¿Un programa contra la inflación o la expresión de un vago objetivo?

Un programa económico puede ser explícito o simplemente lo que se “revela” en las acciones de gobierno. Un programa no explicitado puede ser equivalente –en términos de propuesta– al que está en papel, pero hay que “descubrirlo” a medida que se anuncian las medidas. Para que sea un programa, lo menos que se le pide es que sea consistente, que proponga metas e instrumentos que no choquen entre sí. Después habrá que ver si el programa –explícito o etéreo- es bueno o malo.

El programa actual antiinflacionario, si existe, es del segundo tipo. O sea, es un programa etéreo que hay que ir descubriendo día tras día (paso a paso). En términos económicos no importa si es el programa del Presidente, de la vicepresidenta o de algún ministro, porque si es un programa podemos evaluarlo. ¿Cuáles son los elementos centrales que lo definen?

Resulta curioso que los objetivos del “programa” sean inalcanzables, ya que se requiere mejorar la menguada confianza en el Gobierno para poder hacer política económica. La hipótesis de inflación del presupuesto de 29% –o la de 31% mencionada por el ministro de Economía– estuvo siempre lejos de poder materializarse: en abril la inflación se acercó al 46% interanual y desde este mes de mayo saltará por arriba del 48%. Podría suponerse que la meta de 29-31% fue solo una pauta para convencer a los sindicatos de negociar salarios cerca del 30%. Si es así, la pauta podría haber sido de 25% o de 40%. Una vez, un periodista le preguntó a Bernardo Grinspun (ministro de Economía del presidente Raúl Alfonsín) porqué había fijado una pauta de aumento de 14% para el trimestre. La respuesta fue: “Porque 15 es mucho y 13 es yeta”. ¿Cuál sería la respuesta del ministro Martín Guzmán hoy?

La cuestión central pasa por la precaria calidad de la “caja de herramientas” que propone el tridente económico (Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo y Banco Central). Quizás el problema deriva de no entender bien el fenómeno que se enfrenta. Habrá que recordar, una vez más, que la inflación es un fenómeno que se caracteriza por el aumento sostenido del nivel general de precios. No es problema de un precio o de un par de precios, sino de la mayoría de los precios. Una forma de entender esto es echar mano a un índice de difusión de la inflación, que calcula el porcentaje de precios que suben todos los meses, el porcentaje de precios que bajan y el porcentaje de precios que permanecen sin cambios.

En los últimos diez años dos tercios de los precios que conforman la inflación núcleo suben en promedio cada mes (otro tercio baja o se mantiene sin cambios). Cuando la inflación bajó al 25% anual, el porcentaje de precios núcleo que subía todos los meses cayó al 58%. En lo que va de 2021 el índice supera el 77%. O sea, el problema no es la carne, ni las prepagas, ni las tarifas (que están, en su mayoría, congeladas). El problema es que vivimos un proceso inflacionario en el que casi todos los precios suben todos los meses.

Armar un programa sin entender el fenómeno puede llevar a perdernos en soluciones estériles. Por ejemplo, a emprender una guerra santa por frenar los aumentos del precio del asado o de la milanesa, pensando que con ello frenamos la inflación. Por supuesto que algunos precios pesan más que otros: el tipo de cambio (oficial y libre), la tasa de interés, los salarios. Esos precios no se comparan con precios aislados de bienes o servicios. Vayamos a los datos: los precios de la carne vacuna y de sus sustitutos tuvieron una variación muy parecida en los últimos 4 meses; entre la cuarta semana de diciembre de 2020 y la tercera de abril de este año, la carne vacuna subió 18,8%; el pollo fresco, 18,5%; otras carnes rojas, 17,1%, y el pescado y los mariscos, 26,2%. Y la inflación núcleo fue de 16,3%. La guerra santa contra la carne no cambiará la historia de la inflación en la Argentina, ni lo logrará una guerra santa contra los productos electrónicos, la leche o los alquileres.

“La guerra santa contra la carne no cambiará la historia de la inflación en la Argentina, ni lo logrará una guerra santa contra los productos electrónicos, la leche o los alquileres”

A propósito, los alquileres están subiendo porque uno de los instrumentos usados por esta administración para facilitar la vida de los inquilinos terminó generando un alza de precios. La razón es simple: cuando cae la oferta y la demanda se mantiene, los precios suben. El primer impacto fue sobre quienes querían alquilar y no lo habían hecho hasta el momento: para ellos todo el aumento fue inmediato, por el retiro de la oferta. Para el resto, el impacto se esta distribuyendo en el tiempo, pero finalmente la guillotina caerá sobre todos, porque no hay contratos eternos. Y las nuevas normas de actualización forzosa se meten directamente en la fijación de un precio retroalimentando los desequilibrios.

Qué decir en general de los instrumentos que prohíben las exportaciones para sumar oferta doméstica y bajar los precios, al estilo de los años 2000? Lo que puede hacer sentido en algunos casos (digamos, la fabricación de vacunas queda en el país hasta que se logre un determinado nivel de cobertura) no lo hace en otros, en particular en alimentos. La carne que se envía a China no es la que consume el argentino en promedio, que tampoco consume novillos (pesados) de exportación. Frenar exportaciones de carne, trigo y maíz tuvo nefastas consecuencias sobre la producción por varios años en la gestión de los Kirchner, y ahora empieza a generar un fenómeno de retención que reduce la oferta en el corto plazo y genera un nuevo ciclo de aumento de precios (al revés de lo buscado).

Si el programa antiinflacionario fuera el conjunto de medidas aquí reseñadas, podríamos concluir que no existe programa, sino solo la expresión de un objetivo vago que se instrumenta a través de hechizos. Pero, ¿no será que detrás de los hechizos hay algo más sólido en materia de política fiscal y monetaria? Si lo hay, todo lo anterior son elementos de mala praxis económica que estorban el programa y deben ser removidos, dejando que actúen los “fundamentos” macroeconómicos para bajar la inflación.

Los números fiscales revelan que, tras el freno al gasto en el cuarto trimestre de 2020, la prudencia se mantuvo en el primer trimestre y, con ello, se redujo en forma sustancial la asistencia del Banco Central al Tesoro. Bien por ello. Es cierto que la baja del gasto primario se logró a través de una caída significativa de prestaciones jubilatorias medias y altas, de salarios de los empleados públicos, de prestaciones sociales y de transferencias a provincias. Para el primer trimestre de 2021 la comparación interanual muestra una baja de 7% real (ajustada por inflación) de las prestaciones jubilatorias, una caída real de 21% en las transferencias a provincias, de 6% en los salarios públicos y de 4% en el resto de prestaciones sociales.

Para sostener esta “prudencia” fiscal se requiere un aumento (no una baja) de la inflación, porque los rezagos juegan a favor de recuperar pérdidas y subir el gasto. Además, se requiere no repetir los gastos de pandemia (lo que traslada el costo de la inacción pública al sector privado) y limitar el gasto en obra pública clientelista. La crisis petrolera –profundizada por el “programa económico” que frena la producción– implicará un aumento del gasto público, lo mismo que la crisis sanitaria (compra de vacunas). Y si el tipo de cambio va por arriba de lo presupuestado, el gasto también crecerá.

La “buena suerte” de la Argentina que enfrenta precios altos de sus exportaciones y la llegada de dólares de regalo del FMI (casi US$4400 millones por distribución de Derechos Especiales de Giro) puede ser una mala noticia para la inflación. ¿Por qué? Porque entre otras razones la bonanza permitiría postergar ajustes tarifarios, retroalimentando el déficit fiscal y obligando al Tesoro a volver a recurrir al financiamiento del Banco Central. Con una demanda de pesos estabilizada (¡roguemos que no caiga!) el escenario deriva en más inflación.

“La ‘buena suerte’ de la Argentina por los precios altos de sus exportaciones y la llegada de dólares de regalo del FMI puede ser una mala noticia para la inflación, porque se podrían postergar ajustes tarifarios retroalimentando el déficit fiscal”

Queda el otro “instrumento”, de atrasar el tipo de cambio. Sin embargo, si bien el Central puede “anclar” el dólar, no está en condiciones de anclar las expectativas de devaluación (y tampoco puede anclar las expectativas de inflación). Además, no controla –no completamente, al menos– las otras cotizaciones del dólar.

El “programa antiinflacionario” descripto en estos párrafos es precario, lleno de hechizos, y solo se sostiene por la temporaria prudencia fiscal de los últimos meses que permitió (monetariamente hablando) “pasar el verano”. Ahora solo queda “pasar el invierno”, pero para que el programa en cuestión evite escalar por arriba del 50% anual de inflación se va a requerir menos brujería y más trabajo serio.