Chile y la reforma constitucional

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19 de marzo de 2020  

Hasta el 18 de octubre pasado, para la mayoría de los observadores políticos Chile era claramente el país más estable y exitoso de nuestra región. Como una suerte de oasis de crecimiento, su economía se había abierto al mundo y modernizado eficazmente. Políticamente parecía no haber demasiados nubarrones en el horizonte. No obstante, inesperadamente, el anuncio de un aumento del 3,75% en el precio de los boletos del subterráneo de Santiago sirvió como detonante de duros reclamos ciudadanos , que, expandiéndose como reguero de pólvora, denunciaban todo tipo de males absurdamente atribuidos a la Carta Magna del país transandino, y derivaron en intensos y graves episodios de violencia y saqueos a supermercados e instalaciones públicas y privadas, con un saldo lamentable de 18 muertos .

Quienes siguen de cerca la evolución económico-social del país trasandino señalan que la simultaneidad y las características comunes de las bombas que estallaron a la misma hora y los desmanes callejeros en distintas ciudades chilenas sugieren que ellos fueron posiblemente originados con la participación de agentes que respondían al eje La Habana-Caracas.

La Carta Magna del país vecino se transformó de repente en blanco de críticas tan persistentes como infundadas en un país que, durante muchos años, cultivó políticas de Estado que ayudaron a incrementar la movilidad social y a disminuir la pobreza, mucho más que en el resto de los países de la región.

Frente a los reclamos populares, el presidente Sebastián Piñera promulgó una ley que convocó a un plebiscito, previsto para el 26 de abril. Este definirá la necesidad y el camino de la eventual reforma constitucional, abriendo una verdadera caja de Pandora, de la cual puede salir cualquier cosa. Lo hizo pese a que la actual Constitución, a la que se atribuye ser una suerte de causa principal de todas las desigualdades que afectan a la sociedad chilena, no consideraba expresamente la posibilidad de realizar un plebiscito.

El plebiscito contendrá tan solo dos preguntas. La primera es si cada ciudadano quiere o no reformar la Constitución. La segunda se refiere a qué tipo de órgano debería, en su caso, encargarse de la eventual reforma.

Mientras el eventual proceso de reforma constitucional se define, Chile vive un clima de fragilidad social, plagado de denuncias de todo tipo. Y la expansión del coronavirus -con más de 200 casos confirmados- ha puesto en serias dudas la realización del plebiscito en la fecha prevista. Tal vez sea una oportunidad para que los chilenos reflexionen sobre la real conveniencia de llevarlo a la práctica.

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