Tras el caso de las papeleras de Uruguay y el fallo sobre el Riachuelo, el Gobierno impulsa un nuevo mandamiento: no contaminarás

La oposición a las plantas de celulosa de Uruguay obligó al gobierno argentino a mirar fronteras adentro la situación medioambiental. Un fallo de la Corte Suprema obligó a fines del mes pasado a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense a presentar un plan de saneamiento del Riachuelo y un estudio de impacto ambiental de 44 empresas, la mayoría grandes, entre ellas petroleras, químicas, alimentarias y curtiembres.

Semanas después, el presidente Néstor Kirchner nombró secretaria de Medio Ambiente a la asesora legal de los asambleístas de Gualeguaychú y también de la Cancillería en su plante contra Uruguay, Romina Picolotti. "Tiene ideas de cambio en materia de medio ambiente. Presentará un plan ambicioso desarrollado a un año y medio vista", dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando asumió Picolotti.

A medida que crecía la preocupación del Gobierno por el medio ambiente por el caso de Uruguay, en la Unión Industrial Argentina (UIA) comenzaban a inquietarse. A poco de la designación de la nueva secretaria de Medio Ambiente, la cúpula de la entidad pidió audiencia con ella. El martes pasado se encontraron.

"Son necesarias reglas de juego claras y son necesarios los controles", declaró la secretaria a la prensa, en un contexto en el que se superponen normas nacionales, provinciales y municipales, mientras que la vigilancia de su cumplimiento resulta irregular. Picolotti dejó en claro que el Estado, con las herramientas disponibles, favorecerá la reconversión industrial, aunque deslizó que discriminará entre grandes empresas y pymes.

El vicepresidente de la UIA encargado de los asuntos medioambientales, Juan Carlos Sacco, dice que se encontró con una secretaria "ejecutiva, pragmática y consciente de que deben aplicarse las leyes" nacionales que se sancionaron desde los 90, pero que no se reglamentaron en numerosas provincias, que son las encargadas del control. "Si se reglamentan todas las leyes, casi no habría industria en el país", se sincera Sacco.

El dirigente de la industria gráfica tiene sus reparos: que no todos los sectores y empresas pueden juzgarse de la misma manera; que también debe diferenciarse por tamaño de la compañía; el cruce de competencias nacional, provincial y municipal. Pero sobre todo teme que la cuestión ambiental se convierta en un "recurso de caja", es decir, en más impuestos, como las tasas de residuos peligrosos o de salubridad e higiene. Coincide con Picolotti en la importancia de las certificaciones de calidad, como las ISO, para exportar a países desarrollados, se despreocupa por el acceso a créditos blandos de organismos nacionales o internacionales, pero advierte que una reconversión de toda la industria argentina puede demorar hasta 20 años.

Especialistas en el impacto ambiental de las industrias consideran que las plantas pueden modernizarse en menos tiempo, aunque no en un año y medio, pero siempre que cuenten con el apoyo estatal. Julio García Velasco, del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), calcula que la incorporación de tecnología limpia puede llevar cinco años a una gran empresa y entre dos o tres a una pyme.

La implementación de un sistema de gestión ambiental como el de la norma ISO 14.000 cuesta US$ 10.000. "Después de eso, empiezan las inversiones físicas", explica García Velasco. Una pequeña modificación del tratamiento de efluentes de una pyme puede costar US$ 100.000, según se desprende de un estudio que sobre el sector químico argentino hizo la empresa estatal alemana de cooperación al desarrollo GTZ. "No son cifras menores. Es esencial que el Estado apoye financieramente o con incentivos fiscales", observa el experto del CAI, que también advierte sobre la falta de profesionales en el país.

García Velasco recuerda que él trabajaba en el grupo Techint cuando compró la siderúrgica estatal Somisa a principios de los 90. Para actualizar la tecnología ambiental de la firma privatizada, Techint desembolsó US$ 50 millones a lo largo de cinco años.

En 1994, el gasto privado en medio ambiente ascendía al 0,07% del producto bruto interno (PBI) -US$ 160 millones- y fue subiendo hasta el 0,15% en 2001 -US$ 408 millones-, según un informe de dos investigadores del Centro de Investigaciones para la Transformación (Cenit) y de la Universidad de San Andrés, Daniel Chudnovsky y Andrés López. En Estados Unidos, el Reino Unido, Austria o Suiza, esa relación es del 1%, mientras que en Australia y Francia llega al 0,4 por ciento. Pero con la última crisis, los recursos para medio ambiente descendieron en la Argentina, con lo que se agrandó la brecha respecto de los países desarrollados, según reconocen expertos y el propio presidente de la Cámara de la Industria Curtidora (CICA), Eduardo Wydler.

El estudio de Chudnovsky y López indica que las empresas activas en gestión ambiental son el 53% de las empresas exportadoras analizadas y el 20% de las orientadas al mercado interno. No obstante, en la adopción de prácticas de prevención de la polución se destaca el 35% de las que venden afuera y el 47% de las dedicadas al consumo interno.

Las multinacionales son más activas en gestión ambiental (47%) y prevención (59%) que las firmas locales (29% y 21%, respectivamente). Si se las distingue entre grandes y pymes, el 37% de las primeras sobresale por el cuidado de la ecología y sólo el 12% de las segundas alcanza altos estándares. Las grandes encuentran obstáculos para hacerlo por los altos costos (54%) y la falta de tecnología ambiental adecuada en el mercado local (21%), mientras que las pymes también mencionan la cuestión económica (39%) y la escasa información acerca de las fuentes disponibles de equipamiento (9 por ciento). López señala que las pymes informales hallan problemas adicionales para la de por sí difícil tarea de conseguir crédito para adquirir maquinaria ambiental.

"La realidad ambiental de las industrias es, como mínimo, inferior respecto del estándar legal", advierte López, que reconoce sectores críticos, como el químico, el curtidor, el de galvanoplastia (tratamientos de metales), el frigorífico, el minero y el papelero. "Las normas se parecen a las de los países desarrollados, pero es débil la capacidad de control de las autoridades. Pero los países en desarrollo deben enfocar el medio ambiente distinto que los desarrollados, que llevan siglos de degradación. En nuestros países hay prioridades urgentes de empleo, que deben conciliarse con lo ambiental para hacer una reconversión gradual y verificable."

El presidente de la Fundación Vida Silvestre, Héctor Laurence, resume en tres puntos la solución al problema ambiental: que se cumpla la ley, que se desarrolle un plan de trabajo -las fábricas que estén generando un daño grave a la salud humana deberían reconvertirse en uno o dos años, mientras que el resto, en cuatro o cinco- y asistencia crediticia nacional e internacional para las compañías. Laurence afirma que existen sectores que "están demostrando conciencia de la necesidad de modernizarse" y cita a algunos que se acercaron a Vida Silvestre para trabajar en conjunto, como el papelero, el de turismo, el agropecuario y el pesquero.

Entre las industrias en la mira, algunas respondieron a la llamada de LA NACION. Wydler, de las curtiembres, es uno de los que contestó: "Como una parte importante de este sector exporta, las empresas han invertido desde hace años. A pesar de que mucha gente cree que generamos residuos peligrosos, no es así. El olor que generamos no es peligroso y además estamos trabajando para reducirlo". El jefe de CICA dice que su sector invirtió más de US$ 20 millones en plantas de tratamiento de efluentes en los últimos seis años, pero admite que "quizás hay gente que no puede hacerlo". Su ideal es Italia, donde las curtiembres se concentraron en determinadas regiones y el Estado participó de la construcción de planteas de tratamiento de efluentes.

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Mario Polijronópulos, dice en su sector "hay empresas que están adecuándose y otras que ya lo están". De todas las compañías argentinas que cuentan con la ISO 14.001, el 20% son metalmecánicas, según Polijronópulos. "Las normas ambientales actúan como barreras paraarancelarias en Estados Unidos y Europa", califica el jefe de Adimra. Según él, la reconversión de una pyme requiere entre seis meses y dos años, pero también inversión: por eso propone reflotar el proyecto de ley de desgravación de las ganancias reinvertidas y orientarlo hacia la compra de tecnología ambiental.

El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp), José María Fumagalli, alega que las empresas socias de esa entidad "cumplen" con las normas ambientales. Fumagalli justifica que éstas sean menores que las de Europa: "En la Argentina no ha habido el mismo grado de afectación que allá, más allá de enclaves localizados como el de Dock Sud".

Uno de los sectores que más resistencias enfrentan en comunidades del interior es el minero. El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu, aduce que la contaminación "es menos que relativa" en su sector y recuerda que los proyectos son sometidos a informes previos de impacto ambiental. "Si hay un problema, se busca remediarlo", se defiende Dedeu.

El medio ambiente irrumpe en la agenda. Prueba de ello es que la Secretaría de Política Ambiental bonaerense clausuró en lo que va del año 86 plantas, frente a 74 de todo 2005.