Vicentin. Dura advertencia de los empresarios al Gobierno por la intervención

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industria Argentina (UIA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) advirtieron esta noche sobre la decisión de intervenir y la intención de expropiar Vicentin, iniciativa que fue anunciada sorpresivamente ayer por el presidente Alberto Fernández.

Las tres entidades empresarias cuestionaron que el Gobierno decidiera intervenir una empresa privada mientras cursa actualmente un proceso de acreedores en la Justicia, calificaron a la iniciativa como "grave" (AEA) y alertaron sobre el impacto que puede tener en el desarrollo del sector privado, las futuras inversiones y el empleo en la Argentina al atacar la seguridad jurídica en el país. AEA, en tanto, reclamó que el Poder Ejecutivo revea la decisión.

En un comunicado difundido esta noche, AEA señaló que "rechaza la intervención y el proyecto de expropiación" de la empresa santafecina. "Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores", indicaron los empresarios.

"Este hecho es grave puesto que la seguridad jurídica es un atributo central que proporciona la confianza imprescindible para que se lleven a cabo las inversiones productivas que imperiosamente requiere nuestro país", señaló AEA en su comunicado.

"La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina", cerraron.

La UIA fue, en tanto, más cautelosa en la decisión oficial. "Con relación al anuncio de la intervención transitoria y el ulterior tratamiento de la ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para la declaración de utilidad pública y expropiación de la empresa, la Junta Directiva manifestó la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad", reclamó la entidad que conduce Miguel Acevedo.

"Esto es una condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión. Ambas serán fundamentales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y el empleo", agregó luego de la reunión de Junta Directiva que llevó a cabo hoy.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa también manifestó su "desacuerdo" con la intención de intervenir la empresa y expropiarla. "En momentos en que los argentinos debemos estar unidos para lograr superar la crisis que estamos viviendo, consideramos que la presente iniciativa solo tiende a dividir a la sociedad, pasando por alto todos los mecanismos legales e institucionales que existen en nuestro país para administrar situaciones como la que afronta la empresa en cuestión", razonó el Consejo Directivo de la entidad empresaria.

"Los hombres y mujeres de empresa en ACDE entendemos que el trabajo y la iniciativa privada de los argentinos son los bienes que debemos cuidar con mayor empeño en esta etapa del país tan delicada", dijeron y agregaron: "Consideramos que el accionar del Gobierno para con Vicentin no solo no garantiza los puestos de trabajo a futuro sino que produce un quiebre en la división de poderes garantizada por nuestra Constitución, que en el largo plazo solo contribuirá a que hayan menos inversiones y menos empleos en el sector privado".

"Hacemos un llamado a todos los actores de la dirigencia argentina: la política, el empresariado, los sindicatos y las organizaciones sociales, junto a la Iglesia y todos los demás credos, para que con espíritu solidario pensemos juntos cuáles son las medidas que sí fomentarían inversiones genuinas y por ende mayor cantidad de oportunidades laborales para los argentinos", cerraron en un comunicado.

Vicentin, con plantas en varias ciudades santafecinas y más de 90 años de operaciones, entró en cesación de pagos en diciembre pasado y el 11 de febrero de este año solicitó la apertura de su propio concurso de acreedores por una deuda que asciende a los U$S1350 millones.

Ayer el Gobierno anunció la intervención de la empresa, y afirmó que enviará al Congreso un proyecto para expropiarla, de modo que quedaría bajo la tutela de YPF Agro.