Uruguay quiere inversión privada en el sector público

MONTEVIDEO.- El gobierno uruguayo impulsa una reforma legal para habilitar inversiones privadas en áreas públicas, lo que incluye la adecuación de la infraestructura de transporte, grandes obras del Estado, cárceles de seguridad e incluso hospitales y locales de salud pública y centros educativos.

Ayer se realizó un foro empresarial sobre las características del futuro marco jurídico, en el que quedó expuesto el fuerte interés de inversores por involucrarse en obras del Estado mediante el nuevo mecanismo.

Representaciones diplomáticas de países extranjeros ya solicitaron entrevistas a las autoridades del gobierno de José Mujica e hicieron ronda con analistas locales, a efectos de abrir paso a empresas foráneas, de origen muy diferente, como Europa, Norteamérica y Oceanía.

El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Luis Porto, dijo a La Nacion que ese organismo tendrá a su cargo la instrumentación de muchos de estos proyectos y que ya trabaja en cuatro casos. Dos son cárceles de 900 plazas cada una, otro es un centro de convenciones para Punta del Este, y el último, uno de gran magnitud, está referido a la reestructuración de las rutas de transporte.

El vicepresidente Danilo Astori destacó que Uruguay tiene un potencial de crecimiento fuerte, pero que para concretarlo requiere modernización de su infraestructura. Y mediante el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) es que se buscan canalizar las inversiones para esas obras.

"Es un nuevo tipo de instrumento que funcionará en los contratos de asociación público-privada", lo que permitirá que "el país pueda crecer más de lo que el presupuesto del gobierno le permite, manteniendo la prudencia fiscal", dijo ayer el ministro Fernando Lorenzo en el foro organizado por la consultora Deloitte. "Los proyectos que van a ser viabilizados a través de esta norma colectiva son complejos", comentó.

Porto explicó a La Nacion que el nuevo marco legal dará amplias facultades para la asociación y para que el sector privado comparta riesgos y beneficios con el Estado. En el caso de las cárceles, las construirá el inversor privado y tendrá derecho por un plazo que puede ser de 20 años para cobrar servicios que en ese caso pueden ser internos del penal, como limpieza, alimentación, desratización, pero que también podrán involucrar trabajos internos que se realicen con los reclusos.

En el foro, Porto dijo que ya hay unos 30 proyectos de participación público-privada que "dan vuelta" por diferentes ministerios a la espera de la aprobación de la ley. La estimación del gobierno sobre inversiones captadas por esta vía durante el actual quinquenio es de US$ 1800 millones, lo que equivale a cuatro años de lo que invierte el gobierno central en todos sus ministerios. El interés extranjero quedó a la vista con la exposición del director general de Carreteras del gobierno de Aragón, Antonio Ruspira, experto en este tipo de contratos.

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