Una ley para alentar las obras viales y energéticas

Alejandro Adem
Alejandro Adem PARA LA NACION
Es necesario regular la asociación del sector público con el privado
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6 de noviembre de 2016  

Sin dudas, la Argentina necesitará desde ahora y en los próximos 20 años nuevas inversiones. Pero dentro de este gran conjunto de inversiones, quizás las más urgentes sean aquellas destinadas a mejorar y ampliar la infraestructura instalada. Es que, aun en un contexto macroeconómico, político e institucional más estable, hay inversiones privadas que no pueden materializarse con la infraestructura que tiene hoy el país.

No nos referimos sólo a la evidente y obvia cuestión energética, sino también al transporte terrestre y marítimo, y a las telecomunicaciones. La falta de inversiones en los últimos años en todos y cada uno de estos rubros impiden una estrategia de recomposición gradual y por etapas. Por el contrario, la mejora en materia de infraestructura que se necesita debe ser no sólo integral y rápida; además, debe respetar los más altos estándares de eficiencia y transparencia. Está claro que el desafío es enorme y que, por ser justamente enorme, no podrá lograrse si el Estado actúa en soledad.

El involucramiento del sector privado en la planificación, desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura es imprescindible. Y eso no es posible sin una normativa moderna que regule y defina las reglas de juego de la interacción entre el sector público y el privado. La cuestión estuvo entre las más comentadas entre los hombres de negocios (del país y del exterior) que participaron del Foro de Inversiones y Negocios que se hizo en septiembre en Buenos Aires.

En este marco, la necesidad de una ley de Asociación Pública Privada (APP), que no sólo defina los lineamientos que regirán la relación entre el sector público y privado en los proyectos que se lleven adelante conjuntamente, sino que también fije parámetros estrictos en lo que hace a financiamiento, procedimientos de selección y control de la ejecución física y presupuestaria, resulta innegable.

La ley es sólo una condición necesaria para avanzar con un plan integral de infraestructura, que conlleve el involucramiento en distintas dosis del sector público y del privado. No es más que el principio de un muy largo camino que habrá que recorrer en los próximos varios años. Hay buenas señales respecto de la participación que tendrá el sector privado en proyectos de infraestructura. Una buena noticia es que la Argentina va de a poco generando las condiciones macroeconómicas para que el sector privado esté interesado en involucrarse en grandes proyectos de inversión. Desde la baja de la inflación hasta el fin del cepo y el restablecimiento de las relaciones financieras con el resto del mundo, son muchos los factores que hacen hoy a la Argentina un destino de interés para la inversión por parte del sector privado.

En resumen, como en muchos otros desafíos que enfrenta el país, no hay soluciones mágicas para resolver el gran déficit de infraestructura. Sin embargo, y a diferencia de otras etapas, una serie de factores permiten hoy el optimismo.

El autor es socio de Deloitte y responsable del Departamento de Clientes e Industrias

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