Arbitrario paro de colectivos

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26 de agosto de 2001  

El compulsivo recurso del paro sorpresivo fue el utilizado por los afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para protestar, de acuerdo con lo manifestado por sus representantes, por la dureza con la cual, el jueves último, fueron desalojados de la Plaza de Mayo por efectivos de la Policía Federal.

Durante seis horas, desde la media tarde hasta la media noche de esa jornada, la ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano se vieron privados, casi por completo, de colectivos y subterráneos. Los responsables de la corporativa medida de fuerza ni siquiera se compadecieron de los muchísimos usuarios que quedaron imposibilitados de llegar a sus domicilios en lapsos razonables, y tampoco repararon en la completa falta de legitimidad de la reclamación que dio origen a la intervención policial.

Las razones que movilizaron a la caravana de vehículos que pretendió llegar hasta el Palacio de Hacienda, con la intención de entregar un petitorio en la secretaría de su ramo, son conocidas: de manera esencial, se basan en la aversión del sector hacia cualquier clase de competencia que, al amparo de la libertad de comercio, pueda amenazar su injusto dominio monopólico del transporte público de pasajeros. De acuerdo con los conductores de los colectivos -que coinciden con los empresarios de esa modalidad-, han sido y son perjudicados por el funcionamiento de los denominados charters, que en los últimos tiempos han agregado una nueva e importante alternativa para muchos pasajeros, sobre todo los que residen en el Gran Buenos Aires.

Las barreras policiales no fueron obstáculo para que los gremialistas se trenzaran en un irracional enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que incluyó apedreamientos, lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de proyectiles de goma, con el lamentable saldo de agentes del orden y manifestantes heridos y mutuas acusaciones de haber comenzado la descomunal gresca. En este último sentido, es sin duda positivo que el jefe de la Policía Federal, comisario general Santos, haya anticipado que se habrá de determinar en forma fehaciente si la represión fue en algún momento excesiva.

El arbitrario paro de las líneas de colectivos, al cual también se adhirieron los trabajadores de los servicios de subterráneos en injustificable actitud de solidaridad sindical, causó un grave perjuicio a la población. Ajeno en absoluto a las causas del conflicto, el público debió soportar extensas demoras. Las expresivas quejas suscitadas por tan irritante situación demostraron hasta qué punto era falsa o infundada la afirmación de los huelguistas en el sentido de que contaban con el apoyo y la comprensión de quienes, a esas horas en que la demanda de transporte es masiva, tuvieron que afrontar fatigosas caminatas u onerosos desembolsos para poder disponer de medios de movilidad alternativos.

Pretender oponerse a la desregulación de los servicios que durante muchas décadas pudieron mantener clientelas cautivas merced a la preservación a rajatabla de sus privilegios corporativos equivale a navegar contra la corriente o, mejor dicho, a hacer oídos sordos a las crecientes preferencias de la demanda. Los pequeños y utilitarios charters -correctamente habilitados, como lo han señalado sus propietarios- prestan servicios cómodos y eficientes, que les han valido ir ganando el favor de vastos sectores de usuarios cotidianos, quienes han ejercido su legítimo derecho de optar por el servicio que más los satisface.

Aparentemente, la suspensión de las prestaciones de los colectivos y de los subtes habría sido la respuesta al rigor policial. No obstante, salta a la vista que una vez más, como ya es costumbre, por medio del inadmisible recurso de la coacción, se ha pretendido lograr el mantenimiento de obsoletas y caducas prerrogativas, francamente reñidas con los modernos criterios de competitividad.

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