Tarifas: el Gobierno reglamenta la posibilidad de diferir 22% de la suba del gas

Con el fin de atenuar el aumento en la tarifa de gas, en un periodo del año en el cual el consumo aumenta y abarca la época electoral, el Gobierno había anunciado la posibilidad de diferir parte del pago de la factura residencial para los meses de verano, cuando cae la demanda, lo que finalmente sucederá. La medida no tendrá costo para los usuarios, ya que el Estado absorberá el gasto financiero de las empresas.

Hoy salió reglamentado en el boletín oficial la normativa que aprobó el Enargas. En concreto, los clientes residenciales tendrán la posibilidad de prorratear un 22% del total de las facturas emitidas a partir de julio, agosto, septiembre y octubre. "Los montos objeto del diferimiento se recuperarán a partir de las facturas regulares emitidas desde diciembre y por cinco períodos mensuales, iguales y consecutivos. Los usuarios pueden optar por no acogerse a este beneficio, manifestando esa circunstancias ante la prestadora del servicio", indica la reglamentación.

El Gobierno había dispuesto en marzo un aumento progresivo del 29% en las tarifas de gas: tuvo un alza del 10% en abril, 9,1% en mayo y 7,5% en junio, mes que además las boletas pasaron de ser bimestrales a mensuales. Se trataría del último incremento del gas hasta fin de año, según prometió el Gobierno cuando en abril anunció una batería de medidas para contener la inflación y reactivar el consumo. Sin embargo, los gobiernos provinciales pueden aplicar un aumento en el servicio de transporte y distribución del gas, que está incluido en las facturas.

El fin de la suba en las tarifas de gas coincide con la época invernal, periodo en el cual el consumo se quintuplica en relación a su demanda de verano. Es por eso que la Secretaría de Energía permitió diferir un 22% de la factura, que equivale exactamente al aumento del 29% que tuvo el servicio. Si se comparan las tarifas con el valor que tuvieron en el invierno pasado, se reflejará el aumento del 35% que tuvo el gas en octubre de 2018.

El costo fiscal de esta medida para el Gobierno serán $4500 millones, según cálculos oficiales. "El costo financiero del diferimiento, computado entre las fechas de vencimiento de pago original de las facturas y las de vencimiento de las facturas en las que se incluya cada cuota de recupero, será asumido por el Estado en carácter de subsidio, mediante el pago de intereses a distribuidoras, subdistribuidoras, transportistas y productores", anunciaron.

Los costos en la boleta

Las boletas están compuestas por el valor del gas, que representa casi la mitad de la tarifa total; el transporte, que significa un 11%; la distribución, con 17%, y los impuestos, que pesan casi un 26% en la tarifa, dependiendo de la localidad, aunque el IVA se lleva el 21%.

El valor promedio del gas hasta el próximo febrero es US$4,70 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector y que equivale a 27,8 metros cúbicos), a un tipo de cambio de $41. Para la parte de distribución y transporte, el Gobierno aplica una actualización similar al índice de precios internos al por mayor (IPIM).

Por normativa, se debería aplicar un nuevo aumento de las tarifas de gas en octubre, para actualizar por inflación la parte de distribución y transporte, y para calcular el nuevo tipo de cambio del precio de gas para los seis meses siguientes, aunque en el sector se cree que la suba pasaría para luego de las elecciones.