Un nuevo contrato fiscal federal

Por Juan J. Llach Para LA NACION
Por Juan J. Llach Para LA NACION
(0)
28 de agosto de 2001  

La crisis argentina tiene dos caras y una raíz común. Una cara es la de la insuficiente competitividad y el estancamiento. La otra es la de la insolvencia fiscal y la pérdida del crédito público. Además de factores externos, la raíz común de ambas es un gasto fiscal desproporcionado a los servicios que brinda y la incapacidad para financiarlo con impuestos no distorsivos y menor evasión.

Más hondamente, estos problemas se han producido por carecer de un buen sistema de toma de decisiones sobre ingresos y gastos públicos y por un mal funcionamiento del federalismo. Esta es la matriz que incuba la generalizada queja sobre los gastos de la política.

Los preocupantes costos sociales de la crisis deberían obligar a la dirigencia política a transformarla en una oportunidad para dar soluciones de fondo que eviten estos problemas en el futuro y que permitan a la economía argentina volver a crecer de manera sostenida. El déficit cero es tan inevitable como insuficiente. Porque no será sostenible si no se acompaña con proyectos de futuro, promoviendo el crecimiento y la competitividad y, sobre todo, reformando el sistema de toma de decisiones fiscales.

En lo que sigue se sintetizan las conclusiones de una investigación más amplia que propone un nuevo contrato fiscal federal que permite no sólo cumplir con la obligación constitucional de tener una ley de coparticipación (¡para 1996!) sino también transformar la crisis en una oportunidad.

El nuevo contrato, que debería establecerse mediante una ley convenio, se basa en tres principios: a) la separación de fuentes impositivas entre la Nación, las provincias y los municipios, que implica que quien gasta debe recaudar; b) la necesidad de procurar una mayor equidad social y regional, y c) la eliminación de todos los impuestos contrarios al crecimiento.

La propuesta respeta, además, dos restricciones cuya violación lo haría imposible. La primera es que, al día siguiente de votada la reforma, ni la Nación, ni las provincias, ni la ciudad de Buenos Aires están mejor o peor que el día antes. La segunda es que sus números cierran y son coherentes con la actual restricción fiscal.

Separación de fuentes

La propuesta vuelve al criterio vigente hasta fines del siglo XIX de separar las fuentes impositivas. Los impuestos nacionales pasan a ser el IVA, con una alícuota del 8,5%, ganancias de las empresas, comercio exterior, aportes patronales e internos. La reforma del IVA lo adecua, en primer lugar, a su naturaleza esencialmente unitaria, eliminándose el carácter de caja negra que tiene en los países federales.

Además, la reforma implica eliminar unos $ 2400 millones de costos financieros asociados al IVA, que castigan de modo especial a las Pyme, a la inversión y a las exportaciones. Por último, la nueva alícuota queda en línea con la que tienen los países federales avanzados y los países dinámicos de Asia.

Los impuestos provinciales pasan a ser ganancias y bienes personales, un nuevo impuesto a las ventas minoristas de consumo (IVMC), integrado con el de ingresos brutos a la etapa final, y los actuales automotor e inmobiliario. Quedan eliminados todos los impuestos a las etapas de producción intermedias, particularmente ingresos brutos y sellos, lo que implica una baja de $ 3100 millones en los costos de producción.

El IVMC es una versión mejorada del sales tax de los Estados Unidos, que no tiene IVA. Porque quedan fuera del impuesto todos los bienes de capital e insumos, sin necesidad de pedir devoluciones a la AFIP. Quedan pues exentas la educación y la salud, por ser inversiones y no consumos. Con una evasión del 20%, algo menor que la del IVA hoy, sería suficiente que las provincias cobraran una alícuota del IVMC del 10 por ciento.

En cuanto a los impuestos municipales la propuesta es que los municipios cobren, por un lado, tasas por la prestación de servicios, debidamente probadas y con el compromiso de eliminar todas las gabelas hoy existentes.

Por otro lado, en lugar de la actual coparticipación municipal, que tiene los mismos vicios de caja negra de la coparticipación federal, las provincias cederían a los municipios toda la base Pyme del IVMC. Nadie está en mejores condiciones que el municipio para cobrar impuestos a la lavandería o al quiosco.

Equidad

La reforma establece un fondo de equidad regional y social, con recursos por $ 6800 millones, una cifra mucho menor a los $ 16.200 millones actuales.

Esta reducción es posible sin que ninguna provincia reciba menos que hoy porque se eliminan todos los vaivenes del dinero del actual sistema. Los aportes se realizan estrictamente de acuerdo con la capacidad contributiva. Por ello resultan aportantes netos la Ciudad de Buenos Aires, en menor medida la provincia de Buenos Aires, y la Nación.

Por su parte, Córdoba, Mendoza y Santa Fe quedan en posición casi neutral, y las restantes provincias son receptoras netas. Los aportes y retiros del fondo se establecen en valores nominales, previéndose asimismo un sistema de incentivos a las jurisdicciones con mejor desempeño fiscal.

Se obliga también a asignar porcentajes de los recursos incrementales a la formación de recursos humanos y al ahorro público y a presentar un informe anual de transparencia del uso de los fondos públicos.

En fin, hay un fuerte incentivo natural a las provincias bien administradas, porque la Nación cede dos bases, ganancias y bienes personales, que hoy muestran alta evasión y tienen pues gran potencial recaudatorio.

Este nuevo contrato fiscal federal introduce cambios sustanciales, aun más potentes en el contexto de déficit cero que la realidad impondrá por varios años. Cada peso adicional de gasto será pagado por los mismos ciudadanos-contribuyentes que eligieron a las autoridades municipales, provinciales o nacionales.

A la inversa, cada peso de reducción del gasto permitirá reducir los impuestos. Se cambia así por completo el sistema de toma de decisiones fiscales. Por otro lado, dado que quien gasta debe recaudar, aumentan también los incentivos de las autoridades de los tres niveles de gobierno por recaudar sus propios impuestos, dejando de lado la complicidad con los contribuyentes.

Desde el punto de vista de la competitividad y el crecimiento, el sistema permite reducir nada menos que $ 5800 millones, 2% del PBI, los costos de producir en la Argentina. En este sentido, la reforma tiene efectos análogos a una devaluación, pero sin la expropiación de los tenedores de pesos que ésta conlleva.

Tanto para la Nación como para las provincias queda así delineado un horizonte de futuro. Y, lo que es fundamental, los ciudadanos pasan a controlar con el voto la utilización de sus recursos fiscales, lo que hoy les está vedado.

El autor es economista y ex ministro de Educación.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Comunidad de negocios

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.