Un ajuste a jubilados, con una modalidad ya cuestionada por la Justicia

El Gobierno definirá en los próximos días qué ocurrirá con los haberes jubilatorios en el período de 180 días en el cual, de aprobarse el proyecto de ley enviado al Congreso, estará suspendido el sistema de movilidad previsional. El plan es otorgar en marzo, por decreto, una recomposición que sería de un monto fijo, con lo cual, en caso de abarcar a todos los jubilados y pensionados (algo aún incierto, porque el proyecto de ley no lo garantiza y otorga un marco para la discrecionalidad, con lo que algunos podrían quedar excluidos) el impacto sería, en términos porcentuales, más bajo cuanto más alto sea el haber. La pretensión del Gobierno es suspender no solo el régimen de movilidad general, sino también los sistemas que alcanzan a los pasivos de regímenes en los que se garantiza un determinado nivel de haberes, vinculado a los ingresos del personal activo del sector. Es el caso de los docentes, investigadores científicos, personal del servicio exterior y guardaparques, entre otros.

La decisión de actuar con discrecionalidad y segmentar al universo de los pasivos para definir las próximas subas, provocaría el regreso de las demandas judiciales por parte de quienes sean dejados al margen u obtengan, eventualmente, menores compensaciones que otros. La Corte Suprema determinó, más de una década atrás, que esa política de diferenciación según el nivel de ingresos (que fue adoptada en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, con la meta de llegar al equilibrio fiscal) es inconstitucional. Ahora, en algunos despachos oficiales admiten que habría litigios, pero dicen confiar en que la Justicia no sería adversa a la estrategia, porque se dictaría bajo el paraguas de una "emergencia previsional" declarada por el Congreso.

La medida más inmediata para los jubilados de menores ingresos es el pago de un bono de hasta $10.000 en dos cuotas iguales: una se abonará este mes y la otra, en enero.

El bono será cobrado por los pasivos que cobran el haber mínimo, hoy de $14.068; son aproximadamente la mitad de los 5,7 millones de beneficiarios. También lo recibirán quienes tienen prestaciones no contributivas.

Además, se les pagará un monto inferior a $5000 a quienes tienen un haber de entre $14.068 y $19.068. La cifra que percibirán será la necesaria para completar la segunda de estas cifras. Así, se evitará que quienes hoy cobran algo más que la mínima no pasen a cobrar menos este mes y el próximo. Por ejemplo, quienes perciben $17.000, recibirán $2068 cada mes. Y quienes tienen un ingreso de $18.500, cobrarán $568.

No recibirán el bono quienes perciben más de un haber mensual.

Hacia adelante, la decisión oficial implica que no se otorgará el incremento de 11,6% previsto para marzo con alcance para todos los jubilados y pensionados del régimen general que gestiona la Anses. Ese porcentaje es el resultado de aplicar la fórmula de la ley 27.426, cuando se observa lo ocurrido con la inflación y los salarios (las dos variables de la fórmula) en el segundo trimestre de este año. Según lo estimado, la recomposición de marzo iba a significar un aumento real de los ingresos (una mejora con respecto a la inflación esperada del primer trimestre de 2020), tras una caída del poder de compra, que este año sería de 2,5%.

En el actual escenario de restricción fiscal y con esas previsiones sobre el esquema de ingresos, el objetivo de suspender el mecanismo de movilidad es reducir el nivel de gasto que le insumiría al Estado cumplir con lo establecido por ley. Más allá de cuál será el tamaño de la suba que se otorgará, el proyecto define que se atenderá "prioritariamente a los sectores de menores recursos", un concepto que expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán. En el Gobierno admiten que, según lo que se está analizando, podría dejarse al margen de las mejoras a un grupo de jubilados. O podría ocurrir que se sí incluya a todos, pero otorgando un monto fijo, con lo cual la mejora, medida en términos de porcentajes, sería menor para los haberes medios y altos. Y podría no haber una compensación real por los efectos de la inflación.

Entre 2002 y 2006, cuando solo se disponían subas para el haber mínimo, esa política de diferenciación provocó que quienes cobraban algo más sufrieran pérdidas de hasta 40% en el valor real de sus ingresos. El tema se resolvió finalmente en la Justicia, donde se les dio la razón a los pasivos afectados. Además, la Corte Suprema ordenó, en el caso Badaro, la aprobación de un sistema de movilidad que abarcara a todos.

La política de segmentación por niveles de ingresos se repetiría en la gestión de Alberto Fernández. En el Gobierno admiten que el riesgo de la judicialidad que conllevaría esa decisión fue analizado, pero dicen confiar en que esta vez podría no haber cuestionamiento, por la previa declaración de una emergencia previsional. Y agregan que para junio próximo ya habría una nueva fórmula.

Otro punto no menor es el hecho de que se estaría suspendiendo una suba, la de marzo, destinada a compensar un daño que ya ocurrió. Existe una decisión judicial vinculada con eso: tras analizar una demanda contra la ley de movilidad aprobada en 2017, jueces de primera y de segunda instancia entendieron que la nueva fórmula no debió haberse aplicado ya en marzo de 2018, porque se estaba compensando la inflación de un período que ya había pasado al aprobarse la nueva ley.

Ahora, se dejaría sin efecto una recomposición que está basada en lo ocurrido en un período del actual 2019, cuando la ley de movilidad estaba plenamente vigente.