Alberto Fernández y los recortes a las arcas porteñas

Urge abandonar la discrecionalidad restableciendo responsabilidades para que cada distrito gaste lo que recauda, con austeridad y eficiencia
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18 de octubre de 2019  

El sorpresivo anuncio del candidato a presidente del Frente de Todos respecto de que analiza reducir recursos de la ciudad de Buenos Aires en favor de las provincias para el caso de que llegue a ganar la presidencia en los próximos comicios es al menos apresurado.

Podría decirse, sin temor a cometer un error, que es también demagógico por cuanto antes de lanzar una propuesta en ese sentido, con el fin de asegurarse un eventual mayor apoyo político a su candidatura de parte de los gobernadores, urge estudiar a fondo el desastre que implica hoy el marcado desequilibrio en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, el abusivo gasto público en distritos que permanentemente reclaman asistencia federal y la licuación de las remesas nacionales en beneficio de esas provincias deudoras.

Todo ello tiene estrecha vinculación con una deuda legal sumamente añeja e inexplicable. Durante la reforma de la Constitución nacional, en 1994, los convencionales reformadores dispusieron que el país debía darse una nueva ley de coparticipación federal de impuestos para antes de que concluyera 1996. Y la realidad da sobradas muestras de que no se ha avanzado ni un paso firme en esa dirección.

Por el contrario, se crearon y aumentaron impuestos no coparticipables haciendo crecer la porción de torta reservada a la Nación. El uso discrecional de esos fondos se transformó en una constante entre los sucesivos titulares de los poderes ejecutivos nacionales, que decidieron utilizar esas partidas de manera discrecional, como modo de sometimiento político de los distritos. El caso más extremo se verificó durante los gobiernos kirchneristas, líderes de esa deformada situación que bien puede denominarse unitarismo fiscal.

Es necesario reestablecer responsabilidades: que cada uno gaste lo que recauda y que los ciudadanos puedan ejercer un contralor directo y eficiente de dónde van esos fondos. Las políticas de clientelismo y el gasto improductivo llevaron inexorablemente a la profundización del déficit fiscal argentino.

Si no hay correspondencia fiscal, se seguirá alentando el uso de la billetera "ajena" de los fondos nacionales y ese no es el camino.

Tampoco es el camino usar la campaña electoral para intentar dar señales de federalismo anunciando recortes injustificados de fondos a la ciudad de Buenos Aires. "Para desgracia de los porteños, soy el más federal de los porteños", ha dicho el candidato opositor Alberto Fernández, al frente de la propuesta para rebanar partidas al distrito en favor de las provincias.

¿Acaso desconoce el candidato kirchnerista que el aumento de recursos a la ciudad, cuyo porcentaje pasó del 1,4 al 3,75 del total en 2016, fue para solventar gastos como el traspaso de la policía desde la órbita nacional? ¿Acaso piensa, como lo hacía su exjefa y ahora segunda en la fórmula que él encabeza, Cristina Kirchner, que no debió haberse pasado ese servicio con sus correspondientes partidas dinerarias a la ciudad? ¿Entiende tal vez como muchos de los que sancionaron una autonomía restringida para la ciudad de Buenos Aires, que esta debe tener un estatus menor al del resto de los distritos del país? ¿Cómo piensa que se podrá cumplir con el traspaso de lo que resta de la Justicia al ámbito porteño? ¿Ignora el candidato que en abril de 2018 ya fue reducido aquel porcentaje, de 3,75 a 3,5, en cuplimiento del Consenso Fiscal firmado en 2017 entre la Nación y 22 de las 23 provincias? ¿No le han dicho que también como consecuencia del último pacto fiscal la Nación transfirió a la ciudad parte del costo de los subsidios del transporte y la energía eléctrica? ¿Como porteño, no sabe que la Capital es el distrito que mayor porcentaje de recursos de recaudación propia vuelca a hacer frente a sus gastos?

Da la sensación de que la urgencia de la campaña lleva a Fernández a simplificar temas sumamente ríspidos y delicados que hacen a una parte del país federal con el que dice querer contar.

¿Seguirá pensando el candidato que la Nación debe seguir funcionando como prestamista de última instancia de las administraciones provinciales para subsanar los rojos fiscales que estas no pueden tapar por su impericia en el manejo de dineros públicos?

Hasta el momento, muchos mandatarios provinciales han demostrado sentirse más cómodos con los repartos discrecionales y con la práctica de influencias que con una reforma que los obligue a practicar austeridad y demostrar eficiencia. Por allí debe comenzar el sinceramiento que dé lugar a un debate serio con perspectivas de llegar a buen puerto.

Sería deseable que todos los candidatos -gane quien gane los próximos comicios- avancen desde ahora en un compromiso político para instar al Congreso a sancionar de una vez una nueva ley que establezca criterios de distribución equitativa y solidaria, cuya aplicación se verifique en mayor desarrollo, igualdad de oportunidades y calidad de vida en todo el territorio de la Nación.

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