Tras ocho años, el Estado vuelve a publicar datos sobre inversión en niñez, donde la pobreza llega al 46,8%

La presentación oficial se hizo esta mañana en el Ministerio de Hacienda, que conduce Nicolás Dujovne. Reunió a funcionarios y especialistas, pero no hubo prensa en tiempos de veda. El anuncio fue especial. Luego de ocho años de apagón estadístico, el Estado volvió a publicar números consolidados sobre la inversión social en niñez y adolescencia en la Argentina.

Entre 2003 y 2004 habían comenzado a presentarse informes sobre esta temática avalados por Unicef, pero en 2011, durante la presidencia de Cristina Kirchner se discontinuaron sin motivo aparente. Mientras, en el país se manipulaban los datos de inflación y pobreza del Indec.

En términos del producto interno bruto (PIB), el gasto social del sector público consolidado Nación-Provincia dirigido a niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) "mantuvo una tendencia al crecimiento a lo largo del período estudiado (5,8% en 2001; 7,7% en 2017) con algunos picos en períodos intermedios", dice el informe oficial al que accedió LA NACION.

Para descontar el efecto inflacionario -informaron los técnicos de Hacienda- los valores nominales se expresan en pesos constantes. En pesos de 2017 el gasto consolidado en niñez más que se duplicó entre puntas ($382.327 millones en 2001; $819.150 millones en 2017).

Lo mismo ocurre cuando se analiza el gasto en pesos por niño, niña y adolescente ($31.212 en 2001; $ 62.820 en 2017). El gasto público social del gobierno nacional dirigido a la niñez y la adolescencia creció algo más que un punto porcentual entre puntas en términos del PBI (1,5% en 2001; 2,6% en 2017). Para el caso de las provincias los resultados también muestran un crecimiento entre puntas en términos del PBI (4,8% en 2001; 5,5% en 2017).

Pese al ajuste de las cuentas públicas que comenzó la gestión de Mauricio Macri, el gasto consolidado en niñez y adolescencia se mantiene relativamente estable en pesos constantes entre 2015 y 2017, según afirmaron a LA NACION los especialistas de Unicef, Sebastian Waisgrais, y Javier Curcio. Sin embargo, los números llegan hasta 2017, año que terminó en crecimiento, y no incorporan aún los efectos de la crisis cambiaria que comenzó en 2018.

Por otro lado, más allá de que vuelvan a publicarse los datos oficiales, la inversión actual en niñez y adolescencia no alcanza para hacer frente a que casi la mitad de los chicos en la Argentina son pobres por ingresos, según los últimos datos publicados por el Indec. "Sin este crecimiento que tuvo este gasto, seguramente estaríamos peor", dijo Waisgrais.

"El Estado Argentino asumió el compromiso de garantizar el ejercicio de un conjunto de derechos a los niños, niñas y adolescentes, como ciudadanos reconocidos, a través de la asignación del máximo de recursos disponibles, al suscribir a la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989", afirma la síntesis ejecutiva del documento a que accedió este medio.

"En este contexto, el presente documento, elaborado por el Ministerio de Hacienda de la Nación en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), tiene por objetivo actualizar la estimación del gasto público social dirigido a la niñez realizado por el Estado Argentino y analizar su evolución para el período 2001-2017, completó.

El informe aclara que no se consolida el gasto con los gobiernos municipales y que, como novedad, se incorpora un concepto que no había sido incluido en la consideración del gasto público en niñez hasta el este trabajo: el gasto tributario nacional (exenciones impositivas).

"De este análisis surge que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales cumplen roles diferentes en términos de políticas destinadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes", indicó el informe y agregó: " Así, el 26% del Gasto público social consolidado dirigido a la niñez (promedio para el período 2001-2017) es ejecutado por políticas y programas nacionales, mientras que el 74% es ejecutado por las provincias".

"Dentro de este último porcentaje cabe mencionar que seis puntos porcentuales son financiados por medio de transferencias del gobierno nacional a los gobiernos provinciales. Es decir, en términos de su financiamiento el gobierno nacional aporta 32% del Gasto público social consolidado (Nación-provincias) dirigido a la niñez mientras que las provincias contribuyen con el 68% de los recursos financieros", aclaró el informe.

Según el documento, el gobierno nacional financia gastos que benefician indirectamente a la niñez, en particular a través de la implementación de programas de transferencias de ingresos que cobraron gran relevancia a partir de 2003; gastos dirigidos a poblaciones más amplias pero con impacto en los niños, niñas y adolescentes, clasificados como gasto ampliado, según la metodología utilizada; y gastos relacionados con el financiamiento de las obras sociales. Las provincias, en cambio, financian fundamentalmente el gasto dirigido específicamente al grupo etario bajo análisis, como gasto en educación, salud y protección social.

El documento incorpora además el concepto de gasto tributario nacional dirigido a la niñez, definido como "aquellos ingresos que el fisco deja de percibir cuando otorga un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general y beneficia, de forma directa o indirecta, a niñas y niños entre 0 a 17 años de edad".

Del análisis de las políticas tributarias nacionales seleccionadas para los años 2016 y 2017 se obtuvo que representa, en promedio, el 0,6% del PBI, que, sumado al gasto en niñez del gobierno nacional (promedio para el mismo período) alcanza un 3,2% del PBI.