Tras las quejas por la ley de alquileres, referentes inmobiliarios se reunieron con el Gobierno

Referentes del sector inmobiliario fueron convocados hoy por el secretario de Vivienda, Iván Kerr, para dialogar sobre el proyecto de ley de alquileres -que ya tiene media sanción del Senado- y, si bien habían sido críticos con el anuncio, llegaron a algunos acuerdos que podrían trasladarse a la eventual norma.

"Ante el apoyo general de ambas partes a las mejoras propuestas artículo por artículo, se logró construir un borrador que baje las barreras de acceso al locatario, dándole seguridad jurídica al locador y reconociendo los derechos de los corredores inmobiliarios en el cobro de honorarios por los servicios prestados a los propietarios, y a los inquilinos en el caso que se lo encarguen", dijeron desde Vivienda.

En tanto, fuentes que participaron de la reunión detallaron que se llegó a un acuerdo en cuanto al plazo mínimo de tres años para el contrato de alquiler y que la actualización no se haría en base a un promedio de índices como se había informado sino que podría estar sujeta a la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

Por otro lado, se acordó ampliar las variables de avales y/o garantías a ser presentadas por el inquilino (avales bancarios, seguros de caución, recibos de sueldo y/o garantía propietaria) y que no sería obligatorio el registro del contrato en AFIP, pero que cualquiera de las partes lo podría hacer en pos de obtener beneficios y certificaciones fiscales.

Por último, los inmobiliarios pidieron como "algo importante" que haya un trámite exprés de desalojo para inquilinos que incumplan con el pago del alquiler o alguna de las condiciones del contrato. Actualmente, en Capital Federal un desalojo puede tardar de seis meses a un año, pero la idea es que sea más rápido y práctico.

Consultado por LA NACION, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, calificó al encuentro como "positivo", a pesar de la instancia en que se los convocó, es decir, después de que inmobiliarios, propietarios, constructores, inversores, desarrolladores, abogados y escribanos se quejaran.

"Planteamos que la actualización sea a través de la UVA, que los inquilinos tengan la opción o no de contratar servicios inmobiliarios y que las provincias sean autónomas, es decir, que puedan normar de acuerdo a sus distintas realidades", puntualizó.

"Nunca es tarde para el diálogo. Estamos reordenando lo hecho hasta ahora. Lo importante es corregir. Más que intervención, lo que el sector necesita son beneficios. Desde el anuncio hasta hoy, hubo una retracción del mercado que afecta a miles de familias que viven del mismo", afirmó.

Tras el anuncio del Presidente acerca del impulso que pensaban darle al proyecto de ley que establece que los contratos son por tres años, que la comisión la paga el dueño y que debe haber un sistema para actualizar el importe del alquiler, los inmobiliarios salieron con los tapones de punta.

Entre otros argumentos esgrimieron que la ley atrasaba, que volvía menos interesante la opción de alquilar una vivienda, con lo cual los propietarios pasarían a vender, y que se vulneraba la seguridad jurídica.

Además, afirmaron que la norma iba a generar indefectiblemente un aumento de los alquileres, con lo cual los inquilinos, a quienes se busca beneficiar, iban a ser los principales afectados.