Tras la crisis de 2001 muchos municipios inventan nuevos gravámenes y las empresas se preguntan qué hacer cuando crece la voracidad impositiva

“Válido en todo el país excepto la provincia de Córdoba” se convirtió en el último tiempo en la frase más repetida por los locutores a la hora de grabar los avisos de promociones que después se pasan en la radio con voz acelerada. Detrás de esta decisión, obviamente, no se encuentra un deseo de discriminar a los habitantes de la provincia mediterránea, sino un impuesto del 1% que cobra la Lotería de Córdoba a todos los concursos nacionales.

El caso de las promociones en Córdoba, sin embargo, no es un fenómeno aislado, ya que desde la crisis de 2001, las provincias y los municipios impulsan “una creatividad impositiva” de manera de recuperar con nuevos gravámenes y tasas que les cobran a las empresas los fondos que dejaron de percibir por la recaudación de otros impuestos.

Desde tasas de abasto por un servicio de control bromatológico hasta derechos por la publicidad en el interior de locales, pasando por nuevos cargos para la protección del medio ambiente o por el ingreso de productos elaborados en otros distritos, este tipo de gravámenes son cada vez más comunes en el interior. Los municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos son los que lideran este fenómeno, que las grandes cámaras empresarias no dudan de calificar como “voracidad fiscal”.

En el sector privado, denuncian que las ciudades y provincias que aplican estos gravámenes en realidad están violando la ley de coparticipación, ya que la legislación argentina sólo autoriza el cobro de tasas retributivas siempre y cuando exista un servicio como contraprestación, algo que en casi ningún caso se produce.

“Nosotros estamos dispuestos a que los municipios analicen el producto, pero en la mayoría de los casos no cuentan con laboratorios y lo único que hacen es cobrar el impuesto, sin ofrecer ningún servicio a cambio, lo que en los hechos se convierte en una aduana interna”, sostiene Tomás Klepetar, director ejecutivo de la Asociación de Industrias de Marca (AIM).

En la consultora Deloitte también coinciden en cuestionar el carácter legal de lo que definen como gabelas municipales. “Las tasas de abasto no sólo no ofrecen ninguna contraprestación, sino que tampoco respetan el código alimentario en materia de controles ni el libre tránsito de camiones, con lo que queda claro que sólo persiguen un fin recaudatorio y no de control”, señala Germán Gianotti, gerente del departamento de Impuestos de la oficina Córdoba de Deloitte.

Las empresas también se quejan de la falta de un criterio uniforme por parte de los distintos municipios. Cada ciudad utiliza su propio mecanismo de fijación de las tasas que cobran por este servicio. Los montos pueden ir desde un porcentaje del valor de la mercadería –generalmente por debajo del 1%– a una suma fija, por ejemplo, 10 centavos por litro de vino, sin discriminar si se trata de un tetrabrik que al público se vende a menos de dos pesos o un varietal de marca que llega a más de $ 20 en una vinoteca.

Una de las víctimas de este poder discrecional de los municipios fue Coca-Cola. Durante un par de días del año pasado la fabricante de gaseosas tuvo que suspender la distribución en la ciudad de La Rioja, debido a que el municipio le quería cobrar una tasa de un centavo por litro porque se trataba de un producto “importado”, ya que no era elaborado en la provincia, sino en una planta de Catamarca.

La historia tuvo un final feliz para la fabricante de gaseosas, que rápidamente presentó un recurso de amparo y después obtuvo un fallo favorable del Tribunal Supremo de La Rioja, pero el desenlace seguramente habría sido diferente para una empresa más chica que no contara con la estructura legal de Coca-Cola.

"En su origen, estas tasas de abasto o de control de productos podrían haber tenido cierta justificación para algunos alimentos perecederos, pero ahora no tienen sentido, porque todas las empresas de alimentos están controladas en su lugar de producción por organismos nacionales como el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) o el INAL (Instituto Nacional de Alimentos)", explica Rodrigo Bunge, director ejecutivo de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

Los empresarios además destacan que la competencia fiscal, es decir, las ventajas en materia impositiva que ofrece cada municipio, empieza a jugar día tras día un papel más importante a la hora de definir inversiones.

En este sentido la mayoría de las ciudades y provincias argentinas parecen ir a contramano de lo que sucede en otros países, como por ejemplo en Brasil, donde los distintos estados y municipios se pelean por atraer inversiones, ofreciendo exenciones impositivas y, hasta en algunos casos, regalando la tierra. Igualmente, los hombres de negocios se encargan de señalar que la mayoría de los municipios se cuidan de no molestar a las empresas que están radicadas dentro de su partido. "Los municipios son muy cuidadosos y no dudan en otorgarle alguna exención a los empresarios locales para aplicar todo el peso impositivo sobre la mercadería en tránsito", se queja el director de la Copal.

Los empresarios, además, son claros a la hora de destacar que cualquier incremento en sus costos indefectiblemente lo terminan pagando los consumidores.

"Sería ingenuo pensar que esto no va a afectar al consumidor, que es en definitiva el que termina pagando cada aumento en los costos y en este sentido el que tendría que hacer algo es el Gobierno nacional, ya que abolir estos impuestos municipales hubiera sido una solución mucho más simple y directa para lograr una rebaja en el precio de los alimentos que los acuerdos como la canasta social", advierte el director de ADI.

Frente a las acusaciones de las empresas, en la Federación Argentina de Municipios (FAM), una entidad que reúne a los intendentes de todo el país, reconocieron que podrían existir algunas situaciones abusivas en algunas ciudades, pero negaron que se tratara de un problema generalizado. "Más allá de algún problema puntual que puede existir en algún municipio, no se puede hablar de un fenómeno generalizado porque en la mayoría de los casos las alícuotas de las tasas que se están cobrando son muy reducidas y en promedio se ubican en torno al 5 por 1000, frente al 6 o 8% que cobran los municipios en Europa por servicios similares", señaló Osvaldo Vottero, intendente de la ciudad cordobesa de Oncativo y titular del Bloque Justicialista dentro del FAM.

En teoría, la tasa de abasto se aplica a todos los alimentos frescos y bebidas, aunque hace un par de meses el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) logró una medida cautelar favorable que suspende el cobro del gravamen de 10 centavos por cada litro de vino que cobraban varios partidos del conurbano bonaerense. En forma paralela, los gobiernos de Mendoza, San Juan y La Rioja impulsan un proyecto para que la exención para el vino se convierta en ley, con el argumento de que se trata de un producto que ya está controlado por el INV. Las empresas de otros rubros destacan que el mismo argumento se podría aplicar a todos los sectores en los que también existen organismos de control.

Las empresas denuncian que la voracidad municipal no se acaba en las tasas de abasto. Una de las últimas innovaciones en materia fiscal es la implementación de un impuesto a la publicidad interior. De acuerdo con este gravamen, creado por el Municipio de la Costa, los comercios tienen que pagar un cargo por cualquier cartel que exhiban dentro de sus locales, como si se tratara de una publicidad en vía pública.

El impuesto se aplica, por ejemplo, al reloj de Bayaspirina que hay en cualquier farmacia o a la gondolita de Fargo o Bimbo en la que se exhiben los productos de cada marca. En el caso de este impuesto, lo que están haciendo muchos municipios es tercerizar su cobro en manos de estudios contables. Los estudios, con el respaldo de la sanción de una ordenanza municipal, exigen a las empresas hasta cinco años de retroactividad por el uso de la publicidad interior, aunque generalmente terminan ofreciendo acuerdos por el pago de un año y la cancelación del resto de la deuda.

Otro impuesto que se está generalizando en varias ciudades del interior es la tasa de protección del medio ambiente. "La ciudad de Salta fue la pionera en este caso, ya que intentó cobrar un impuesto del 0,5% para recolectar los envases con el objetivo de proteger el medio ambiente, y ahora otros municipios están intentando aplicar medidas parecidas, a pesar de este gravamen se superpondría con otros servicios por los que ya estamos pagando como la recolección de residuos", advierte Miguel Angel González Abella, director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA).

Los impuestos municipales lograron un hecho inédito y, como pocas veces sucede, toda la cadena productiva y comercial dejó de lado sus enfrentamientos internos para unificar sus reclamos. Detrás de la oposición a estos gravámenes se encuentran los proveedores, los supermercados y los distribuidores mayoristas, que son tres sectores que tradicionalmente se encuentran en lugares opuestos en casi todas las discusiones empresariales.

En un reciente encuentro empresarial organizado por la Cámara Argentina de Comercio, el titular de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Ovidio Bolo, denunció que la aplicación de las tasas de abastos afectan la libre circulación de alimentos en el territorio de la Nación.

Por su parte, Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), advirtió que, además de la tasa de abasto, cada mayorista deben abonar una matrícula que lo habilita como abastecedor del partido, a lo que después se suma el pago de otra tasa para que el camión realice el reparto en cada uno de los municipios. "Cada vez que se hace el reparto, se estima, además, una pérdida de tiempo productivo del camión del 30% para cumplir con las normas municipales por la demora en el trámite de pago de las tasas", sostuvo.