Una nueva ola de juicios complicará la poscuarentena
Desde el 20 de marzo la cuarentena por el Covid-19 tuvo su espejo en la feria judicial dispuesta por la Corte Suprema salvo para cuestiones urgentes; y, aunque el final no está a la vista en ambos casos, cada vez son más los especialistas que pronostican una oleada de presentaciones cuando los tribunales de distintos fueros vuelvan a funcionar.
Esta derivación judicial en ciernes es, por ahora, uno de los riesgos menos visibles de la crisis económica agravada por la pandemia global, que tomó desguarnecida a la Argentina y, a medida que se extienden las restricciones en el AMBA, la está conduciendo a la peor recesión de la historia, con un desplome del PBI de -13% en 2020.
Detrás de la paralización de numerosas actividades no esenciales, caída de ingresos, acumulación de deudas de todo tipo (tributarias, bancarias, comerciales, expensas, servicios públicos, etc.), ruptura o rescisión de contratos (alquileres, construcciones), suspensiones de personal y cierres de comercios con inevitables despidos, se están gestando potenciales juicios laborales, civiles, concursos preventivos y quiebras. A estos se suman previsibles reclamos judiciales ante el fuero de seguridad social por la suspensión hasta fin de año de la movilidad automática en los haberes de jubilados.
Otra preocupación empresarial es el repunte de los juicios por accidentes laborales en los meses previos a la cuarentena, atribuido a la demora en conformar los cuerpos médicos forenses en el ámbito de la justicia laboral de las 15 provincias que adhirieron a la nueva ley de riesgo de trabajo sancionada hace tres años. De ahí que surgieran fallos con indemnizaciones insólitas al margen de la ley, en función de las cuales los peritos cobran sus honorarios y que en varios casos debieron ser rechazadas por la Corte Suprema.
Toda esta perspectiva amenaza con agudizar la crónica saturación de trámites en los juzgados y alargar aún más los plazos de procedimientos y sentencias, que no se caracterizan por su celeridad. Para peor, complicaría seriamente la incierta etapa poscuarentena, donde se diluye una recuperación en forma de "V" y pasó a estar comprometida la supervivencia de no pocas empresas de diferentes sectores.
Hace un mes, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) lanzó la primera alerta al proponer por escrito al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, una serie de medidas para reducir la judicialización de conflictos y proteger al entramado empresario. Entre ellas, la creación de instancias administrativas de mediación privada para resolver controversias sin ir a juicio; adecuación de la legislación concursal a la imprevista emergencia sanitaria; suspensión temporal de medidas cautelares, embargos y ejecuciones fiscales por obligaciones incumplidas a raíz de la cuarentena; articulación de las moratorias pre y pospandemia para regularizar las deudas tributarias y recuperar la recaudación sin destrucción de empresas, así como esquemas de financiamiento de pasivos con el sistema financiero.
El contador neuquino Edgardo Phielipp, directivo de la CAC, explica que en la actual emergencia las prioridades son abonar salarios, servicios esenciales y alquileres, antes que impuestos. Y sostiene la necesidad de discutir cuanto antes cómo evitar que la morosidad de pagos desemboque en la destrucción de empresas, que generaría más deudores y acreedores en la cadena de valor. También recuerda que en las crisis de 1989/90 y 2001/02 se adoptaron regímenes excepcionales basados en la teoría de la imprevisión, para evitar una explosión de litigios judiciales y achicar daños. Sin medidas de este tipo, prevé decenas de miles de concursos preventivos y juicios de larga e incierta duración que perjudican a los acreedores.
Hacia fines de su gestión y cuando la actual recesión transitaba el segundo año, el gobierno de Mauricio Macri había enviado en septiembre de 2019 al Congreso un proyecto de Código Civil y Comercial para ordenar, transparentar y agilizar los procesos de concursos y quiebras en la justicia nacional y federal. Incorporaba audiencias orales entre el juez y las partes para promover conciliaciones y sanciones por hechos o pruebas no veraces cuya investigación judicial alarga los procesos. Esta iniciativa integraba el programa Justicia 2020, que fue desactivado por el gobierno de Alberto Fernández.
Desde fin de marzo, la AFIP viene suspendiendo medidas cautelares, embargos y ejecuciones fiscales con cada prórroga de la cuarentena y la feria judicial, además de haber extendido hasta el 31 de julio el plazo para adherir al régimen de facilidades de pago sancionado en diciembre. Varias provincias y municipios adoptaron medidas similares y sólo ahora la CABA anunció la condonación del ABL de junio y julio a los comercios porteños sin actividad.
Por su lado, la Casa Rosada enviará este mes al Congreso la "moratoria integral" para las deudas tributarias al 31 de julio de empresas de todo tamaño y personas humanas, con planes de hasta 120 cuotas. El tributarista César Litvin explica que esta ley ampliará los alcances de la moratoria vigente (restringida a MiPymes y asociaciones sin fines de lucro) y empalmarla con las deudas posteriores a noviembre de 2019. No obstante, propone que éstas deberían ser incluidas hasta el fin taxativo de la cuarentena y con un plan de 24 cuotas para la deuda corriente de meses subsiguientes a fin de que los contribuyentes recuperen capacidad de pago. Además, cuestiona que la adhesión al régimen restrinja la distribución de dividendos hasta fin de 2022 a las empresas que no sean pymes.
En la misma línea de reducir daños inmediatos, el BCRA extendió hasta fin de año la suspensión del cierre de cuentas bancarias e inhabilitaciones legales; amplió el plazo para presentar cheques y admitió una segunda presentación de los rechazados por falta de fondos, sin aplicación de comisiones. También suprimió intereses punitorios en las cuotas impagas de créditos hasta fin de septiembre, que serán incorporadas al final del préstamo con interés compensatorio.
Sin embargo, los juicios laborales se perfilan como el mayor problema tras la feria judicial, debido a la superposición y colisión de normas. Entre ellas, la prohibición por DNU de despidos hasta diciembre, con el pago de indemnización doble si fueran sin causa y el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que la reduce a la mitad por razones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.
El abogado laboralista Juan Carlos Cerutti, director del área Derecho del Trabajo de la consultora Plan A, considera que los préstamos del programa ATP reducen el riesgo de proliferación de juicios por reducción de salarios, al igual que los acuerdos entre sindicatos y cámaras empresarias para abonar 75% o menos a los trabajadores suspendidos o fraccionar el pago de aguinaldos. Pero advierte que el punto crítico es el cierre de pequeños comercios o empresas, en especial con trabajadores no registrados o sueldos "en gris". Y que los concursos o quiebras no eximen a las compañías de las deudas laborales. Por eso sostiene que, después de la cuarentena, los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) serán más útiles que las convocatorias para mantener a las empresas a flote, con los Repro absorbidos transitoriamente ahora por los créditos ATP, que abarcan a nada menos que 240.000 empresas con 2,4 millones de empleados.
nestorscibona@gmail.com
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