También Scioli analiza un aumento de las tarifas de agua y gas

LA PLATA.- El gobierno bonaerense estudia la readecuación de las tarifas de las empresas públicas provinciales de gas y de agua tras la decisión de su par nacional de avanzar en la quita de subsidios. Mientras espera las definiciones de la administración Kirchner para el área de la electricidad, prepara los anuncios que se aplicarían a partir de mayo próximo, según adelantaron fuentes de la Gobernación. Las medidas en análisis tienen como telón de fondo una crisis de financiamiento que, en mayor o menor medida, afecta a todas las empresas de la provincia.

En el caso del gas, se ajustaría proporcionalmente a los anuncios nacionales el costo de las tarifas de Buenos Aires Gas SA (Bagsa), la firma estatal que presta servicios a 14.151 usuarios directos que, según cálculos de la Secretaría de Servicios Públicos provincial, implica a unos 320.000 beneficiarios de pequeñas localidades. Bagsa opera extendiendo redes y brindando gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural por gasoducto allí donde las concesionarias privadas no han desarrollado planes de inversión.

Ocurre que, en materia gasífera, la provincia no tiene injerencia en la fijación de las tarifas, y tampoco existe un organismo de control en el distrito que verifique el adecuado funcionamiento de las prestaciones que operan bajo jurisdicción y fiscalización nacional.

En cuanto al servicio de agua potable y cloacas prestado por Aguas Bonaerenses SA (ABSA), se trabaja sobre un plan integral de reestructuración de la empresa (que atraviesa una situación de colapso financiero), que incluye una readecuación integral de las tarifas. La idea es pasar de la actual modalidad de pago sobre la base de una fórmula ligada a las características de tasación de los inmuebles a otra vinculada directamente con el consumo de agua. El plan incluiría, en este sentido, la instalación de medidores y una campaña de concientización para el cuidado del fluido.

ABSA provee los servicios de agua potable y cloacas en un total de 68 municipios, tanto del Gran Buenos Aires como del interior provincial, para 3,7 millones de usuarios desde que, en marzo de 2002, la estadounidense Azurix dejó la concesión. La ecuación financiera de la firma está en crisis y apenas le permite operar sin poder realizar vitales tareas de mantenimiento y, mucho menos, inversiones, según lo alertado por el propio directorio de la compañía.

"El recambio de un escenario a otro debe ir acompañado con una tarea de difusión muy fuerte sobre el consumo responsable, porque estamos produciendo unos 560 litros de agua por persona y por día con una tarifa que sólo cubre unos 200 litros", dijo a LA NACION el secretario de Servicios Públicos, Franco La Porta. Para el funcionario, "es necesario acotar el consumo a los estándares de la región, que se ubican en unos 160 litros por persona".

En ese sentido, La Porta afirmó: "Sin dudas vamos hacia el sistema de micromedición con colocación generalizada de medidores, para cobrar a la gente por lo que consume". La instalación de medidores permitiría hacer una corrección tarifaria a partir de un piso común de consumo, superado el cual el costo se encarecería, adelantó, y aclaró que, según la concepción de la Secretaría, cualquier incremento de tarifas debe estar acompañado por mejoras en el servicio.

Ahora, los funcionarios trabajan con los directivos de ABSA en la adecuación a un nuevo esquema tarifario, que estará listo en dos semanas y comenzaría a regir en mayo próximo, según confiaron fuentes gubernamentales. Desde el propio directorio de la empresa estatal se planteó la suba de tarifas como una de las salidas a la crisis y se afirmó que el aumento ya está decidido, sólo falta definir el alcance que tendrá.

La tarifa de ABSA estuvo congelada desde 2003 hasta 2012, cuando se incrementó en un 180 por ciento. En 2009 se había realizado una polémica recategorización de usuarios sobre la base del valor y características de los inmuebles, que en los hechos también había implicado fuertes subas para algunos sectores.

En la provincia se esperan, en tanto, definiciones respecto de los cambios que podrían alcanzar a la energía eléctrica. En ese sentido, las fuentes consultadas indicaron que para los técnicos del gobierno provincial no sería adecuada la idea de convertir a la provincia en una única región, tal como estaría estudiando el gobierno nacional. "Se trata de una provincia compleja, porque es muy vasta y con regiones totalmente diferentes, lo que demanda una mayor discriminación para conseguir resultados más eficientes a partir de un criterio uniforme de acción, que aún no está claro", dijo una alta fuente del gobierno de Daniel Scioli.

En la provincia operan las distribuidoras Edesur y Edenor, en el conurbano; Edelap, en La Plata y ciudades cercanas; la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN), en el norte y oeste de la provincia; la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), en el Sur, y la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), con sede en Mar del Plata. Desde 2001, la provincia también tiene una empresa propia de generación: Centrales de la Costa Atlántica, que opera con cuatro centrales en la costa bonaerense.

"No queremos perder mas jurisdicción en materia de servicios; por el contrario, la idea es tener mayor control y decisión sobre las empresas que trabajan para los bonaerenses", explicó el informante.