Reforma previsional: un debate que quedó postergado

Hace pocos días venció el plazo de tres años establecido por la ley 27.260, a propuesta del Poder Ejecutivo, para que un grupo de trabajo tuviera listo un proyecto de reforma previsional. El sistema, según se fijó como condición, debía ser universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto. No sorprendió que llegara el día y que no existiera propuesta: hace ya casi un año se admitió, desde el Gobierno, que no habría proyecto. La decisión sobre si habrá o no un reforma amplia quedará ahora en manos de la próxima gestión.

La cuestión central a monitorear es la propia sustentabilidad del sistema, en un escenario cruzado por cuestiones como la informalidad laboral, la inflación -y su efecto en los haberes y el nivel de recomposición- y los cambios en las fuentes de financiamiento. Y no son tan lejanos temas más estructurales, como el cambio demográfico: la Argentina dejará hacia mediados de la década del 30 su etapa de "bono demográfico", que es la previa a que comience a crecer de forma significativa la proporción de personas de 65 años y más sobre el total.

Sin reforma integral, la gestión de Mauricio Macri hizo de todas formas varios cambios. Por el plan voluntario de reparación histórica (la adhesión implicaba renunciar al reclamo judicial, que en la mayoría de los casos prometía un mejor ingreso), se recompusieron los haberes de 1,35 millones de jubilados y pensionados, mayoritariamente perjudicados por el mal cálculo del ingreso inicial y la falta de movilidad sufridos en la década pasada. El plan no evitó que quedaran en trámite más de 218.000 litigios.

La ley mencionada también creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente a 80% del haber mínimo, a la que se accede si no se tienen aportes o si se tienen menos que los necesarios para la jubilación. Los requisitos para la prestación son tener 65 años de edad y pasar un examen socioeconómico. Con ese pago se busca reemplazar el régimen de moratorias, que es temporal, insostenible y que provocó desincentivos a aportar y muchas inequidades.

El capítulo con más controversia de los cambios en la era Macri fue el referido a la fórmula de movilidad. Se reemplazó la que estaba basada en la suba de la recaudación de impuestos y de los salarios, por una que contempla un 70% de la variación trimestral del índice de precios más un 30% de la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. El problema es que la promesadel Gobierno de que no se perdería poder adquisitivo es imposible de cumplir en un escenario de inflación en alza (como el que se dio), porque los valores tomados como referencia para calcular cada ajuste tienen un rezago de seis meses.

Esa misma ley de movilidad trajo otras dos novedades. Se dispuso garantizar que ningún ingreso previsional (de las personas que aportaron 30 años) sea inferior al 82% del salario mínimo -la misma disposición que años atrás había vetado Cristina Kirchner-. Y se estableció que las empresas ya no pueden intimar a sus empleados a jubilarse antes de que cumplan 70 años, lo que puede lograr que se eleve la edad de retiro.

Esta última cuestión alivaría en algo los números del sistema que, por otra parte, se ven y se verán afectados por modificaciones en materia impositiva. Las jubilaciones y pensiones se financian casi en partes iguales con aportes y contribuciones del sistema laboral y con impuestos de rentas generales. Y en ambos componentes hubo cambios, que tienen su impacto en los ingresos que mes a mes recibe la Anses.