) y los grandes jugadores regionales, como la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, Todo (Bariloche) o California (Misiones).

Ley de góndolas: qué cambia en el supermercado

Un ejemplo de lo difícil que será llevar el espíritu de la flamante ley a la realidad es la categoría de las cervezas. En la actualidad, dos grandes jugadores (Quilmes y CCU) controlan más de 98% de las ventas. Con la nueva ley, cada una de estas empresas podría cubrir un máximo de 30% de la góndola de cervezas en los supermercados, con lo que quedaría un 40% disponible para otros jugadores y las marcas artesanales.

"Por más que haya incorporado a Otro Mundo y Rabieta los números no me dan para poder cubrir ese 40% que le quedan a los proveedores más chicos, que tampoco cuentan con una capacidad para abastecer a todas las tiendas de las grandes cadenas", explicaron en un supermercado.

"Ahora va a ser clave la negociación de la reglamentación de la ley de manera de incluir algún tipo de plazo para poder avanzar con la inclusión de nuevos proveedores en forma más escalonada y no provocar que haya faltantes en un momento especialmente crítico como el que estamos viviendo", señalaron en otra cadena.

En la reglamentación de la ley también se espera que determine que va a pasar con la canasta de Precios Cuidados. Tradicionalmente, los productos y marcas que integran el programa oficial tienen un desempeño mucho mayor que el resto y ocupan un lugar preferencial en la góndola, lo que chocaría con el espíritu que fija un tope máximo de 30% en la exhibición.

Otra duda es lo que puede pasar con las marcas propias de los supermercados. El texto de la ley habla de fijar un límite del 30% en la exhibición por "proveedor o grupo empresario", pero sin determinar si el grupo empresario corresponde al fabricante o a la cadena que le compra y lo vende con su marca.

Dentro del texto de la ley publicada ayer quedaron excluidos los "congeladores exclusivos" de las marcas, es decir que Quilmes o Coca-Cola podrán seguir teniendo sus heladeras propietarias que solo exhiben los productos de sus marcas.

Además se excluyó de la obligación de incorporar cinco proveedores en las exhibidoras que funcionan al lado de las cajas de pago, aunque estas sí deberán incluir un 50% del espacio para productos elaborados por "micro y pequeñas empresas nacionales" o "cooperativas y asociaciones mutuales".

Así como la obligación de incluir a cinco proveedores, aún en categorías donde no los hay, es uno de los puntos que genera más dudas, otros artículos sí fueron bien recibidos, en especial por los pequeños proveedores. El más importante es el que fija un plazo máximo de pago de 60 días para los micro y pequeñas empresas nacionales, que tradicionalmente estaban más indefensas a la hora de negociar con las grandes cadenas de supermercados.