Un torbellino invisible comenzó a desatarse entre empresarios y gobernadores

Pablo Fernández Blanco
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13 de septiembre de 2019  • 00:15

Miguel Gutiérrez pensó en empezar a armar la carpetita dos días después de las PASO. A las 9.30 de ese martes el presidente de YPF había escuchado a Mauricio Macri anunciar el congelamiento de los combustibles que reduciría los ingresos de la mayor empresa industrial del país. Una vez más, los votos pudieron más que los negocios: el Estado controla YPF y había tomado una decisión en contra de los intereses de la petrolera tras la derrota electoral.

Gutiérrez trasladó la idea al papel cuando el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo el 28 de agosto por la tarde que el país avanzaría en la reprogramación de la deuda pública. El ejecutivo iniciará esta semana una ronda de visitas políticas. El primero en la lista es el Gobierno. Está dispuesto a ver a Mauricio Macri, la primera parada en un camino que, espera, lo conducirá hasta las oficinas de Alberto Fernández, de Roberto Lavagna y de los gobernadores para difundir su conclusión: si el congelamiento de precios en los combustibles y el gas se extiende, en diciembre hay dificultades para trasladar el costo íntegro de la devaluación a los precios y la renegociación de deuda pública que haga el próximo gobierno se toma más de 12 meses, deberá recortar generosamente sus inversiones.

Nadie lo dice en voz alta, pero el denominado reperfilamiento de Lacunza echó arena a un engranaje de endeudamiento de provincias y empresas que tiene en vilo a gobernadores, altos ejecutivos y dueños de grandes compañías. En un mar de diferencias con respecto a 2001, quizá sea una de las orillas de la economía que más se parezca a aquella época tormentosa. Después de todo, entre los motivos por los cuales la familia Perez Companc vendió su petrolera a la brasileña Petrobras en 2002 figuraba la abultada deuda en un país donde el acceso al crédito se había vuelto imposible.

El problema es complejo, pero se puede explicar de forma sencilla: si el país no paga sus deudas en línea con lo que estaba pautado, ¿quién querrá prestarles a sus gobernadores y compañías para refinanciar sus pasivos?

Los ejecutivos de YPF intuyen la respuesta. El próximo 30 de septiembre les vence una emisión internacional de 300 millones de francos suizos -tienen un valor similar al dólar- que cotiza en la SIX Swiss Exchange. Es muy probable que nadie quiera prestarle a la compañía, cuya tranquilidad financiera descansa en los US$1000 millones de caja que separó para pagar deuda.

Un trozo del futuro posible le cayó ayer a IRSA. A la empresa dueña de los principales shoppings del país le venció una obligación negociable el lunes, que pagó en tiempo y forma. El problema es que todavía los acreedores extranjeros no recibieron su parte por la restricción que impuso el Banco Central a la salida de capitales: ninguna empresa jurídica puede transferir dividendos a cuentas de terceros en el exterior. Si a los 30 días de la fecha del vencimiento no se cancela la deuda, la empresa de Eduardo Elsztain entraría en default técnico. Ayer IRSA sacó un comunicado en el cual recomienda a los inversores "consultar con los bancos custodio que correspondan acerca de la normativa cambiaria".

Los petroleros conversan estos temas desde hace tiempo en un grupo que pretende ser la AEA del gas y el crudo, pero aún no tiene nombre. Recalan allí Marcos Bulgheroni (PAE), Germán Macchi (Pluspetrol), Teófilo Lacroze (Raízen), Sean Rooney (Shell) y Dominique Marion (Total), entre otros.

Las dificultades van mucho más allá de quienes hacen negocios con la geología. A principios de mes, Moody's bajó las calificaciones de Banco Macro, Hipotecario, Supervielle, Banco Ciudad y Tarjeta Naranja, entre otros, algo que les resta interés a los inversores y dificulta sus objetivos de refinanciación. Es una pequeña muestra de lo que ocurre con la deuda corporativa en el país.

Si los ejecutivos de empresas con vencimientos no tienen el auxilio de los US$1000 millones con los que cuenta YPF ni la posibilidad de ajustar inversiones, merodearán con la posibilidad de una cesación de pagos. ¿Quién les garantiza que para evitarla podrán aumentar sus ingresos cuando el candidato que más votos sacó propone un acuerdo de precios y salarios?

El dato positivo es que la pregunta anterior se pondrá a prueba pocas veces en el mediano plazo, ya que los vencimientos internacionales son escasos. El año próximo, por ejemplo, IRSA tiene uno de US$71 millones y el Banco Hipotecario, otro por US$350 millones.

En 2021, la montaña será más alta. Habrá seis vencimientos por más de US$1600 millones que incluyen a YPF -se lleva la mayor parte-, PAE, Cablevisión, Mastellone, Transener y CGC.

El capítulo público está en manos de los gobernadores. Alcanza con cambiar algunos de los términos anteriores por otros usados en la contabilidad provincial para explicarlo. Allí no hay congelamiento de precios, sino estancamiento de la actividad económica que golpea su recaudación. Tampoco inversiones, sino la necesidad de cumplir con el pago de los sueldos, la atención en hospitales y, eventualmente, avanzar en obra pública.

Por el lado de las provincias, la más comprometida es Buenos Aires. El año próximo tiene tres vencimientos por un total de US$2150 millones. En la lista también están Neuquén y Córdoba. Salta y Jujuy, en cambio, tienen los primeros vencimientos en 2022.

El ejercicio subterráneo que está haciendo el temor a la deuda comenzó a desplegar un movimiento de pinzas que se cerrará sobre la cabeza del próximo presidente, quien tendrá apuro para renegociar los pasivos soberanos, porque su demora le puede costar la salud financiera a las empresas y el pago de sus boletas a los gobernadores.

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