Vía libre a la expropiación de Aerolíneas

La expropiación de las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral por parte del Estado ya tiene vía libre legal. La ley 26.466 aprobada en el Congreso el pasado miércoles y promulgada el lunes entró en vigor al ser publicada en el Boletín Oficial anteayer.

El polémico traspaso de las empresas controladas por el grupo español Marsans al Estado, por las diferencias entre las partes en la valuación de la compañía, entraría así en su fase definitoria, a menos que prospere una negociación de último momento que estaría encarando el grupo español con el Gobierno.

Cabe recordar que las diferencias en la valuación de la empresa eran más que considerables. Sustentado en una evaluación del Tribunal de Tasación, el Gobierno decía que, si se descontaba la deuda, Aerolíneas y Austral tenían un valor neto negativo de 600 millones de dólares. Marsans, en cambio, sobre la base de un estudio del banco Credit Suisse, afirmaba que el valor de la ex línea de bandera era de 60 millones de dólares, y el de Austral, de entre 280 millones y 430 millones de dólares

Según la ley publicada en el Boletín Oficial, se declaran "de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas". La ley indica, además, que "para garantizar la continuidad y seguridad del servicio público de transporte, el mantenimiento de las fuentes laborales y el resguardo de los bienes de las empresas", el Poder Ejecutivo ejercerá "desde el momento de la entrada en vigencia" de la ley "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren".

Para ello, se aclara que la primera mandataria, Cristina Kirchner, "instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de las empresas" y que "las operaciones y las adecuaciones presupuestarias que correspondan realizar a tal efecto, serán informadas a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones".

En tanto, se autoriza la "cesión de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral y de sus controladas hasta un máximo del diez por ciento de sus paquetes accionarios, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada".

En cuanto al funcionamiento, se establece un plazo de 180 días para la formulación de un "Plan General de negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo", que será informado a la Comisión Bicameral. Ese programa deberá "contemplar, especialmente, las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo", según reza la ley.

En su artículo cuarto, la ley indica que "no habiendo avenimiento", la Procuración del Tesoro de la Nación "promoverá el juicio de expropiación respectivo". Finalmente, se concluye en que el Ejecutivo "instrumentará todos los mecanismos que la ley provee a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas, de aquellos que se hubiesen originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores".

Y advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales por irregularidades administrativas. "Se presentará en todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios, los administradores de dichas empresas o aun terceros, hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad; y denunciará los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento por dicha gestión". Hoy la empresa es conducida de hecho por Julio Alak, funcionario designado por el Gobierno como gerente general.

No bien fue aprobada la ley, el grupo Marsans demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El holding busca la "compensación monetaria por la confiscación que el Estado argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años".