Subsidios. Les pagarán más a las petroleras por temor a que falte gas local

Preocupados por la fuerte caída en la producción de gas, que podría derivar en más importaciones de GNL y combustibles líquidos para el invierno que viene, el Ministerio de Desarrollo Productivo se prepara para anunciar un nuevo programa de estímulo, que generaría mayores inversiones en los pozos gasíferos.

Se trata de una iniciativa que el Gobierno tiene en carpeta desde comienzo de año, pero que recién ahora podrá implementar por las complicaciones que generó la pandemia. El programa, al que llamarían Plan Gas 4.0, tendría también como objetivos disminuir el costo fiscal y ayudar a mantener una balanza energética superavitaria.

"Como ahora está todo parado en gas, si no hacemos algo pronto se nos va a complicar. Queremos que los productores tengan asegurada una demanda de largo plazo a un precio razonable que les permita realizar inversiones. Puede tener un costo fiscal, pero después remunerará en menores importaciones y salidas de divisas", explicaron en el Gobierno.

En principio, podría tratarse de un programa por cuatro años, que comenzaría en agosto, y permitiría generar certidumbre en un tiempo razonable y dentro del mismo mandato del Gobierno. En el Ministerio de Desarrollo Productivo tampoco descartan que el programa se cierre a través de un acuerdo entre productores, distribuidoras y Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.

El precio de incentivo podría ser un monto fijo de US$3,50 por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) o un valor más alto al comienzo, que disminuye en el tiempo. La explicación detrás de esta última opción es que hay muchas empresas que arrancarían con los pozos de cero, y necesitan un mayor ingreso al inicio hasta disminuir los costos. Hoy, las tarifas de distribución representan un precio de US$2,66, que está por debajo del costo de producción, según coinciden las empresas petroleras.

La Secretaría de Energía luego definirá el precio que se trasladará a tarifas. De ser inferior al precio de incentivo, el diferencial quedará a cargo del Estado a través de subsidios. A su vez, se le abonará a cada productor la brecha entre el precio facturado y el precio incentivo. Los productores que accedan al beneficio deber sostener la producción y aquellos que la aumente, tendrán prioridad de asignación.

El programa ya fue presentado a los productores y a las provincias y, según coinciden todos los actores, hubo un mayor consenso que cuando se intentó implementar el barril criollo para el incentivo a la producción de petróleo. En este caso, se trata de una política en la cual todos ganan: el Estado invierte en subsidios ahora para no tener que comprar más caro luego con importaciones y perder divisas; las productoras vuelven a producir con precios que cubran sus costos, y las provincias se benefician con la mayor actividad hidrocarburífera.

De esta forma, se llevaría adelante el quinto programa de estímulos a la producción en los últimos 10 años, luego de los primeros tres plan gas que implementaron en su momento el ministro de Economía Axel Kicillof y luego el ministro de Energía Juan José Aranguren. El último programa de estímulo fue la resolución 46, que todavía está vigente y vence dentro de un año y medio. Otro de los detalles que faltan arreglar sería como empalmar un programa con el otro.

En relación con las tarifas, en el Ministerio de Desarrollo Productivo indican que "el panorama no da para aumentar hoy y se verá en unos meses". Hasta fin de mes rige todavía la ley de Solidaridad, que fijó las boletas por 180 días. Las tarifas de gas no se actualizan desde abril del año pasado.

El barril criollo no se cumple

Luego de implementar el barril criollo, el pasado 19 de mayo, hay pocas transacciones que se cierran con el precio sostén de US$45. Lo que ocurre es que las refinadoras –entre las que se encuentran Raízen (opera las estaciones Shell) y Trafigura (Puma Energy)– tienen todavía almacenado la nafta de por lo menos para dos meses más, que compraron en las semanas previas al decreto. En el Gobierno admiten que la normativa tardó en salir y eso generó que las refinerías se abastezcan con precios más bajos.

Las otras dos refinarías más importantes del mercado, YPF y Axion (Pan American Energy), son empresas integradas que compran así mismas el petróleo. El barril criollo es solo un número contable dentro de sus operaciones por el cual pagan regalías a las provincias.

Ante esta situación, en los últimos días aumentaron las solicitudes de permisos de exportación. Sucede que a nivel internacional, la demanda ya comenzó a reactivarse y eso también impulsó la cotización del Brent –el valor que se toma de referencial en el mercado local–, que hoy se encuentran en torno a US$39. Además, con el decreto del barril criollo se reglamentó el nuevo régimen de retenciones, que establece en 0% los derechos de exportación cuando el precio internacional es igual o menor a US$45.

"El productor de crudo hoy gana más plata por exportar que por vendérselo a las refinerías al precio que pueden pagar. Las refinerías dicen que solo pueden pagar US$36, por los precios actuales en surtidor y la devaluación. Más de eso les da pérdidas. Entonces el exportador prefiere obtener esos US$36 exportando el crudo y sin tener problemas con el Gobierno, que implementó el barril criollo", explica un actor del mercado, en off.

El problema mayor es para los gobernadores, que terminan recibiendo regalías por el precio de exportación, menores a los US$45 si el barril se vendiera en el mercado local. El otro problema se ve en las refinadoras, que siguen sin reactivar, lo que podría derivar en suspensiones de empleados a futuro. Además, mientras que todavía hay almacenado naftas para unos meses, en el gasoil la situación es distinta, y el país podría importarlo ante la falta de procesamiento.