Una patronal que no es ejemplo: el empleo público, muy precarizado

Todas las mañanas, cerca de las 9, Adrián Rodríguez entra al viejo edificio de YPF en Esmeralda 255. Sube al piso 13, saluda a sus compañeros de trabajo y cumple con sus tareas cotidianas: escribe en la página web oficial, redacta algunas gacetillas y elabora folletos institucionales. A eso de las 17, sale de la oficina y se marcha para su casa.

Pese a esa rutina que repite desde mayo de 2011, Adrián está preocupado por su estabilidad en el trabajo. Es monotributista y él mismo se hace cargo de sus aportes a la seguridad social; gana $ 5400 mensuales, que siempre cobra con atraso. No tiene aguinaldo, y su salario y vacaciones no están regulados por la paritaria del sector, por lo que dependen de la discrecionalidad de su empleador. "La actualización de los sueldos fue siempre menor a lo acordado en las paritarias", resume.

Cada mes, Adrián hace una factura a nombre de la Universidad de La Matanza en concepto de "asistencia técnica", aunque la oficina en la que trabaja todos los días es la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión que depende del Ministerio de Planificación Federal. Adrián es un empleado precarizado del Estado.

Según datos oficiales, casi uno de cada tres empleados de la Administración Nacional es precarizado, esto es, no tiene un vínculo laboral estable. Además, de acuerdo con datos del Indec, 12,2% de los empleados públicos en el país no estaban registrados por su empleador, lo que significa que el Estado no paga sus aportes y contribuciones.

Los datos de empleo público se esconden en un kafkiano laberinto gubernamental. Sin embargo, obligada por la trampa de un decreto propio (el 312/10), la Jefatura de Gabinete se obligó a consolidar en un informe sobre el porcentaje de cargos y contratos de personas con discapacidad en la administración nacional -actualizado al segundo semestre de 2012-, el valioso dato del total de los trabajadores de ministerios y entes descentralizados.

De acuerdo con ese documento oficial, el 26,4%, o sea, unos 83.329 empleados de ministerios y entes descentralizados del nivel nacional, aparecen en planta transitoria, bajo el paraguas del llamado "artículo 9", o vinculados con el Estado a través de diferentes contratos.

Se trata, según dos abogados laboralistas consultados por LA NACION, de trabajadores en una situación laboral precaria, ya que se estima que la gran mayoría cumple tareas de personal permanente.

El informe con el sello de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), que depende de Juan Manuel Abal Medina, señala que el total de los empleados públicos en la administración central es de 315.583. Sin embargo, ese documento aclara que 23 de las 183 jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas se negaron a informar la cantidad de trabajadores a su cargo actualmente.

No obstante, según datos del año pasado de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (Dinrep), esos mismos organismos nacionales suman 571.713 trabajadores -esta información agrega a las universidades nacionales, y a los poderes Judicial y Legislativo-. Esa plantilla laboral se expandió 15,4% desde 2008. Sin dar una estimación porcentual, economistas privados afirman que, tomando esta última cifra, la precariedad laboral sería mayor.

La misma fuente oficial estima que la cantidad de empleados públicos en todo el país sería de 3.321.439 a fines de 2012. Desde 2008, el empleo público creció 19,2%, lo que significa que hubo 535.032 puestos nuevos de trabajo. Si se compara con el promedio de 2000/2002, surgen 1,14 millones de empleos en el Estado.

Datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), sobre la base de información oficial, estiman que el mayor crecimiento en la plantilla laboral pública entre 2000/2002 y 2012 se registró en los municipios (77 por ciento). Luego aparecen las provincias (47%) y finalmente, el Estado nacional (33 por ciento).

No obstante, el porcentaje récord lo detentan las empresas públicas, sobre todo luego de la estatización de algunos ferrocarriles, YPF (que absorbió a Metrogas), Aerolíneas Argentinas y el Correo (más de 250 por ciento). Este grupo, a los que se suman los bancos públicos, agrupa a cerca de 100.000 empleados, muchos más de los 27.000 de los 90 y menos de los 340.000 del promedio de trabajadores de los 80.

Un desagregado provincial elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sobre la base de datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del Indec, que no incluye a empleados que dependen de la Nación, estima para fines de 2011 la existencia de 311.303 trabajadores públicos (12,2%) a los que el Estado no les paga aportes y contribuciones. Se trata de un crecimiento de una décima en relación con 2010.

Modalidades de precariedad

En la actualidad, existen diferentes vínculos entre el Estado y sus trabajadores. En primer lugar, aparece la planta permanente (PP). Según varias fuentes consultadas en diferentes ministerios, los concursos para ingresar a la misma están estancados hace años.

Debido a este congelamiento, las PP incluyen generalmente a empleados públicos de antaño. En la PP se respetan la estabilidad laboral y la relación de dependencia y se ofrece expectativa de carrera administrativa, con todos los derechos laborales que marca el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/06.

Irónicamente, y a pesar de la publicación de los datos oficiales consolidados por Abal Medina, el artículo 156 de ese convenio afirma -al ratificar una norma anterior- que el personal no permanente de las jurisdicciones y entes descentralizados no puede superar el 15% del total.

Luego aparece la planta transitoria (PT). Ésta se renueva anualmente a través de un decreto que se publica en el Boletín Oficial. Además de que no contempla estabilidad -como exige el artículo 14 bis de la Constitución Nacional- muestra algunas desventajas salariales en relación con la PP. "Por adicional por título te pagan un 20% del sueldo y no un 35% como en la planta permanente. También se calculan diferente las vacaciones", cuenta un trabajador del Ministerio de Trabajo, al dar un ejemplo.

Una de las modalidades de vinculación más extendidas es la que se enmarca en el artículo 9 de la ley 25.164 (conocida entre los trabajadores como la antigua "resolución 48"). Como en la planta transitoria, se reconoce la relación con el Estado (se pagan aportes y contribuciones), pero no hay estabilidad asegurada. Además, también existen desventajas salariales. Los contratos del "artículo 9" son sin expectativas de continuidad -pueden no renovarse-, por lo que funcionan como una gran herramienta de disciplinamiento político. No se cobra indemnización por rescisión anticipada del contrato. Una gran cantidad de empleados públicos aparece hoy bajo este paraguas.

Luego hay diferentes tipos de contratos, como los de locación de servicios en el marco de convenios con organismos internacionales (Pnud, BID, OACI, BIRF, etcétera), de obra (encuadrados bajo decretos 1023/01 y 436/00) y otros grupos de contratos fijos o eventuales. Por último, aparece el personal -en muchos casos, monotributistas- que recibe honorarios a través de entes cooperadores (un invento de los años alfonsinistas) o de universidades. Esta última modalidad nació en los 90, pero creció fuertemente con el auge de las casas de estudio bonaerenses en los últimos años.

"Los contratos con universidades, como el mío, son muy precarios y a la vez pueden hacer grandes negocios con las casas de estudio a las que por cada factura se les paga una comisión de entre el 10 y hasta el 30 por ciento del sueldo", cuenta Rodríguez, que también es delegado de ATE en el organismo que dirige Julio De Vido.

"La figura de los trabajadores contratados ha proliferado, y podríamos decir que ello no obedece esencialmente a una necesidad organizativa de la administración, sino más bien se sustenta en el arcaico sistema de clientelismo político que requiere sortear el ingreso por concurso", afirma un documento sobre el tema elaborado por Mariana Amartino, abogada de ATE especializada en cuestiones laborales.

"Este tipo de contratos nacieron en el 99 con el congelamiento de los concursos", indica Omar Autón, secretario de Profesionales de la comisión directiva del gremio UPCN, el sindicato estatal más grande.

"Cuestionamos esta relación laboral que no reconoce la dependencia. Es necesario un sinceramiento muy profundo de las estructuras del Estado", dice el gremialista, que afirma que el año pasado hubo 15.000 puestos presupuestados para PP que no se ocuparon.

La precarización laboral en el Estado es una herramienta de disciplinamiento político también para la Justicia. El lunes pasado un fallo de la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo afirmó que la inestabilidad laboral que sufría la ex coordinadora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desplazada del Indec, Marcela Almeida, había facilitado "las prácticas persecutorias y discriminatorias" a las que fue sometida. La matemática había ingresado en 2003 al organismo, con un contrato de cooperación técnica de la dirección estadística de la ciudad de Buenos Aires y siguió con ese mismo vínculo hasta fines de 2007 cuando fue dejada sin tareas por Guillermo Moreno. La Justicia dictaminó que hubo "fraude laboral", ya que cumplía funciones de planta permanente.

Historias fraudulentas

"En el Ministerio de Desarrollo Social tenemos el récord de precarización laboral", afirma a LA NACION un empleado que exigió anonimato. Datos oficiales estiman que hasta 2012 había 5761 empleados en la cartera que dirige Alicia Kirchner. En planta permanente sólo hay 389. Mientras que 4914 aparecen bajo el "artículo 9" y 458, contratados bajo locación de servicios.

"Somos 7000 empleados y menos del 5% es planta permanente", desafía la fuente. "Es el paraíso del clientelismo. Si no militás en Kolina no mejorás tu situación laboral."

En el Ministerio de Trabajo había a fines del año pasado 3910 empleados. Sólo unos 1125 estaban en planta permanente, mientras que 2753 aparecían vinculados a través del "artículo 9" y 32 son de planta transitoria o contratados. "Acá se entra a través de un contrato vía Pnud y después de un tiempo se pasa a ser artículo 9", dice Hernán Izurieta, delegado de ATE en esa cartera.

En esa dependencia oficial se abrieron unos 270 concursos en 2010 y actualmente hay un proceso de 490 abiertos. "Necesitamos tres décadas ganadas para que el ministerio se ponga a tono", ironizó, no obstante, Izurieta.

"Éste es el ministerio de la injusticia", denuncia Isabel Vieyra de Abreu, delegada general de ATE en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que, según datos oficiales, hay 1988 trabajadores, de los que la mayoría aparece en la planta permanente. Sin embargo, en el gremio afirman que, en una especia de estructura paralela, hay unos 6000 contratados vía entes cooperadores que dependen de esa cartera. "Acá La Cámpora entró como loco porque el que maneja todo es Julián Álvarez [actual secretario de Justicia]", confirma la delegada.

En el Ministerio de Economía hay 3925 trabajadores, de los que sólo 1188 están en planta permanente. Unos 2651 son "artículo 9" y el resto, contratados. "Todo es un gran fraude laboral", critica un empleado de la cartera de Hernán Lorenzino que pidió anonimato. Allí -cuentan- se abrieron desde enero sólo 160 concursos. "La plata para los concursos en el presupuesto está, pero se usa para otra cosa a través de reasignaciones por superpoderes", dice el trabajador del organismo que este año vivió 22 días de paro en la Secretaría de Hacienda por la eliminación, a través del decreto 324/11, de varias compensaciones adicionales que cobraban los empleados.

Salarios que son insuficientes

Los bajos sueldos son otra forma de precarización

No sólo el vínculo laboral entre los trabajadores y el Estado aparece precarizado desde hace años. También los salarios empezaron a licuarse gracias a la inflación. Según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que publicó días atrás este diario, el promedio salarial para los trabajadores del Estado nacional es de 6000 pesos. Sin embargo, para los empleados provinciales la cifra es de $ 2850 mensuales y para los municipales, de 1170 pesos. El salario mínimo, vital y móvil en la Argentina es de $ 2875. Según la Federación de Sindicatos Municipales Permanentes, el 68% de los trabajadores bonaerenses no está en planta permanente y tienen básicos de 736 pesos. Según otro gremio municipal, el 50% de esos trabajadores cobra por debajo del salario mínimo en el país.

• 1 de cada 3 empleados
  
  Sin vínculo estable
  
  Son los trabajadores de ministerios y organismos en puestos de baja calidad