Alumnos, padres y docentes, rehenes de otro paro politizado

Negro sobre blanco. El conflicto que ayer dejó a miles de alumnos sin clases en varios distritos fue resumido en un párrafo por la madre de un alumno bonaerense: "No es justo que dejen a nuestros hijos sin ir a la escuela. A mí tampoco me alcanza [la plata]. A mis hijos no les alcanza. Es una pelea con el Gobierno, no con nosotros".

Para las autoridades, el paro de ayer tuvo un acatamiento de alrededor del 30%. Para algunos gremios, de entre el 70 y el 90%. Ciertamente, la adhesión a la huelga fue muy dispar. Hubo muchos alumnos que se enteraron de que no podrían empezar el año lectivo al encontrar su escuela cerrada. Otros pudieron tener clases, pero dependiendo del curso: hubo maestros que adhirieron y otros que no en un mismo establecimiento. Y también se dio el hecho de que muchos maestros que quisieron trabajar no pudieron hacerlo porque se les impidió el ingreso.

Se lo mire por donde se lo mire, un paro educativo es siempre un fracaso. Quien diga que una huelga de ese tipo es exitosa está faltando a la verdad. No se puede hablar de triunfo cuando lo que hay es menos días de estudio, incumplimiento del calendario obligatorio de jornadas de clases anuales y un resentimiento en la calidad educativa.

En la provincia de Buenos Aires, las casi 10.000 escuelas públicas -en su mayor parte, de jardín de infantes y nivel primario- solo podrán comenzar con normalidad el actual ciclo lectivo el lunes próximo, ya que el paro en ese distrito fue dispuesto por 72 horas. Tres días sin clases al comienzo del año escolar.

El núcleo duro de sindicalistas bonaerenses, cuya cara más visible es el titular de Suteba, Roberto Baradel, rechazó el ofrecimiento gubernamental de un aumento salarial igual a la inflación más un 5% adicional, en el caso de la paritaria 2019, una recomposición que envidiarían no pocos trabajadores de otras actividades.

Baradel, cuya participación en actos de campaña kirchnerista viene en franco crecimiento y a quien este tipo de demostraciones de fuerza gremial podrían servirle para su proyección política, dijo ayer una frase que, como la de la madre citada al comienzo de esta opinión editorial, pone las cosas negro sobre blanco. Sostuvo el sindicalista: "Hoy [por ayer] no hay clases hasta en las provincias que acordaron con el Gobierno". Es decir, no importa si hay acuerdo o no. La consigna es parar y tomar de rehenes a alumnos, padres y maestros, anteponiendo cuestiones políticas e ideológicas a cualquier solución de demandas laborales.

Solo en la provincia de Buenos Aires, en 2018 hubo 29 días de paro docente. Si se tiene en cuenta que el actual es un año electoral, el pronóstico no es para nada alentador.

Mientras se desarrollaba la huelga en las escuelas, en la ciudad de Buenos Aires una movilización convocada por variados gremios provocaba innumerables inconvenientes. Los manifestantes se concentraron en distintos puntos del centro porteño y marcharon por la avenida 9 de Julio a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y a la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central. Casi al mismo tiempo, Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Frente Patria Grande, decía por radio: "Es inevitable un conflicto social en la calle [...] Hay un plan de lucha para los próximos meses. La mayor contención es la esperanza de que vuelva Cristina".

Más allá de lo atendible de algunos reclamos salariales y de lo atendible también de los distintos ofrecimientos gubernamentales en estos momentos de dificultades económicas, se vislumbra una presión política y electoral tendiente a relegar cualquier acuerdo que busque un punto de partida para seguir negociando, pero con los maestros dando clases y con los chicos educándose.

Nuestro país se debe un profundo debate educativo que va mucho más allá de los salarios. Pero para plantear una discusión seria debe haber dos o más partes dispuestas a debatir. No a romper lanzas ante las primeras diferencias.