Suspenden cambios en cargas familiares

Cuestionan los límites al retiro de salarios
Silvia Stang
(0)
13 de diciembre de 2001  

La Justicia suspendió, en respuesta a dos demandas presentadas por las CGT de Rodolfo Daer y de Hugo Moyano, la puesta en marcha del sistema de universalización de asignaciones familiares dispuesto por decreto de necesidad y urgencia, que se iba a instrumentar a partir de enero.

Además, las centrales obreras lograron, tras una presentación conjunta, una medida cautelar contra las limitaciones al retiro de dinero de los bancos, siempre que se trate de pagos vinculados a remuneraciones.

En ambos casos, la medida de no innovar tiene alcance para todos los trabajadores, según le aclaró a LA NACION el abogado Alberto Tomasone, uno de los patrocinantes de las presentaciones judiciales, ya que la CGT se arroga el derecho de representación de todos, estén o no sindicalizados.

En el caso de los retiros de dinero del banco, el fallo del juez Martín Silva Garreton emitido ayer, responde a una demanda presentada por Tomasone y Norma Rial, de la CGT de Azopardo, y Héctor Recalde, del grupo de sindicatos de Moyano.

"No hay argumentos en el considerando del decreto que demuestren que la limitación de $ 250 o U$S 250, ahora $ 1000 a la disponibilidad de fondos acreditados en concepto de sueldo, es el medio adecuado para conjurar los efectos de la situación descripta o evitar perjuicios mayores", sostiene el fallo del magistrado, tras analizar las causas de emergencia que llevaron al Gobierno a dictar el decreto 1570, restringiendo la posibilidad de obtener dinero en efectivo.

Por el contrario, la sentencia señala que el retiro de todo el dinero por parte de los trabajadores podría ser un elemento que estimule el consumo y, en consecuencia, reactive.

El fallo también hace la salvedad respecto de que, para admitir alguna restricción como la planteada por el decreto, debería establecerse un plazo de duración de la medida y un porcentaje del salario que pueda retirarse en efectivo. Al no encontrar antecedentes de medidas similares tomadas en el país, el juez sostuvo que las decisiones del decreto se pueden equiparar a la restricción de la libertad física que rige un estado de sitio.

En relación con las demandas contra el decreto que crea el Sistema Integrado de Protección a la Familia (Siprof), las centrales obreras obtuvieron fallos por separado. Uno corresponde al juez Juan José Pérez, que ampara a los 500.000 trabajadores de los sindicatos que están bajo el ala de Moyano. "El magistrado interpretó que se lesionan derechos de propiedad de los trabajadores", explicó a LA NACION el abogado Recalde.

El otro fallo fue dictado por la jueza Vulcano, del juzgado laboral 40. Allí se da lugar a la medida de no innovar y se insta a continuar aplicando lo dispuesto por la ley 24.714 -derogada por el decreto 1382- hasta tanto haya un fallo definitivo sobre el tema. Además, se dispone la publicación en el boletín oficial del fallo, que fue notificado al Ejecutivo el lunes.

Salario en baja

Uno de los argumentos más fuertes por los que la magistrada decidió dictar su sentencia, es el hecho de que el decreto promovido por el Gobierno disminuye la remuneración para muchos trabajadores. "Importa una merma de los ingresos del grupo familiar de imperiosa necesidad para su subsistencia alimentaria, de habitación y de salud", señala el fallo, respecto de las consecuencias que el Siprof podría tener en algunos casos.

Pero, además, está cuestionado el uso de un decreto de necesidad y urgencia, ya que en el momento de su dictado, el Congreso de la Nación se encontraba funcionando.

El esquema del Siprof preveía la universalización del sistema de asignaciones familiares, con el eje en un pago de $ 30 por niño menor de 14 años a cargo de cualquier trabajador con ingresos inferiores a los $ 1000, sea del sector formal, informal, o desocupado.

Pero el pago de esos beneficios prevé una reestructuración del esquema de pagos en el sistema formal. Y en tal sentido se anulaba, por ejemplo, la prestación por hijo de entre 14 y 18 años, se reducía sensiblemente el ingreso por hijo discapacitado y se negaba el derecho a quienes cobran entre $ 1000 y 1500 mensuales.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Comunidad de negocios

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.