Tironeos políticos para rearmar el mapa fiscal

Como si fuera un Sudoku, los lineamientos del proyecto de presupuesto nacional para 2019 incluyen pocos números, ya que el anticipo del Ministerio de Hacienda repite las metas acordadas con el Fondo Monetario . Lo verdaderamente complicado será completar los muchos que faltan antes de diciembre para acceder a los desembolsos del organismo a lo largo del año electoral.

La reducción del déficit primario (sin intereses de la deuda) al 1,3% del PBI (que implica el ahorro de unos $200.000 millones) no es un resultado sino el punto de partida. Cómo lograrlo dependerá de las decisiones del gobierno de Mauricio Macri y de los acuerdos que pueda negociar con la oposición peronista. No sólo con los gobernadores que aspiran a su propia reelección sino también en el Congreso, donde las divisiones y realineamientos ya están a la vista.

Aunque Macri asegura que el cumplimiento de esa meta es innegociable, la ausencia de un programa económico explícito torna más tortuoso el camino para alcanzarla. Una prueba son los tironeos políticos y presiones que se advierten dentro y fuera del oficialismo cuando faltan más de tres meses para la presentación del proyecto de ley. Otra es que no sólo se habla de recortar gastos, sino de subir impuestos o dejar de bajarlos; una perspectiva impensable antes de que la crisis cambiaria pusiera fin a la política de gradualismo fiscal financiado con abundante endeudamiento externo.

La fuerte suba de 50% del dólar, con su correlato de mayor inflación y prematura desactualización de los aumentos salariales y de tarifas para reducir los subsidios estatales, desbarajustó casi todos los cálculos para este año. A tal punto que el gobierno debió recortar en 0,5% del PBI el presupuesto de obras públicas y congelar por dos años el ingreso de empleados al sector público nacional.

También pone en jaque al Pacto Fiscal con las provincias, convertido en ley hace apenas 190 días. No altera su eje central, de compensar a la provincia de Buenos Aires en dos años -con aportes del Tesoro Nacional por un total de $65.000 millones- los recursos resignados por el congelamiento del exFondo del Conurbano, a cambio de mejoras en la coparticipación de impuestos para las demás provincias. Pero los gobernadores peronistas, que en aquel momento descontaban la triple reelección en 2019 (de Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta), buscan ahora replantear otras condiciones. Las más relevantes son suspender las rebajas de Ingresos Brutos (IIBB) a la actividad productiva, para asegurarse una mayor recaudación automática atada a la inflación a costa de realimentarla. De hecho, casi la mitad de las provincias elevó las alícuotas de IIBB sobre el comercio y otras actividades para compensar las rebajas aplicadas este año, a contramano del espíritu de la ley. También que los gobiernos bonaerense y porteño se hagan cargo de subsidiar las tarifas de servicios públicos para sus usuarios, que son las más bajas de todo el país a costa del Tesoro Nacional.

Por su parte, la Casa Rosada busca negociar con los gobernadores una mayor participación de las provincias en las obras de infraestructura social y económica donde la Nación cubre entre el 70% y 100% de la inversión total. Y también reducir de 0,8% a 0,3% del PBI las transferencias discrecionales para gastos corrientes (entre ellos, el fondo docente y el déficit de las 13 cajas jubilatorias provinciales), según la meta con el FMI, para compensarlas con la notoria mejora de las transferencias automáticas por coparticipación.

No obstante, la posibilidad de postergar el cronograma de reducción de impuestos de la última reforma tributaria -mencionada en el memorándum con el Fondo- alentó, junto con la devaluación, la idea de parte del gabinete y del radicalismo de frenar la reducción de 0,5% mensual en las retenciones a la soja para alivianar el ajuste del gasto público. Aunque fue descartada por el propio Presidente, no pocos productores desconfían y temen que pueda reaparecer después de la próxima siembra. Otra muestra de la ansiedad oficial fueron las discrepancias dentro para duplicar el impuesto a los pasajes aéreos al exterior, cuando la suba del dólar ya está reorientando la demanda hacia el turismo interno.

Como puede advertirse, las obras públicas, impuestos distorsivos, subsidios y transferencias a provincias serán claves para armar el mapa fiscal que surgirá del presupuesto nacional para 2019 y a su vez es crucial para cumplir el programa acordado con el FMI.

Para disponer de más cartas en la negociación con los gobernadores, la Casa Rosada ya puso en marcha la transferencia de la regulación de Edenor y Edesur a la provincia de Buenos Aires y la CABA. Contra lo que suele suponerse, esta decisión carece de impacto fiscal ya que las tarifas de ambas distribuidoras no tienen subsidios estatales desde febrero de 2016. Sí, en cambio, los precios mayoristas de generación eléctrica, donde Cammesa subsidia la diferencia con los costos a través de un sendero decreciente, extendido hasta 2021 en el acuerdo con el Fondo.

Aunque quedó descartado el traspaso de AySA, el mayor problema son los subsidios al transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, pese a los tardíos aumentos parciales de tarifas de estos meses, no bajaron debido al alza del gasoil y otros costos. Según la ASAP, a fin de mayo superaban los $17.500 millones para los colectivos y $12.500 para los trenes suburbanos. El Pacto Fiscal establece que deberían eliminarse a fin de 2021 pero no contemplaba su transferencia. Con el esquema en estudio, el gobierno bonaerense podría absorber una cuarta parte sin poner en riesgo el equilibrio fiscal primario. Ya hace un par de meses había hecho punta con la eliminación de IIBB en las facturas de gas; pero no logró que lo imitaran los municipios bonaerenses que, según la ley aprobada, podrán sustituir cargos municipales por mayores tasas de alumbrado público.

Por ahora, Macri defiende la baja del déficit fiscal a través del gasto, su redistribución entre Nación y provincias y el recorte de subsidios. Pero aún está lejos de instalar la necesidad de una mayor austeridad en el manejo de fondos públicos, fijar prioridades y evitar la superposición de funciones burocráticas.

Un botón de muestra es la reciente publicación en el Boletín Oficial de una decisión administrativa firmada en 2016 por la Jefatura de Gabinete para cubrir un cargo que resulta toda una definición: "Coordinadora de la Coordinación de Fortalecimiento Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina de Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización". Se trata del organismo encargado de desburocratizar al sector público.

Otro caso ilustrativo es el del gobierno de la CABA, que tiene en ejecución proyectos importantes como el Paseo del Bajo; el reemplazo de luminarias por LED y la urbanización de villas. Pero coexisten con un presupuesto anual de $1000 millones para espacios verdes, que incluye la colocación de panes de césped en los parques o bancos de madera lustrada. Esta partida es comparable con la asignada a la red de subterráneos ($1680 millones), donde sigue pendiente la extensión de la línea E hasta Retiro pese a que el túnel está terminado pero no puede habilitarse por falta de infraestructura y de trenes para reducir la frecuencia, de hasta 10 minutos. A su vez, el frenético ritmo de recambio de baldosas, ensanche de veredas, colocación de macetones o cordones con luces intermitentes, contrasta con errores en la poda de árboles con copas que alcanzan alturas de cinco o seis pisos. Paralelamente, el cuerpo de agentes temporarios de "Prevención BA" (para vigilar senderos escolares) pasó de 80 a 800 en un año. Y está en marcha el programa "Dejá tus rueditas", con instructores contratados para que chicos de 3 a 12 años aprendan a andar en bicicleta en los parques sin ocupar a sus padres. Todo, obviamente, a costa de los contribuyentes porteños.

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