Tarifas, una cuestión espinosa

Las empresas de servicios públicos tienen, casi todas, fijados los valores que cobran en dólares
Alfredo Sainz
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29 de diciembre de 2001  

Ante una eventual devaluación del peso, uno de los temas más espinosos que deberá resolver el nuevo gobierno, encabezado por Adolfo Rodríguez Saá, es el de los contratos de las empresas privatizadas de servicios públicos. En prácticamente todos los casos las concesionarias de los distintos servicios tienen dolarizadas sus tarifas, así que las autoridades nacionales tendrán por delante una difícil tarea para impedir que Telefónica, Edenor, Aguas Argentinas y el resto de las compañías no trasladen el aumento del dólar a los precios que cobran a sus clientes.

Desde hace varios meses, una posible devaluación se convirtió en la pesadilla que les quita el sueño a los accionistas de las compañías privatizados. Por el momento, en las distintas empresas no quieren salir a confrontar en forma pública por el tema. Pero en off the record reconocen que se están preparando para la aparición en el mercado del argentino, especialmente después de que el flamante secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, anunció que se llevará adelante una nueva discusión de los contratos de los servicios públicos.

"Las negociaciones se darán entre el nivel más alto de accionistas con el nuevo gobierno, aunque primero vamos a esperar a ver qué nos ofrecen. La disposición para negociar existe, pero lo único que no se puede transar es cierto nivel mínimo de rentabilidad. Si no es negocio seguir con la concesión, todo terminará en una rescisión del contrato y un juicio en el que el Estado argentino tiene todas las de perder", reconoce un ejecutivo de una de las compañías privatizadas más importantes de la Argentina.

En los últimos días del gobierno de Fernando de la Rúa, representantes de las distintas empresas privatizadas habían mantenido algunos contactos con miembros del equipo del ministro Domingo Cavallo para sondear las consecuencias en su negocio de una eventual devaluación.

Ahora, seguramente los contactos se retomarán con los funcionarios de la nueva administración, aunque por el momento señalan que no se sentaron a discutir el tema. En las negociaciones empezarán a tallar intereses internacionales, representados por las embajadas de los países de origen de los inversores.

"Esperamos que el nuevo gobierno sea receptivo a las dificultades que enfrentarán las empresas francesas ante la difícil situación argentina", señaló Pierre Dumartin, vocero de la embajada gala en Buenos Aires.

Con la excepción de la telefonía (móvil y fija), todas las privatizaciones de servicios públicos fueron posteriores al plan de convertibilidad. Las tarifas están dolarizadas y se indexan por el índice de inflación en Estados Unidos, aunque se expresan en pesos, excepto las de los celulares que se cobran directamente en la moneda norteamericana.

En las empresas reconocen que trasladar íntegramente el aumento del dólar a las tarifas sería casi inviable, ya que gran parte de los clientes no podría hacer frente al pago de las facturas. Por esta razón están dispuestas a sentarse a negociar y ya preparan algunos de los pedidos que podrían elevar a las autoridades nacionales. "En el Gobierno saben que tendrán que entregar algo a cambio, como la extensión del plazo de la concesión, la reducción del plan de inversiones o algún subsidio", explica el director de otra empresa.

De las distintas propuestas en danza, en principio la que más seduce a las compañías es la de los subsidios. Sin embargo, los empresarios reconocen que el fracaso del sistema de subsidios directos del Estado a las operadoras de los ferrocarriles es una prueba reciente de las dificultades de su implementación.

Una de las alternativas que barajan es la puesta en marcha de subsidios cruzados. Es decir, que los clientes de mayor poder adquisitivo terminen pagando una tarifa más alta para subsidiar a los sectores de menores recursos. La ventaja que ofrece esta modalidad es que no significaría una erogación extra para el Estado. Pero en las mismas empresas admiten que este mecanismo funciona únicamente en las naciones más ricas, que cuentan con una amplia franja de la población capaz de soportar el reparto entre un mayor número de clientes un incremento de las tarifas en aras de un fin solidario.

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