Absurdas contradicciones

En la larguísima lucha contra las restricciones a la importación de nuestros productos agrícolas impuestas por la Comunidad Europea, y cuya injusticia denunciamos con reiteración, se nos contestaba en el pasado que no era coherente que pidiéramos el levantamiento de aquellas que protegían a los agricultores, especialmente franceses, y al mismo tiempo graváramos nuestras exportaciones de granos con fuertes retenciones a los derechos de exportación. Debemos reconocer que ha sido de la otra parte un argumento tan fuerte como es insólito ese tipo de gravamen, que solo se aplica en cuatro países del mundo entre una constelación de más de 200.

A corto plazo, las retenciones desalientan el aumento de la producción exportable, y los saldos comienzan a disminuir. Es que, si por efecto de aquellas, los productores reciben el valor de las mercaderías exportables a un dólar de $40, y pagan insumos cotizados en dólares a un valor oficial de $62, lo natural es que se vaya produciendo un desfase en perjuicio de la producción. Si además consideramos que lentamente la cotización de los insumos agropecuarios por su origen importado comienza a aproximarse al valor del dólar real, advertimos que la brecha se va ampliando en contra de la producción nacional. De una forma u otra, los $62 por unidad de moneda norteamericana comienzan a deslizarse hacia los $77 del dólar real.

No debe extrañar que comience a retacearse así el uso de fertilizantes y agroquímicos, y a dejarse de sembrar en zonas que no aseguran la cosecha si previamente no se aplican, sí o sí, muchos de estos insumos. La consecuencia inevitable será que la producción se retraiga, y con ello, disminuyan los saldos exportables; consecuentemente, caerán los ingresos en dólares. Se trata de divisas que el país necesita imperiosamente.

Hay zonas donde el rinde de las cosechas no alcanza lo que se da en llamar rinde de indiferencia si se prescinde de medidas compensatorias que alienten las labores agrícolas: nadie trabaja bajo la certidumbre de que irá a pérdida por asumir riesgos sin posibilidad de neutralizar gastos en exceso.

Urge establecer en el espacio público un grado de razonable coherencia con el patético apremio de la economía nacional por contar con la mayor suma posible de dólares de exportación. Así lo informa la necesidad de pagar las deudas contraídas por el país. Si el honor del Estado argentino ya no cuenta como sucedía en la época de Nicolás Avellaneda, ahora nuestra condición de incumplidores seriales fuerza más que nunca a respetar reglas de juego elementales y a prescindir de cínicas y abstractas moralinas. Hay que fomentar las exportaciones y asegurar así rentabilidad al productor agropecuario y a todo potencial exportador en una disciplina que, como la de las actividades del campo, tiene bastante de aleatoria en los resultados con solo los vaivenes propios de la naturaleza.

A más de dos meses de asunción del nuevo gobierno, el ministro de Agricultura y Ganadería ha dejado sin contestar los requerimientos de diálogo de la mesa que agrupa a las entidades del sector. Es indispensable sembrar, desgravar inversiones en maquinarias, permitir deducciones del costo de los insumos y, sobre todo, reducir los derechos de exportación hasta su eliminación final.

Es irrazonable incurrir en la contradicción de pretender obtener dólares y a la vez castigar a la principal fuente capaz de generarlos, el campo.

La experiencia del gobierno anterior fue positiva, pues a pesar de promesas incumplidas el solo anuncio de reducciones graduales en los derechos de exportación logró récords en la producción agrícola. Nadie duda de que el endeudamiento público contraído no ha sido beneficioso para el país y de que deben impulsarse las gestiones hechas con seriedad para resolver el grave problema. Una de las vías principales, de carácter fundamental, es producir y exportar más. Hay que hacérselo saber sin hipocresías a la parte de la sociedad que lo ignore.