Banco Provincia: privilegios irritantes

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25 de agosto de 2001  

Durante los últimos años fue un secreto a voces que la situación patrimonial del Banco de la Provincia de Buenos Aires era delicada y podía comprometer su solvencia y su estabilidad dentro del sistema bancario nacional. El problema tuvo su origen en gestiones deficientes y descuidadas, que posibilitaron el otorgamiento de créditos -por sumas millonarias- sin las garantías ni los análisis de riesgo correspondientes.

En efecto, el pasivo de la entidad provincial alcanzó los 2400 millones de pesos y estaba integrado por las deudas de decenas de empresas con altísimos niveles de incobrabilidad, lo que hacía casi imposible su operatoria dentro de los parámetros de liquidez establecidos por el Banco Central de la República Argentina.

Entre las empresas favorecidas, además de Curtiembres Yoma SA, se destaca la constructora Gualtieri SA, cuyo titular, Victorio Américo Gualtieri, mantuvo una estrecha vinculación con el ex ministro de Economía Roque Fernández y con la administración del ex gobernador Eduardo Duhalde, circunstancia que le permitió llevar a efecto numerosas obras públicas.

Una de esas obras, ejecutada en la Municipalidad de General San Martín, provincia de Buenos Aires, dio lugar a una causa judicial en la que se encuentran comprometidos dos ex intendentes y miembros del actual Concejo Deliberante -en un número no inferior a dos tercios del total-, todos ellos acusados de fraude y abuso de autoridad por haber aprobado de manera irregular una renegociación del municipio con la empresa del mencionado empresario Gualtieri, en la que se fijaron tasas de interés descomunales, que hicieron crecer la deuda de 11 a 31 millones de pesos.

En 1999, Gualtieri SA le adeudaba a la institución crediticia provincial la suma de 69.300.000 pesos y, a pesar de sus reiterados incumplimientos en las obligaciones asumidas, las autoridades bancarias continuaron -inexplicablemente- brindándole asistencia crediticia, hasta llegar al monto actual de endeudamiento de 105.739.524 pesos.

Con la finalidad de sanear la comprometida situación del banco, el gobernador Carlos Ruckauf dispuso comprar la deuda y transferírsela a la provincia de Buenos Aires. A tal fin solicitó autorización a la Legislatura bonaerense para emitir un bono especial garantizado con los fondos provenientes de la coparticipación nacional y la creación de un fondo fiduciario encargado de renegociar y cobrar las deudas, propuestas que fueron aprobadas.

La solución impuesta por el mandatario provincial y convalidada por los legisladores acarrea, al menos, dos graves consecuencias. En primer lugar, constituye un peligroso antecedente que deja abierta la posibilidad de volver a recurrir a este cuestionado y dudoso procedimiento ante nuevos desvíos de las normas crediticias en que pudieren incurrir las autoridades del banco provincial, quienes tendrían así una poderosa herramienta, que podría ser utilizada en cuestiones de conveniencia personal, de amistad o políticas.

En segundo término, ninguna otra entidad bancaria tiene a su alcance la posibilidad de sanear su cartera de deudores mediante un procedimiento de ese tipo. Se trata, en consecuencia, de una situación de privilegio, que podría dar lugar a una competencia desleal frente al resto de los bancos, que ante incumplimientos como los aquí planteados son pasibles de graves sanciones por parte del Banco Central de la República Argentina.

Resulta incomprensible que, frente a las dificultades económicas que padece la jurisdicción bonaerense, obligada últimamente a postergar el pago de los salarios de la administración, de las sumas debidas a los proveedores y de otras obligaciones, se haya agravado la situación financiera de la provincia mediante la incorporación de deudas que no generó y que no le correspondía asumir.

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