Ante otro caso de censura indirecta

Días atrás, nueve periodistas argentinos de reconocido prestigio se presentaron ante la Justicia para tratar de evitar que el gobierno nacional los censure.

Existen variadas formas de censura. La más conocida es la censura directa , que consiste lisa y llanamente en impedir la expresión, mediante orden de no publicar una nota periodística o de no emitir un programa de televisión. Pero existen también formas más sutiles y encubiertas de censura, aunque igualmente dañinas, que persiguen el mismo objetivo: inhibir la expresión. Tal es el caso del mecanismo de intimidación que busca asustar para silenciar, pues empuja a la autocensura. Ejemplos de este tipo de censura indirecta son las denuncias penales interpuestas contra periodistas por sus trabajos de investigación, al igual que las amenazas y las humillaciones públicas cuando sus opiniones o críticas "molestan" al punto de forzarlos también a perder sus espacios de aire radial o televisivo.

Magdalena Ruiz Guiñazú , Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, Nelson Castro , Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco, Julio Blanck, Jorge Lanata y Eduardo van der Kooy tienen opiniones, estilos y puntos de vista diferentes al ejercer su profesión, pero también algo en común, pues trabajan en Radio Mitre o en la señal de cable Todo Noticias, ambas pertenecientes al Grupo Clarín . Esta sola condición en las actuales circunstancias hace que teman ser silenciados y, por ello, interpusieron una acción de amparo contra la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que, al aplicar la ley de medios, rechazó la adecuación voluntaria presentada por el Grupo Clarín y ordenó iniciar el procedimiento de transferencia de oficio de sus licencias. En la práctica, esto implica tasar y rematar dichas licencias para lograr el objetivo gubernamental perseguido desde hace tiempo: desguazar al Grupo Clarín.

Los mencionados periodistas defienden el derecho a seguir ejerciendo su profesión en los mismos medios y señales en los que hasta hoy se desempeñan con autonomía y libertad. Tienen derecho a hacerlo porque la resolución estatal que amenaza la subsistencia del medio donde trabajan es absolutamente arbitraria e ilegal, además de haber sido dispuesta por un órgano claramente no independiente, que sólo busca satisfacer un nuevo capricho del Poder Ejecutivo. Esta acción protege, además, un derecho que pretende soslayarse como es el del público que compone su audiencia a recibir informaciones, opiniones e ideas a través de los profesionales del periodismo que elija.

Una vez llevada a cabo la pretendida adecuación de oficio, estos prestigiosos periodistas ya no tendrían la misma posibilidad de expresarse con la libertad que hoy lo hacen. Existe un fundado temor de que si las licencias pasan a manos de empresarios afines al Gobierno se les rescindirían los contratos o se los hostigaría de tal manera que se verían forzados a renunciar. Basta recordar, y sobran los ejemplos, las veces que se echó, sin miramientos ni justa causa, a periodistas críticos cuando un medio de comunicación fue adquirido por un grupo empresarial alineado con el gobierno kirchnerista. Así como los numerosos casos en que, por orden directa de algún alto funcionario, se sacó del aire a quien había osado criticarlo.

Además, y más allá de que la resolución gubernamental cuestionada sea arbitraria e ilegal, los periodistas consideran que ella viene a coronar una sistemática política oficial dirigida a acallar todas las voces críticas hacia el Gobierno. En estos años de administración kirchnerista, la lista de maniobras a las que apeló el poder político para silenciar a los medios no complacientes es larga: agresiones e intimidaciones verbales, parodias de juicios públicos, campañas verdaderamente denigrantes como fue "escupe tu bronca", el bloqueo a la circulación de diarios y revistas, el cepo publicitario que durante un año prohibió a cadenas de supermercados y electrodomésticos anunciar en medios no afines al oficialismo y la persecución a través de organismos estatales, tales como la AFIP , la Secretaría de Comercio Interior, la UIF y la Sigen. Un párrafo aparte merece la vergonzosa utilización de la distribución de la publicidad oficial como herramienta para castigar o premiar según la adhesión o no a la política gubernamental, que continúa hasta hoy.

En la acción iniciada se han invocado varios precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se tuteló el derecho a la libertad de expresión de los comunicadores sociales. El caso más paradigmático es el de "Ríos vs. Venezuela", del 28 de enero de 2009, mediante el cual un grupo de periodistas sostenía que el cierre del canal RCTV para el que trabajaban constituía la "concreción de las amenazas" que habían tenido lugar desde fines de 2006, debido a la línea independiente del medio. Consideraban también que el gobierno chavista los hostigaba y perseguía acusándolos de "perversos, mentirosos, inmorales, golpistas, fascistas y terroristas". Por haber concertado, "una acción contra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo, las leyes y la República", la Corte Interamericana entendió que se estaba frente a un supuesto de censura por medios indirectos y les dio la razón.

La analogía de lo planteado con lo ocurrido en este caso es palmaria. Aquí también se ha tildado a los medios y profesionales que trabajan en ellos de "destituyentes", "golpistas", "integrantes de la cadena del desánimo", "cloacas", "marmotas", por sólo mencionar algunos epítetos utilizados en medio de una constante catarata de insultos y descalificaciones persecutorios.

Es deber de la Justicia defender y tutelar la libertad de expresión contra toda forma de censura a fin de garantizar que los periodistas puedan ejercer libremente y sin temores su función. Debe también amparar el derecho del ciudadano a decidir a quién ve y escucha, dentro de un amplio abanico de posibilidades que asegure el pluralismo y el acceso a diversas fuentes.