El contexto macroeconómico de los últimos dos años le han dado al sector público argentino el cambio propicio para nutrirse de liquidez genuina.
Si bien recién este año se comienzan a observar algunos signos de esfuerzo fiscal, a la luz de los resultados, la tan mencionada holgura fiscal pone al Gobierno en la obligación de decidir entre dos alternativas posibles:
* Derramar internamente el excedente obtenido en erogaciones, que se traducirían en mayor cantidad de obras públicas, planes sociales, salarios de estatales, etc.
* Elevar la restricción de superávit primario, que liberaría fondos para hacer frente a los vencimientos de intereses y capital de deuda, lo que se podría interpretar como un gesto positivo hacia los bonistas en default, al mejorar la oferta de reestructuración.
En relación con este último ítem, y de acuerdo con el comportamiento observado por el Gobierno y las declaraciones del ministro de Economía, todavía no se deduce si la estrategia oficial sería destinar una parte del incremento de los ingresos a un mayor superávit primario. Asimismo, la última misión del Fondo Monetario Internacional también dejó en claro su intención de que ello ocurra; y de concretarse, abriría una nueva puerta para avanzar en la renegociación de la deuda tomando como base propuestas menos rígidas.
No obstante, la situación actual de la economía sugiere otras interpretaciones respecto al mejor uso del excedente.
Una alternativa, para sacarle presión al Banco Central -que por lo general acude con reservas para afrontar los vencimientos de organismos internacionales-, es que se utilice el excedente para la compra de dólares, con lo que se obtiene un doble resultado: quita de presión a la emisión monetaria, manteniendo el precio del dólar en torno a los $ 2,90 y evitar que el Gobierno haga uso de las reservas del Banco Central para el pago de intereses que se realizará durante este año.
Otra opción sería la conformación de un fondo anticíclico, que cumpliría un rol preventivo y de asistencia en los momentos de estancamiento o crisis. Esto descarta que el mayor superávit se traduzca proporcionalmente en gasto corriente, el cual es estructuralmente inflexible a la baja, y constituye una muy buena señal de solvencia fiscal intertemporal.
Dificultades públicas
A propósito, es importante aclarar que el sector público argentino experimentó dificultades para anticiparse a los problemas. El modo de operar siempre se ha caracterizado por actuar después de manifestado el problema y no previéndolo.
Si bien el Gobierno tiene pendiente el saneamiento del sistema impositivo (que con sólo eliminar los impuestos distorsivos le demandaría perder el 20 por ciento de la recaudación total) o ser más eficiente en el gasto, destinar parte del superávit excedente en mejora la oferta de la deuda sería interpretado como un buen gesto.
Avanzar en esta cuestión también beneficiaría en la ampliación del horizonte de previsibilidad tan demandado por el sector privado.
El autor es presidente del CEB y fue secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación.
