Atención médica a extranjeros: zanjar una vieja discusión

No constituye xenofobia la búsqueda de mecanismos de compensación que establezcan un tratamiento de reciprocidad a un lado y otro de la frontera
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8 de marzo de 2019  

Un nuevo hecho vinculado con la atención sanitaria que nuestro país garantiza a ciudadanos extranjeros ha vuelto a poner en debate una discusión nunca zanjada. Ocurrió al conocerse la carta enviada a nuestras autoridades por el gobierno de Bolivia, por la que Evo Morales rechazó un reclamo de la administración de Mauricio Macri para que los argentinos que viajen o vivan en aquel país puedan atenderse gratuitamente en sus hospitales del mismo modo en que nuestros vecinos bolivianos lo hacen en centros de salud de la Argentina.

Más allá de que pocas semanas después, autoridades jujeñas del área de Salud se reunieron con sus pares en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra para comenzar a dar los primeros pasos tendientes a lograr reciprocidad en esas prestaciones entre ambas regiones, la pregunta aún sin respuesta es si se debe instrumentar un sistema nacional en el mismo sentido por medio del cual se establezcan pautas claras respecto de la atención de ciudadanos a un lado y otro de las fronteras.

Diversos acuerdos regionales han visto la luz a lo largo de los años, pero son los menos. Cada vez que se reinstaura esta polémica surgen voces que la tiñen de xenófoba. Nada más alejado de la realidad que esa consideración. Se trata de repensar un sistema que equivocadamente se describe como totalmente gratuito, cuando lo único gratuito es el acceso. Siempre alguien debe pagar por la atención de los pacientes, sus seguimientos, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos de rehabilitación, entre otras tantas prestaciones. Y ese alguien es el Estado, sostenido por las contribuciones de todos los ciudadanos.

Que nuestro país reclame reciprocidad de otras naciones no constituye un planteo errado. Por el contrario, en las últimas semanas hemos conocido varios casos de argentinos que se enfermaron estando en el exterior y que al no contar con un seguro especial de cobertura de salud o al exceder los costos el monto asegurado, deben pagar de su bolsillo -y no siempre se cuenta con ese dinero- la atención médica que se les suministra en hospitales públicos de otras naciones.

Tras lo ocurrido en Jujuy, funcionarios de primera línea del gobierno nacional aseguraron que avalan el cobro de la atención médica a extranjeros. Y destacaron que corresponde al Congreso legislar al respecto.

En conceptos del canciller Jorge Faurie, "ha llegado el momento apropiado para que la sociedad argentina, a través del Parlamento, discuta cómo encarar el tema de esa atención médica, que tenga en cuenta primero la de nuestros nacionales y cómo podemos llegar a un mecanismo de asistencia recíproca con cada uno de los países". Faurie explicó que este tema ya fue planteado en diversas oportunidades a los gobiernos de Chile, Uruguay y Paraguay.

Esta discusión es de viejísima data, pero adquiere mayor importancia en momentos en que el sistema público de salud se encuentra saturado y la economía de nuestro país pasa por enormes dificultades.

No se trata simplemente de aumentar el gasto en salud. Hay numerosos estudios que confirman que no siempre un mayor presupuesto es sinónimo de calidad. Hay que estudiar muy bien cómo se ejecuta ese presupuesto, cuáles son sus objetivos y cuál su grado de cumplimiento.

Lamentablemente, no hay estadísticas globales sobre la cantidad de extranjeros que se atienden en nuestros centros sanitarios. Cada localidad, cada provincia lleva sus propios números, los que varían año tras año.

Lo que sí hay es una marcada tendencia a subestimar esa problemática. Hace dos años, en oportunidad de reunirse el Consejo Federal de Salud (Cofesa) en Jujuy, quien entonces era ministro del área, Jorge Lemus, fue muy claro al señalar que esa atención indiscriminada y sin contraprestaciones importa para el país una carga económica muy importante. Decía Lemus: "Existe un flujo de pacientes que no vienen a residir, sino que llegan al país sencillamente a atenderse. Solamente en trasplantes para extranjeros, la Argentina puede llegar a erogar 1000 millones de pesos por año".

A eso hay que sumar los llamados "tours médicos", una actividad más comercial que sanitaria, explotada por particulares o grupos de personas que ofrecen a ciudadanos de otros países atenderse en nuestros hospitales sin pagar un peso, salvo los vinculados con traslados, manutención, hospedaje y demás gastos derivados de los días que dure cada estadía en la Argentina.

En otras oportunidades, muchos extranjeros cuyos tratamientos también se realizan en sus países pero de forma arancelada, vienen al nuestro para obtenerlos de manera gratuita. Entre esas prestaciones, figuran numerosas cirugías estéticas, prácticas odontológicas y partos, ya sea naturales o por cesárea.

Existe una tensión evidente entre quienes ponderan el deber hipocrático (atender a todo paciente que lo necesite sin importar los costos) por sobre el principio de justicia (cómo ha de distribuirse la riqueza que genera un país: si entre sus ciudadanos o a manos abiertas).

Cuando los recursos son escasos y las prestaciones numerosas o de alto costo, se plantea una disyuntiva extra: bajar el nivel de atención (esperas, turnos, cantidad de procedimientos terapéuticos, suministro de medicación) para todos los pacientes que lo demandan, sean nacionales o extranjeros, o privilegiar los requerimientos de los primeros, que son quienes sostienen con sus impuestos al Estado proveedor de dichas prácticas.

Son numerosísimos los casos de mujeres de otros países que vienen exclusivamente a tener a sus hijos en nuestros hospitales, muy probablemente porque en sus lugares de origen esas prácticas se encuentran aranceladas o porque, también hay que decirlo, se sienten seguras con el profesionalismo de nuestros equipos médicos, paramédicos y técnicos.

Si nuestros hospitales pudieran recuperar esos costos como producto de acuerdos de reciprocidad con otros Estados, la cuestión sería muy distinta. No se trata de conculcar derechos, como muchas veces se lo quiere hacer ver, pues lo que está en discusión no es la atención de emergencia, sino las prácticas programadas.

Nuestra Constitución garantiza para los extranjeros el mismo trato que para quienes han nacido en nuestro suelo. Reclamar un recupero o mecanismo de compensación en esta materia es necesario para poder seguir manteniendo el sistema en beneficio de todos.

Es hora de involucrarnos de manera seria y decidida en este tipo de economía tan sensible como prioritaria: la de la salud.

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