Virtudes fiscales y riesgos sociales, claves para tener en cuenta

Eduardo Levy Yeyati
Eduardo Levy Yeyati PARA LA NACION
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14 de septiembre de 2015  

Shock, gradualismo, continuismo son expresiones habituales para referirse al abordaje de los desequilibrios cambiarios y fiscales. La imprecisión, propia de tiempos de campaña, es previsible: es difícil precisar la corrección necesaria cuando los desequilibrios seguirán acumulándose hasta diciembre, y ningún votante se entusiasma con el detalle de las asignaturas pendientes.

Simplificando, podríamos resumir el objeto de este malabarismo retórico en dos variables: dólar y subsidios. O, mejor dicho, devaluación y corrección tarifaria.

Con relación a esta última, la discusión suele centrarse en el ajuste de las tarifas residenciales de gas, luz y transporte urbano. De hecho, en muchos casos el aumento de tarifas es el as en la manga del economista en campaña al momento de explicar cómo reducir un déficit fiscal que, bien medido, cerrará 2016 cerca del 6% del PBI. Pero ¿cuánto ahorro fiscal es realista esperar de un ajuste de tarifas?

Pongamos algo de perspectiva. Entre 2006 y 2015, los subsidios crecieron de 1,4 a 5 pesos por cada 100 pesos del PBI. De esos 5 pesos, 2,5 subsidian las tarifas de luz y gas residencial y el transporte urbano. De esos 2,5 pesos, 1,5 van al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); el resto es distribuido en otros aglomerados urbanos y gestionados localmente, y son más arduos de eliminar. De los $ 1,50 del AMBA, el 30% de la población de mayores ingresos recibe 75 centavos; el 30% de menores ingresos, apenas 25 centavos.

En suma, en 2014 un 1,5% del PBI se destinó mayormente a subsidiar a las clases medias y altas del AMBA. Se entiende, entonces, por qué es natural poner la reducción de subsidios tarifarios al tope de la agenda de política pública.

El camino del ajuste de tarifas, sin embargo, no es lineal.

Si bien el debate de subsidios como válvula de ahorro fiscal suele partir del 5% del PBI, ya vimos que el universo de subsidios tarifarios en el AMBA es bastante menor (1,5%). Es aun menor si tomamos en cuenta la necesidad de excluir de un potencial aumento de tarifas a los hogares de menores recursos.

¿Cómo seleccionaríamos a estos hogares en la práctica? Difícil hacerlo, como se intentó muchas veces, sobre la base del consumo: la correlación entre consumo e ingreso es, en el mejor de los casos, muy débil. Pero se pueden identificar, por ejemplo, los beneficiarios de programas sociales y jubilaciones y pensiones mínimas, según la base de datos de la Anses, un filtro que deja afuera al 40% de los hogares del AMBA. (Dado que estos programas no son universales, sería tal vez necesaria la apertura de una ventanilla de autoidentificación para hogares de bajos recursos no alcanzados por estos programas, lo que recortaría aun más el ahorro fiscal).

Una vez hecho esto, ¿cuánto ahorra el fisco con un shock tarifario? Según las estimaciones de Cippec, una política de shock tarifario que eliminara selectivamente los subsidios domiciliarios en el AMBA generaría ahorros por 1% del PBI, con incrementos promedio de las tarifas de 300%.

Esto, a su vez, elevaría en casi 2% la pobreza y sumaría en lo inmediato cerca de 4% a la inflación. (Un shock cambiario en enero, al elevar el costo de la energía, requeriría un ajuste tarifario mayor).

Por otro lado, el antecedente de la suba tarifaria del gas en 2009, con su secuela de cacerolazos y recursos de amparo en la ciudad de Buenos Aires que llevaron a deshacer y postergar el ajuste indefinidamente, pone en duda la viabilidad política de aumentos porcentuales de tres dígitos en las tarifas.

Alternativamente, una corrección gradualista que actualizara todas las tarifas con la inflación (un paso lógico, dado que excluir a los que no pueden pagar más no implica que paguen menos) y que ajustara un 50% adicional (en jerga económica, "real") las de aquellos hogares con capacidad de pago, combinado con un 10% real sobre las tarifas de transporte, traería un ahorro fiscal del 0,6% del PBI.

¿Cuál es la corrección deseable? La respuesta es un tema opinable. Por ejemplo, el ejercicio anterior indica que la distancia del gradualismo al shock tarifario equivale a un ahorro adicional inferior a 0,4% del PBI. Naturalmente, hay mucho más que se puede hacer en este frente, incluyendo una racionalización del gasto en los subsidios a empresas, que merece un tratamiento separado que pondere el contexto de atraso cambiario, baja competitividad y actividad estancada.

¿Qué más puede hacerse desde la alternativa gradualista? Mucho más. Llevar adelante un shock de inversión en el transporte público y la energía orientado a mejorar la calidad del servicio, adoptar medidas de eficiencia y ahorro energético para mitigar el ajuste sobre los consumidores y una intensa acción comunicacional, orientada a transmitir a la población la necesidad de reducir en forma progresiva los inequitativos y excesivos subsidios.

En todo caso, una de las virtudes del trabajo de Cippec es que permite estimar beneficios, costos y riesgos del ajuste de preferencia.

Otra de sus virtudes, a nuestro juicio, es que, al dimensionar el ahorro fiscal de un paquete realista, elude el facilismo de sobredimensionar las virtudes fiscales del ajuste tarifario, marca los potenciales riesgos sociales y enfatiza que del déficit se sale, fundamentalmente, recuperando el crecimiento económico.

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