Ultimátum a los organismos públicos que aún usan papel

El tiempo del papel en la administración pública nacional parece estar cada vez más cerca de su fin. Esta semana, el Gobierno lanzó un ultimátum a siete organismos que todavía se resisten a reemplazar la vieja forma de documentación por los expedientes electrónicos, la regla que el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, impuso paulatinamente en el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri.

Fuentes al tanto de ese proceso confirmaron a LA NACION que en los próximos días tomarán medidas similares con otros organismos.

Los institutos nacionales de Vitivinicultura, de Investigación y Desarrollo Pesquero, de Semillas y la sociedad del Estado Educar deberán cerrar la caratulación de expedientes en soporte papel a partir del 16 de este mes. A cambio, tendrán que usar el módulo Expediente electrónico del denominado sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

En tanto, los institutos de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares y de Obra Social de las Fuerzas Armadas, junto a la Sociedad del Estado Construcción de Vivienda para la Armada tendrán que dejar de usar papel a partir del 3 de julio.

Uno de los primeros anuncios de Macri fue el objetivo de modernizar el Estado. Una parte de esa iniciativa se tradujo en la digitalización de los procesos internos de la administración pública con el objetivo de bajar costos y aumentar la velocidad de la burocracia.

El sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) funciona hoy en todos los ministerios nacionales, en Presidencia, Jefatura de Gabinete, Secretaría General y en 46 organismos descentralizados.

Desde el cambio de Gobierno, se generaron más de 13.833.952 de documentos digitales y se caratularon más de 1.293.672 expedientes. También se capacitaron y crearon más de 85.000 usuarios.

En marzo del año pasado, un decreto presidencial aprobó el Plan de Modernización del Estado, que propone implementar una plataforma horizontal informática de generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración para facilitar la gestión de documentos, "el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente".

En abril de ese año se aprobó la implementación del GDE como sistema integrado de "caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional".

Sector privado

Un capítulo de la modernización del Estado se dedicó a la actividad privada. En esa línea, el Gobierno promovió la creación de una ley para emprendedores que contempla la creación de un nuevo tipo societario llamado SAS (sociedad por acciones simplificada) que propone un modelo simplificado de constitución y de funcionamiento. En abril fue sancionada por el Congreso.

La propuesta incluye la creación digital (plataforma online) de una sociedad abarcando el proceso end to end, desde el inicio de la constitución hasta la apertura de la cuenta. "Esto implica garantizar la constitución en no más de cuatro días utilizando firma digital", explicaron fuentes oficiales.

Hasta ahora, abrir una sociedad en el país puede llevar hasta 60 días. Además, implica la realización de trámites engorrosos que implican concurrir a un abogado o escribano y trámites en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Al no existir un acta constitutiva "proforma", la IGJ puede observar la redacción y la definición del objeto social, entre otras cosas. Por eso, el trámite puede volver al escribano o abogado para su corrección.

Una vez inscripta en la IGJ, los socios deben concurrir a la AFIP para obtener el CUIT, algo que requiere la presentación de más papeles. Y más tarde tienen que concurrir, según su jurisdicción, a inscribirse en los impuestos a los ingresos brutos e IVA y presentar documentación de nuevo.

Con todo esto cumplido, deben armar carpeta con todo lo anterior para la apertura de cuenta bancaria. Según la promesa oficial, cuando el nuevo régimen de sociedades esté plenamente operativo todos los trámites se podrán hacer de manera virtual, con el consecuente ahorro de tiempo y de dinero.