Una oportunidad para ser parte de las soluciones

A partir de la próxima semana el Congreso Nacional recuperará protagonismo político. La composición más equilibrada surgida de las elecciones del 14 de noviembre, resulta una de esas pocas oportunidades que aparecen de tanto en tanto para que el Poder Legislativo pueda ser parte de las soluciones y no de los problemas crónicos que padece la Argentina y se traducen en una economía con alta inflación y pobreza, bajísima creación de empleos privados formales y un PBI per cápita similar al de 1974.

A priori podría suponerse que, con el Frente de Todos como primera minoría en Diputados y sin mayoría propia en el Senado después de 38 años ininterrumpidos de predominio peronista-kirchnerista, el oficialismo y la oposición deberían dialogar y negociar acuerdos políticos con concesiones recíprocas para sancionar leyes y reformas trascendentes a futuro, como ocurre en casi todos los países democráticos.

Sin embargo, la previa de la renovación parcial de ambas cámaras resultó poco auspiciosa. No sólo por los insólitos juramentos de varios diputados, que antepusieron sus preferencias personales a las necesidades de quienes los votaron para que los representen.

También por la creación del bloque de 12 diputados de la UCR y de otros mini-bloques, que no lograron ponerse de acuerdo para mantener unificado el espacio opositor de Juntos por el Cambio si bien aseguran que habrán de alinearse en las votaciones. No queda claro entonces por qué, ni tampoco si será la mejor manera de negociar con el FDT, cuyos tres principales socios mantienen un evidente conflicto político–ideológico que se traslada a la zigzagueante gestión del Gobierno. Sobre todo, cuando el debut de los legisladores electos se producirá formalmente con la discusión del presupuesto nacional para 2022. Un proyecto cajoneado durante tres meses y con proyecciones macroeconómicas que murieron antes de nacer, aunque debería ser la base del programa plurianual que se negocia a nivel técnico con el FMI.

Una honrosa excepción fue la conmovedora renuncia de Esteban Bullrich (PRO) a su banca en el Senado, ante las dificultades provocadas por su enfermedad para ejercer la representación que “merecen” sus votantes bonaerenses. Su despedida significó un doble aporte. Además del llamado al diálogo, la presentación previa de un libro en coautoría, que propone dividir Buenos Aires en cinco provincias autónomas (dos de las cuales incluyen al superpoblado municipio de La Matanza), contó con la presencia de Fernando “Chino” Navarro (FDT) y Margarita Stolbizer (GEN). Este saludable gesto de convivencia no oculta que la grieta política traba cualquier reforma de fondo. Hace años, una iniciativa similar surgida durante la gobernación de Daniel Scioli ni siquiera logró llegar al Congreso.

También la grieta se apoderó del acto de ayer en Plaza de Mayo para celebrar los 38 años del retorno de la democracia con un acto partidario del kirchnerismo y sus típicos sesgos de reescribir la historia y negar la realidad, mientras apoya a regímenes dictatoriales, autocráticos y autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia o China.

La presencia estelar de Lula fue funcional a la campaña contra el supuesto “lawfare” (persecución judicial) que denuncia invariablemente Cristina Kirchner, pese a que varios de sus delitos de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito quedaron a la vista antes de ser procesada. Y La Cámpora –que organizó la convocatoria–, incluye a no pocos dirigentes que reivindican aún la lucha armada de los años ‘70 (cuando la pobreza apenas llegaba al 4% en 1974), sin admitir que fue el caldo de cultivo de la cruenta dictadura militar de 1976.

El principal mérito de la vuelta a la democracia en 1983 fue precisamente el “Nunca más” a los golpes militares y a la violencia armada en la política. Y la principal deuda sigue siendo con la economía. No hubo un “nunca más” a la inflación, salvo en los diez años de la convertibilidad y los primeros tres de Néstor Kirchner, precedidos por las hiperinflaciones de 1989 y 1990. Ni tampoco una estrategia para el crecimiento sostenido, sin políticas pendulares.

Vale recordar en este este punto cuatro datos pavorosos registrados desde fin de 1983, incluidos en el documento público que el exministro Jorge Remes Lenicov hizo circular entre dirigentes políticos, gremiales, empresariales y sociales en marzo de este año, justo cuando arrancaba la campaña para las elecciones legislativas:

1) La economía creció muy poco, a un promedio de sólo 1,6% anual (0,7% per cápita) y con alta volatilidad (21 años de crecimiento económico y 16 de caída). El acumulado fue de 80%, inferior al de América Latina (salvo Venezuela).

2) La inflación acumulada en 37 años resultó la más alta del mundo (excepto Venezuela) con un porcentaje de 20.000 millones (sic), un promedio de 58% anual y quitas de 7 ceros en la moneda.

3) La pobreza aumentó de 16% en 1983 a más de 40% a fin de 2020, cuando se redujo en América Latina y el mundo. Además, se contrajo la clase media y la posibilidad de ascenso social.

4) El país es poco competitivo (puesto 81°/86° según el World Economic Forum), la productividad es baja (equivale al 30 % de los países avanzados) y no crece desde 2000.

Además, el Estado no brinda buenos servicios; la presión tributaria es insostenible; el elevado déficit fiscal provoca el aumento de la deuda; las tasas de ahorro e inversión son muy bajas; la Justicia no funciona adecuadamente, la educación perdió calidad y cobertura; las reglas de juego cambian permanentemente y crean inestabilidad e incertidumbre. En este período, en el que tampoco se pudo conciliar el conflicto distributivo, se enfrentaron graves crisis de gobernabilidad y del sector externo, hubo una degradación de las instituciones y una perturbada vinculación con el mundo.

De poco sirve a esta altura identificar culpables aislados. A lo largo de este período hubo 26 años de gobiernos peronistas (Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina y Alberto Fernández) y 12 de no peronistas (Alfonsín, De la Rúa y Macri). Todos cometieron errores.

Lo único que está claro es que no se pueden esperar resultados diferentes en el futuro, si se sigue haciendo lo mismo que en el pasado. Para ser un “país normal” (tantas veces prometido como incumplido), la Argentina necesita reformas en materia fiscal, tributaria, laboral, previsional, educativa, política y judicial, más allá de que las exija o no el FMI. Y leyes sostenibles en el tiempo (como políticas de Estado), con mayorías especiales para que no sean reemplazadas en cada cambio de gobierno.

El Congreso tiene por delante, con su nueva configuración, el desafío y la oportunidad de contribuir a sacar al país de su estancamiento económico con alta inflación, lo cual no será fácil ni rápido y requerirá acuerdos políticos lo más amplios posibles para generar confianza. Es cierto que la grieta no ayuda, porque mantiene al país virtualmente dividido en mitades desde hace más de una década y cada una busca excluir a la otra. Pero también que esto es producto de liderazgos populistas tóxicos o muy débiles basados en encuestas de opinión pública.

Como hipótesis de mínima, la incorporación a la Cámara de Diputados de media docena de economistas con buena formación académica puede ayudar a hacer docencia y derribar mitos, instalados en gran parte de la sociedad por muchos políticos y funcionarios que rara vez trabajaron en la actividad privada y consideran al Estado como una beca para mejorar sus ingresos sin contrapartida de dedicación o servicio público. Y como hipótesis de máxima, a proponer alternativas basadas en la experiencia de otros países que tuvieron éxito en salir del pozo con tiempo y esfuerzo compartido, proporcional a cada segmento social.

En medio de la crisis macroeconómica latente que vive la Argentina, será necesario incorporar al lenguaje político conceptos básicos olvidados como austeridad y eficiencia en el manejo del gasto público. También explicar que, si no se combate la evasión de la economía en negro, de nada vale aumentar la presión tributaria. O un tuit que se viralizó en las redes durante la campaña electoral: “Pensar que imprimiendo billetes se acaba con la pobreza, es como pensar que imprimiendo diplomas se acaba con la ignorancia”.

No vendría nada mal empezar las reformas por el propio Poder Legislativo. Un reciente trabajo comparativo realizado por Gabriel Salvia, director general de Cadal, revela que el Parlamento alemán (Bundestag) está integrado por 709 diputados y cuenta con alrededor de 7000 empleados, la mitad de los cuales es personal permanente y la otra mitad ingresa y cesa con cada legislador. En cambio, el Congreso argentino lo duplica en número (casi 14.000) y llegó a tener más de 16.000 en el período 2014/2018 (con 6000 para 72 senadores). De ese total dos tercios corresponden a planta permanente y el resto a la transitoria.

Pero, además, advierte sobre la beneficencia con dinero del contribuyente, que incluye subsidios, becas de estudio y pensiones graciables, que suelen ser fuente de clientelismo político y propone cuestionar la existencia de una imprenta propia y del cuerpo de taquígrafos en plena era digital.ß