Caza de brujas

En momentos en que la Justicia avanza en la investigación de múltiples casos de corrupción de funcionarios o ex funcionarios del gobierno nacional; cuando los medios de prensa han hecho público el llamado Caso Báez o el aumento patrimonial de supuestos servidores públicos como el subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, entre otros; cuando la población, medio en serio y medio en broma, ha adoptado expresiones como "pesar" el dinero de las coimas; "lavar en La Rosadita " y "dejar la bolsa con plata en el baño", el diputado Héctor Recalde, con el apoyo del bloque del Frente para La Victoria, ha presentado un proyecto de ley para la creación de una comisión bicameral tendiente a la identificación de los cómplices económicos del último régimen militar.

Este proyecto suena a anacronismo persecutorio, ya que se trata de un campo debidamente rastrillado desde el advenimiento de la democracia. En 1984, se creó la Comisión Investigadora de Ilícitos Económicos del Senado de la Nación para analizar el período 1976-1983, mientras que ese mismo año la Cámara de Diputados creó otra comisión para el caso Ítalo, que dispuso varios allanamientos con amplia cobertura periodística. En el año 2000, en la causa Olmos Gaona, el juez federal Jorge Ballesteros declaró la ilicitud de la deuda externa entre 1976 y 1983. Hasta existe un Museo itinerante de la deuda externa argentina, creado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 2006. En la actualidad, hay numerosos juicios que tramitan ante la Justicia Federal en casos de derechos humanos que involucran a compañías y a particulares por supuesta complicidad.

Parecería que este proyecto ha sido pensado para dar material periodístico a los medios afines, ya que, si fuese sancionado, la citada comisión bicameral tendría facultades para pedir información y, eventualmente, obtener órdenes de allanamiento para acceder a numerosísimas empresas, bancos, entidades civiles, estudios y domicilios privados, en shows mediáticos de transporte de cajas y computadoras que servirían para contrarrestar el impacto de las investigaciones periodísticas que comprometen al kirchnerismo.

"En ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad", reza el artículo 7º del proyecto. Quizás haya sido copiado de las normas que daban atribuciones a un siniestro instrumento del espionaje comunista, la Stasi, en Alemania Oriental.

El libro menciona a Ledesma, Ford, Acindar, Techint, Mercedes-Benz, Molinos y Papel Prensa; a la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a los grandes estudios de abogados, contadores y auditores; a los "grandes prestamistas internacionales" como el Citibank y el Lloyd's, que "colaboraron con el descomunal endeudamiento del país"; a think tanks como FIEL o CEMA; a sectores de la cúpula sindical y, como siempre, a los medios de prensa, como Clarín y LA NACION. Y hasta a IDEA, que ha hecho punta en el Foro de Convergencia Empresaria que reclama juridicidad y respecto por la libertad de expresión en el país.

En los fundamentos, esa iniciativa deja en claro que pretende establecer "la responsabilidad empresarial de los grandes grupos económicos del país, algunos nacionales y otros de capital extranjero" que "se beneficiaron directamente de las acciones militares, con la letra y con la sangre". Señala que una eventual condena podría extenderse a los "gerentes de recursos humanos o miembros del directorio". Cabe preguntarse, entre otras cosas, ¿cuál es el sentido de oportunidad de Recalde y del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que lo acompaña con su firma, para impulsar un proyecto semejante, justo cuando el Gobierno se moviliza, aunque muy tardíamente, para tomar deuda en el mercado internacional y atraer inversiones. Lo hacen en circunstancias en que la Presidenta de la Nación recomienda ver la película Cabaret para entender qué fue la Noche de los Cristales como comienzo de una caza de brujas en la Alemania de Hitler. ¿No hubiera sido, por lo menos, más original aunque de dudosa seriedad a estas alturas- procurar establecer la autoría de los crímenes cometidos por la subversión y de las delaciones y preparaciones que llevaron a esos crímenes y al enriquecimiento de jefes terroristas?

Todo legislador debería saber que las comisiones investigadoras, para estar revestidas de constitucionalidad, deben ser instrumentales, es decir, destinadas a reunir información para posibilitar el papel legisferante del Congreso. No para "elaborar un informe" que describa las consecuencias negativas, se supone de las "políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura" e incorporarlo en un nuevo "Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia". Tampoco tiene facultades para "identificar" a los actores económicos y técnicos que "contribuyeron y/o se beneficiaron con la dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza".

La sola mención de que la comisión formulará propuestas de "reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas" es completamente insuficiente para satisfacer las exigencias constitucionales del caso. El texto pretende dar carta blanca a la comisión para investigar a quien desee, sin ningún marco preciso de referencia en cuanto a los hechos que se pretenden esclarecer y a la legislación que se propone sancionar.

Es difícil tomarse en serio el proyecto de Recalde, si no fuera por las gravísimas implicancias que la mera presentación de éste tiene. Pero es por demás obvio que no existe tal cosa como una política económica "democrática" y otra "antidemocrática". Los argentinos recuerdan el "pan negro" de 1952, el sueldo en bonos 9 de Julio para "pasar el invierno" de 1962, el dramático Rodrigazo de 1975, las hiperinflaciones de 1989 y de 1990, el "corralito" de 2001 y la terrible crisis provocada por el default.

Los autores del proyecto pretenden ignorar que la Argentina tiene un problema estructural subyacente y que se manifiesta en forma periódica, con devaluaciones y ajustes.

Es de esperar que la temeraria creatividad del diputado Recalde no lo lleve a agregar en el campo de las investigaciones a las que pretende aplicarse a la Iglesia Católica. Los probables inspiradores de Recalde se atrevieron a denunciarla, con descaro bruscamente amainado desde el chasco que resultó para ellos la consagración del papa Francisco, basados sobre la sucia leyenda de haber recibido de la dictadura apoyos económicos, para sí y sus autoridades, a cambio de silencio.

Como podemos apreciar, nos hallamos ante una nueva caza de brujas.