Visita a Comodoro Py para pedir que la Cámara Federal anule su procesamiento
Moreno defendió las multas que les impuso a las consultoras que medían la inflación
El de ayer fue un día complicado desde temprano para Guillermo Moreno. Antes de las 10, ya estaba en los tribunales de Comodoro Py para tratar de convencer a los jueces de la Cámara Federal de que anularan los avances de la causa donde está procesado por el delito de abuso de autoridad.
Moreno está acusado de haber multado, con el solo fin de "silenciarlas", a consultoras privadas que medían la inflación.
Llegó puntual, acompañado por su abogado, Alejandro Rúa, y a las 10.30 empezó la audiencia, que duró más de una hora. Frente a los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, primero su abogado y después el propio Moreno, sostuvieron que el procesamiento debía anularse y que Claudio Bonadio, el juez de la causa, tenía que ser apartado de la investigación. Moreno estuvo muy serio y mantuvo durante toda la audiencia un tono tranquilo, relataron fuentes judiciales. El argumento central de su defensa fue que existía una causa anterior por hechos similares que ya había sido archivada por otro juez, Julián Ercolini.
Pero Moreno dedicó casi toda su exposición a cuestionar a las consultoras, a las que acusó de haber actuado en connivencia "con el sistema financiero internacional y los bancos locales" para "azuzar el tema" de los aumentos y lograr ganancias con los bonos de deuda.
También estuvieron presentes los otros dos funcionarios procesados en esta causa, Fernando Carro (director de Comercio Interior) y Adalberto Rotella (director de Lealtad Comercial), que buscaron convencer a los camaristas de que habían hecho una tarea técnica que no abandonó los carriles habituales.
Este expediente fue iniciado en 2011 por Jorge Todesca, ex viceministro de Economía del duhaldismo y presidente de Finsoport, una de las doce consultoras multadas por Moreno. Hace dos meses, Bonadio consideró probada la denuncia y Moreno recibió el primer procesamiento en su contra.
Pero el juez no sólo lo procesó, le atribuyó un "relato oficial" en materia de precios, le recriminó "su discrecionalidad" y le adjudicó una intención "sistemática y persistente" de "controlar la publicación de los índices". Además dijo que Moreno pretendió "disciplinar" a las consultoras y afirmó que sobraban elementos para identificar en él la "intención maliciosa de violar la ley". La historia que dio origen a esta causa comenzó en 2011, cuando Moreno acusó a doce consultoras por la presunta violación de la ley de lealtad comercial, sancionada en 1983 por la dictadura.
El argumento fue entonces que intentaban engañar a la población con índices de precios inexactos, y que ya habían logrado que disminuyera el consumo de determinados productos. La multa que les fijó fue la máxima: 500.000 pesos.
El futuro de este expediente, el más avanzado de los que se tramitan contra Moreno, depende ahora de la Cámara Federal, que planea tener una definición antes de fin de año.
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